Con dolo, político y con un mensaje más de represión, calificaron el monto de la fianza de 542 mil pesos a los siete estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) acusados de terrorismo.
En rueda de prensa, anunciaron que esta cifra se tratará de disminuir por medio de un juicio de amparo, al tiempo de que se realizará una colecta para tratar de reunir el dinero, 77 mil 500 por cada uno.
Este miércoles fue impuesta la fianza a los estudiantes, justamente un día después de haberse reunido con integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Tendrán que pagar la cifra referida para que el juzgado quinto de distrito, otorgue un amparo para conocer si tienen una orden de aprehensión o presentación en contra y acceder a su averiguación previa.
“Salieron con la advertencia de que se portaran bien, pero no dieron oportunidad de ver ni al expediente en su contra”, señaló en rueda de prensa uno de los jóvenes.
Con esa fianza queda claro que el gobierno está utilizando a las instancias de justicia a su antojo, placer y beneficio, con la finalidad de cometer a la sociedad y a los jóvenes.
Señalaron que es probable que la fianza sea un mensaje de que seguirá el acoso hacia los jóvenes universitarios del gobierno estatal, por acudir a instancias internacionales como la CIDH.
A través de una cuenta bancaria y eventos entre la comunidad universitaria, el movimiento “Somos más que 7” buscará conseguir los recursos.
Miguel Ángel Rosas Burgess, académico universitario y padre de uno de los siete jóvenes perseguidos, Arafat Rosas Villegas, explicó que para no ser detenidos tienen cinco días para pagar la fianza, aunque no dio más detalle.
Además, consideró que la justicia federal está siendo mancuerna con el gobierno de Rafael Moreno Valle para perseguir a los jóvenes quienes han tenido que interrumpir sus estudios y actividades cotidianas.
Detalló que la justicia federal hasta una cuarta solicitud de juicio de amparo fue que les contestaron, al solicitar que dejaran de intervenir llamadas y utilizar drones para espiarnos.
Asimismo, pidieron por medio del amparo que las autoridades estatales dieran acceso a la averiguación previa y por último que se detuviera o informara de cualquier orden de aprehensión que existiera en contra de los jóvenes.
“Pero pues nos dicen en respuesta que debemos de pagar un monto de 77 mil 500 pesos para que los jóvenes tengan derecho a fianza y acceso a la justicia, un total de 542 mil 500 pesos”, detalló.
Por su parte, Carolina González, representante del Comité para la Liberación de Presos Políticos en Puebla, consideró que la medida es totalmente autoritaria.
“Con esta exigencia de una fianza se regresa a tiempos de represión de hace 47 años, como ocurrió en contra de los estudiantes en 1968”, dijo la joven.
“Es absurdo que para poder tener acceso te pidan un monto económico. Y es absurdo que para poderse defender tengan que pagar una cifra tan elevada”
Señaló Carolina González que solamente se aprecia que hay un mensaje directo a todos los jóvenes para que no se manifiesten y no se movilicen.
Este miércoles, Carlos Arafat Rosas y Juan Tepde Ixtacua publicaron un video en redes sociales donde denunciaban que a todos los jóvenes se les impuso una fianza de 542 mil 500 pesos con el objetivo de acceder a uno de los amparos interpuestos para evitar ser reprehendidos.

 
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La madrugada del 5 de junio, siete estudiantes universitarios fueron sacados de sus casas por elementos de la PGJ de Puebla, acusados de ser los causantes de atentados a edificios públicos, el 27 de marzo y 1 de junio.
Aunque estuvieron detenidos por varias horas, gracias a la presión social, incluida la misma Universidad Autónoma de Puebla (UAP), fueron liberados, aunque el proceso sigue.
La madrugada del lunes 1 de junio, fueron atacados con bombas molotov los edificios del INE, Secretaría de Economía y un paradero de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), causando daños menores.
El 27 de marzo anterior, el grupo anarquista y radical “Reacción Salvaje” habría cometido en Puebla un atentado contra las oficinas de la Junta Local Ejecutiva del INE, como parte de una campaña de "boicot" contra las elecciones.
Las detenciones provocaron una fuerte movilización universitaria durante este viernes 5 de junio, la que llegó incluso a tomar las oficinas de rectoría en Ciudad Universitaria (CU) de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), en exigencia de su libertad.
Ante la presión, finalmente alrededor de las dos de la mañana del sábado 6 de junio, un día antes de las elecciones federales, fueron liberados los siete estudiantes, aunque con la amenaza de que serían vigilados.