La Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) junto con la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) instalaron un candado definitivo para que ya no se entregue más información a detalle de los despidos al interior del gobierno del Estado.
En sesión pública, la comisionada de transparencia Gabriela Sierra, en su ponencia avaló que la información no fuera entregada, ya que se encuentra en programas de cómputo en la oficinas.
La dependencia estatal puso a disposición la entrega de la información a un ciudadano, lo que implica que tiene que acudir de manera personal a ver el expediente.
El recurso de revisión 193/SFA-20/2015 y su acumulado se interpuso por un ciudadano debido al cambio de la modalidad de entrega, lo que finalmente fue avalado.
La dependencia señaló que el expediente está en un programa con claves y es imposible enviarlo.
En la ponencia, Gabriela Sierra explicó que se acudió a las oficinas estatales, donde se comprobó lo dicho por la dependencia, por lo que ratificó la respuesta de negativa.
El argumento es que se solicitó desglosado el número de despedidos y así no se podía entregar, ya que no existe una estadística.
Por lo tanto no entregó desglosado el número de despedidos, a pesar de que en anteriores ocasiones ya había dado datos de cada una de las dependencias.
El ciudadano solicitó el número de Renuncias Voluntaria; Términos de Contrato; Jubilación o Pensión; Incapacidad Física o Mental; Fallecimiento; Cese ó Recisión Laboral; Inhabilitación y Término de Funciones de cada una de las dependencias estatales.
Todo del 1 de enero de 2015 al 11 de julio de 2015, todo desglosando y separando casos con bases sindical, confianza y contrato.
Sí había datos
Intolerancia Diario, que en anteriores ocasiones documentó por medio de la ley de acceso a la información, que hasta 2014 se despidieron más de 12 mil personas de las distintas dependencias y organismos descentralizados.
Fueron más de 2 años de espera para que las últimas 14 dependencias descentralizadas entregaran la cifra despedidos solicitada mediante la ley estatal de acceso a la información.
En junio del 2012 Intolerancia Diario emprendió mediante un ejercicio periodístico, el documentar la cifra real de personas que dejaron de trabajar de la noche a la mañana en oficinas gubernamentales.
Apenas a finales de noviembre de 2014, la última de las 62 instituciones públicas que conforman el gobierno de Puebla, entregó su información.
Ahora se sabe que  12 mil 79 personas fueron dadas de baja del 1 de febrero del 2011 a la misma fecha del 2014.
Las últimas cifras que ocultaban, señalan son que 1 mil 558 personas más que se suman a la lista de despedidos en toda la entidad, tan solo 878 de ellas trabajaban como policías auxiliares en la Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana y 237 empleados del ISSSTEP.
Fue así como se cerró el maratón de opacidad emprendido al solicitar la información donde solo se obtuvo de respuesta inmediata la burocracia, obstáculos y engaños de parte de las autoridades.
Las 31 dependencias descentralizadas como obstáculo pusieron la información a disposición en lugar de enviarla por medios electrónicos, como lo marca la ley.
Solo se pudieron  ir a recoger los datos a 15 oficinas ubicadas en la ciudad de Puebla, pero fue imposible en las 16 restantes al encontrarse en distintos municipios del estado, por lo que se interpusieron recursos de revisión ante la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP).
Pero este organismo garante de la transparencia en Puebla, sobreseyó los recursos al alegar que fueron interpuestos antes de que concluyera el plazo para recogerlos.
En el maratón de opacidad se comprobó que en la mayoría de las dependencias donde se recogió la información, los datos estaban digitalizados y pudieron enviarse por medio de un correo electrónico sin problema.
Pero es que fuentes de las mismas unidades de acceso a la información de las dependencias, reconocieron que les llegó mediante una circular de la Secretaría de la Contraloría, que los documentos se pudieran a disposición in situ.
De este modo surgieron dos recursos de amparo ante jueces federales, ambos llegando a recursos de revisión ante un cuerpo colegiado de magistrados, quienes finalmente dieron la razón que no se podrían sobreseer o rechazar por interponerse antes de tiempo. Pero sobre todo al comisionado Federico González Magaña, quien sobreseyó los recursos, no le quedó otra opción que ordenar a las dependencias que entregaran los datos de sus despedidos.
La promesa
EL 19 de junio de 2010, el entonces candidato de la Coalición Compromiso por Puebla, Rafael Moreno Valle, aseguró a los trabajadores del gobierno estatal que no perderán el empleo en cuanto él asuma la gubernatura.
Aquel día el aspirante a Casa Puebla realizó una rueda de prensa en la explanada de la Secretaria de Finanzas y Administración para hacer un llamado a los trabajadores lo que quedó documentado en el Blog de Moreno Valle, aún en línea por internet.
Dijo entonces que desde el primer día de su gobierno propondría al Congreso del estado crear la Ley para el Servicio Civil, para dar certidumbre laboral, garantizar el trabajo a las personas que están preparadas y sean capaces de ocupar un puesto público. Y señaló que en su gobierno se irían los parientes de Marín, la gente corrupta e ineficiente y los recomendados.
“Tendrán preferencia los que hagan bien su trabajo, así como las mujeres y hombres honestos que tengan la disposición de seguir creciendo como trabajadores públicos”, se lee en el comunicado de campaña.