La persecución contra opositores es una constante en el sexenio del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, como lo denunciaron diversas organizaciones sociales.

En los cinco años se contabilizan por lo menos a 231 personas que fueron presos, procesados y perseguidos; además de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la violación a las garantías individuales.

Manifestantes contra el gasoducto, mototaxistas, maestros disidentes, defraudados de cajas de ahorro e inconformes con el registro civil, engrosaron las filas de las cárceles poblanas, luego de ser reprimidos, la mayoría en manifestaciones.

Inclusive, el conteo señala a un niño asesinado y decenas de heridos en diversos operativos policíacos.

Aún hay decenas de ordenes de aprehensión pendientes contra diversos opositores del gobierno de Puebla, ocho de ellas contra activistas que luchan contra las obras en la pirámide de Cholula.

Asimismo, la organización 28 de Octubre es una de las más vapuleadas con la aprehensión de sus líderes, desde Rubén Sarabia, Simitrio, hasta sus hijos, Xihuel y Rubén.

Miguel Ángel Rosas Bourguess, del Comité para la Libertad de los Presos y el Cese a la Represión Social en Puebla, afirmó que todos los perseguidos han tenido en su contra acusaciones falsas y el aparato oficial encima.

De carne y hueso

Entre los presos o perseguidos destacan mototaxistas, activistas y hasta amas de casa.

Tal fue el caso de Juana Macuitl Cóyotl y su hija, Ángela Macuitl, quienes por participar en una manifestación contra la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) para que se permitiera el pago con monedas y no sólo con tarjeta fueron detenidas.

Las acusaron por la portación de armas, por lo que tuvieron que pagar una fianza de 480 mil pesos, lo cual las dejó endeudadas de por vida, al ser de muy escasos recursos.

Aún se encuentran recluidos tres mototaxistas de Coronango y Xoxtla, como Rafael Tula Guzmán Preso, Alfredo Portillo Ramírez Preso y Juventino Tlahuel Preso.

Se encuentran internados en el Centro de Reinserción Social de San Pedro Cholula desde el 9 de mayo de 2014 y aún siguen sus procesos.

Raúl Tula Guzmán es una muestra de la represión en Puebla, luego de que fue detenido tras una manifestación violenta donde hubo quema de patrullas.

La presidenta municipal de Coronango, Hermelinda Macoto Chapuli, desistió de sus acusaciones; sin embargo, se mantiene en prisión por tratarse de delitos graves.

En entrevista para Intolerancia Diario, su abogado, Hugo Marín, explicó que sigue detenido acusado por el delito grave por el incendio de la patrulla y lesiones perpetradas a un policía local.

Su esposa María Xochitl Cuetlach afirmó que su marido es inocente, ya que se trata de una “cuestión política”, por lo que espera su liberación hasta fin del sexenio.

Según datos del Comité Para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla, en los cinco años de gestión del gobierno de Puebla, suman 231 personas afectadas por su la política de represión.

De la cifra total, 131 personas ya fueron procesadas y 81 casos corresponden a órdenes de aprehensión liberadas en contra de igual número de personas.

Actualmente hay 17 “presos políticos”, de ellos seis son mototaxistas detenidos por su oposición al retiro de ese transporte.

Hay cuatro detenidos integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre.

Asimismo, se suman tres personas detenidas relacionadas con bloqueos de la línea 2 del Metrobús, dos presidentes auxiliares y dos habitantes del municipio de Felipe Ángeles.

Otra detenida es Enedina Rosas Vélez, opositora al Gasoducto Morelos, quien está en libertad bajo caución.

Acusaciones absurdas

Los integrantes del Comité indicaron que las acusaciones que el gobierno del estado ocupa para encarcelar a los opositores caen en lo absurdo.

Algunas de las acusaciones van desde el robo de celulares, hasta cargos graves como la conspiración, tráfico de estupefacientes, obstrucción a la vía pública o motín.

No obstante, la justicia morenovallista se ensaña con los presos políticos para otorgarles su libertad, pagando fianzas muy altas.

Algunos tuvieron que pagar para obtener su libertad entre los 10 mil y hasta los 500 mil pesos, afectando con ello también su economía.

Los muertos

Víctimas de la represión, el organismo civil contabiliza al menos tres muertos.

Por ejemplo, Delfino Flores Melga, hombre de más de 90 años de edad, quien murió en prisión, donde se mantenía recluido a pesar de solicitudes de libertad por su longevidad.

Otra persona que falleció, presuntamente derivado de la represión, fue Antonio Víctor Montes Contreras, poblador de la comunidad de Chalchihuapan.

Falleció meses después de obtener su libertad, ante las secuelas físicas y emocionales que le causó el estar en prisión, según refirieron sus familiares.

Asimismo, se contabiliza al niño de 13 años de edad, José Luis Tehuatle Tamayo, muerto luego del operativo policiaco en contra de pobladores de Chalchihuapan, cuando se manifestaban en la autopista Puebla Atlixco a mediados del 2014.

La represión, una política de Estado

La represión contra las manifestaciones no cambió a lo largo de los años, ni con los cambios de los secretarios de Seguridad Pública, como Ardelio Vargas o Facundo Rosas.

Aunque hasta ahora, en la gestión del actual secretario de Seguridad Pública Estatal no registraron ningún problema de este tipo.

Anteriormente, por ejemplo, la misma estrategia se utilizó en manifestaciones con tres años de diferencia.

A finales del 2011, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) emitió la que hasta ahora es la única recomendación en contra de la sspe por violencia en una manifestación en Chignahuapan.

Y eso que se han registrado más hechos similares, como los ocurridos en mayo del 2011, cuando se disolvió con gases lacrimógenos una manifestación de comerciantes de autopartes en la Secretaría de Finanzas.

El saldo fue de 11 niños atendidos por paramédicos, una menor hospitalizada y siete detenidos; a los policías estatales no les importó que hubiera una escuela al lado de la manifestación, pero sin respuesta de la CDH Puebla.

En ese entonces, el secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas Fosado, fue recomendado por la CDH por la violación de garantías y lesiones en contra de 31 campesinos de Chignahuapan, de acuerdo a los hechos constatados en 97 diferentes evidencias.

Policías los desalojaron utilizando gas lacrimógeno, proyectiles de goma y macanas, ocasionándoles diversas lesiones y privándolos de su libertad.

En aquel entonces, Intolerancia Diario reveló una grabación en la que se escucha a Ardelio Vargas Fosado, ordenar reprimir a un grupo de reporteros que cubrían el violento desalojo.

PE: Líder, líder, son del pueblo, de aquí de Chignahuapan.
Ardelio: Pues no creo.
Doguin: Está bueno, al rato le regresas sus cámaras, nada más sin video.
Doguin: Sí, van a echar pedos, pero ni modo.
Doguin: Se identificaron como prensa o nomás andaban por ahí, nosotros no sabíamos ni quiénes eran.
Vera: Jefe, no sabíamos quiénes eran pero todo mundo nos atacaba, no sabíamos si eran buenos o malos, haciéndole al “politichino” escondiéndose entre los matorrales.
Doguin: ¿Y nosotros no los filmamos a ellos?
Vera: No, jefe, no hubo tiempo, hubiera visto, estuvo muy grueso.
Vera: Jefe a los carros los coyotes, este problema ya se acabó.
Ardelio: Líder.
Vera: Adelante señor.
Ardelio: A esos cabrones no les devuelvan las cámaras, hasta allá, y bórreles toda la imagen que tienen; de tontos nos van a acusar si se las devolvemos, ¡que chinguen a su madre!, nos agredieron, también eran parte de ese grupo.
Vera: Sí señor.

El caso Chalchihuapan, emblema de la injusticia

La CNDH informó que el gobierno de Puebla aún no cumple con cinco de las 11 recomendaciones por el caso Chalchihuapan. El 9 de julio de 2014, policías estatales desalojaron de manera violenta a manifestantes de la autopista Puebla-Atlixco, quienes mantenían bloqueada en exigencia del regreso del Registro Civil.

Como saldo del enfrentamiento, resultó herido de muerte el niño José Luis y otros cinco pobladores con lesiones graves.

El 19 de julio de 2014, Elia Tamayo enterró a su hijo de 13 años de edad, tiempo en el que para ella la justicia simplemente no ha llegado.

El 11 de septiembre de 2014, la CNDH emitió la recomendación 2VG/2014 contra el gobierno de Puebla por la violación grave de los derechos humanos de los pobladores de Chalchihuapan.

Tome nota

Para el Comité Para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla “lo peor está por venir”, al afirmar que el año que resta de la gestión será peor y esto por las “diversas reformas”.

Por ejemplo, afirmaron que con la conformación de la Fiscalía General del Estado, la cual encabeza Víctor Carrancá Bourget, habrá nuevos presos y perseguidos políticos. 

A detalle 

Miguel Ángel Rosas Bourguess, del Comité para la Libertad de los Presos y el Cese a la Represión Social en Puebla, afirmó que todos los perseguidos han tenido en su contra acusaciones falsas y el aparato oficial encima.