La diputada del Partido Verde Ecologista de México, Geraldine González propuso reducir la burocracia legislativa que evita que asuntos prioritarios pasen de manera directa, sin necesidad de ir a comisiones para su análisis y aprobación.
En entrevista señaló que en la última sesión presentó una iniciativa para ampliar la dispensa del trámite para evitar que se siga frenando el trabajo legislativo y no se cumpla con las metas.
Indicó “la importancia de nuestra función reside en el Congreso, emanan las bases que determinan la organización y atribuciones del Estado, así como los derechos y obligaciones de sus integrantes. La tarea de construir un marco jurídico solido nos obliga como legisladores a privilegiar el diálogo, a debatir y actuar con apertura, incentivar la participación ciudadana, consultar a la academia. En resumen, a agotar todos los esfuerzos a nuestro alcance para generar un orden legal que atienda a plenitud el interés social”
Aclaró que como representantes populares su principal ocupación debe ser la de legislar y llamó a atender dicha responsabilidad como prioridad y seguir construyendo, con trabajo, reglas claras que hagan posible el crecimiento económico, el desarrollo social, la procuración e impartición de justicia y sobretodo la convivencia y buen entendimiento entre los diferentes actores sociales, por ello la necesidad de eliminar obstáculos a iniciativas.
Señaló que si bien es cierto la dinámica pública y el funcionamiento administrativo les imponen casos de apremio que deben entenderse con celebridad, el proceso legislativo no debe comprometerse sino es para atender situaciones de verdadera urgencia en las que este tipo de por medio: el interés social, económico del Estado y de los Municipios, o cuando medie término legal.
Explicó que en lo que va de la presente legislatura se han aprobado 28 asuntos con dispensa de trámite, cifra que en la Quincuagésima Octava Legislatura Local alcanzó los 145 casos.
“Entre los temas aprobados bajo este supuesto encontramos: la organización legislativa; cuestiones de orden político y de representación consideradas, en su momento, como perjudiciales para los municipios y sus habitantes; disposiciones administrativas en materia ambiental; destino presupuestal de partidos políticos para la capacitación y liderazgo de la militancia; reconceptualización de tipos penales; solicitud de investigación de determinados actos o delitos; llamados para fortalecer y sumar acciones a determinadas campañas; y solicitudes para enaltecer los símbolos patrios; entre otros.”
Advirtió que estos temas que si bien revisten importancia, no ameritan un trámite urgente que justifique la despensa de trámite legislativo “más aún si consideramos que en muchos de estos casos, no ha ocurrido nada posterior a su aprobación.”
La diputada dijo que ante la necesidad de conservar el orden y evitar el abuso de una figura que debe utilizarse con responsabilidad y en casos excepcionales, por ello propuso la iniciativa a fin de privilegiar el estudio y construcción de la ley, pero sobre todo, de eliminar cualquier posibilidad de utilizar los vacíos legales para beneficiar algún interés que no sea el social:
Iniciativa de Decreto que adiciona un párrafo al artículo 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.
Artículo 69.- En caso de urgencia el Congreso podrá, por el voto de las dos terceras partes de los Diputados presentes, dispensar los trámites a que se refiere el artículo 64 de esta Constitución.
Dicha dispensa procederá en los casos de urgencia en que se comprometa el interés social, económico del Estado y de, los Municipios, así como cuando medie término legal.

Acelerar revisión de cuentas
En tanto, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Julián Peña Hidalgo propuso que para evitar que el retraso en la dictaminación de las cuentas públicas sea considerado como “garrote político”, presentó una reforma para establecer un periodo de 90 días como máximo para su resolución.
Señaló que actualmente no existe un tiempo establecido para que la Comisión Inspectora dictamine las cuentas públicas una vez que la Auditoría Superior del Estado (ASE) terminó el trabajo de fiscalización y le entregó el dictamen.


Consideró que esta indefinición se puede prestar para que la revisión de la documentación financiera de los presidentes municipales pudiera ser utilizada para presionarlos o condicionar su aprobación a cambio de ciertos apoyos.
“Hasta ahorita no hay un término, es decir, se presentan las cuentas públicas en la comisión y esta las tienen de manera indeterminada y eso lo convierte en un garrote político. Lo que se está proponiendo es poner un término de 90 días para que se pueda dictaminar y se pueda quitar esta función que tiene y que es prácticamente un garrote político para de alguna manera condicionar a los entes obligados entre ellos los presidentes municipales”.
Peña Hidalgo, expresó desconocer el número de cuentas públicas que se encuentran rezagadas en espera de ser avaladas por la Comisión Inspectora pero señaló que han pasado casi dos años del arranque de las actuales administraciones municipales pero no se ha dictaminado su primer año de gestión.