El coordinador de los diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Aguilar Chedraui dijo que la reforma electoral es una cosa juzgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y quienes militaron en un partido político deben dejar pasar un año a partir de su renuncia para poder ser candidatos independientes.
Luego de darse a conocer la solicitud del juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales por parte de  Ana Teresa Aranda Orozco en rueda de prensa el legislador acompañado del delegado del Comité Ejecutivo Nacional, Marcelo García Almaguer, de la diputada Patricia Leal Islas, del dirigente del Comité Municipal, Pablo Rodríguez Regordosa, y el presidente estatal Jesús Giles Carmona, Aguilar Chedraui manifestó que la ley es clara.
Comentó que la Suprema Corte de Justicia desechó la impugnación de los partidos políticos que pidieron derogar  lo referente a quienes militaron en un partido político.
El dirigente del Comité Municipal, Pablo Rodríguez al ser cuestionado al respecto se limitó a decir “que se dé cauce legal”.
La aspirante a la candidatura independientes, Ana Teresa Aranda Orozco advirtió que los diputados locales se encuentran entrampados tras comerse los tiempos, y se les ocurrió  hacer una modificación fuera de lo que estableció la corte, así van a perder los juicios de protección que interpongan los afectados, además de que ya no procede el candado del plazo de un año para quienes militaban en un partido político.
Recordó que el 3 de diciembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el juicio del estado de Hidalgo en el que eliminó el candado de que debe pasar un año de la renuncia de los militantes para ser candidato independiente.
Expresó que al darse el fallo en Hidalgo se crea la jurisprudencia y por lo tanto no puede aplicarse el candado para el registro de los aspirantes.
Ana Teresa Aranda advirtió que en todo caso se va a complicar el panorama para ellos (los diputados) porque si bien  los aspirantes tendrán que correr, lo cierto es que como los legisladores son quienes inclumplieron con la corte, “quienes aspiran tienen la puerta abierta para inconformarse, hacer los juicios de protección de derechos políticos”.

La decisión de la corte

Al martes 3 diciembre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejaron sin efecto a los exmilitantes luego de que declaró inconstitucional un artículo de la ley electoral del estado de Hidalgo que representaba un candado para impedir el registro de exmilitantes partidistas como candidatos independientes en la entidad.
En aquella ocasión, por unanimidad de nueve votos, el pleno de la Corte anuló en su sesión de una norma jurídica que prohíbe la candidatura independiente a quienes hubieran participado en algún proceso interno de selección de candidatos de un partido político, en los dos procesos electorales previos.
Se trata de un requisito excesivo, dijo el ministro Jorge Pardo previo a la votación del pleno que resolvió declarar la inconstitucionalidad del artículo que establecía la prohibición para ser candidato independiente.
Los nueve ministros determinaron que se trata de un requisito excesivo y desproporcionado, pues prácticamente veta durante seis años a las personas que por cualquier razón dejen su partido, al dejarlos fuera de la posibilidad de contender como independientes.
En su intervención, el ministro José Ramón Cossío cuestionó que alguien que participe cinco años antes en un proceso electoral pueda quedar inhabilitado para ser aspirante independiente.
Y consideró que es excesivo. No sé si se está tratando (en Hidalgo) de generar una condición de lealtad a los partidos, o algún mecanismo para evitar fugas, pero esto no se aviene al derecho político que tienen las personas para su movilidad.

Denunciarán a Jiménez Merino

En la rueda de prensa se dio a conocer que el Partido Acción Nacional (PAN) presentará una denuncia contra el titular de la delegación en Puebla de la Sagarpa, Alberto Jiménez Merino, por un presunto desvío de recursos públicos para promocionar su imagen y alcanzar la candidatura del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno de Puebla.
Marcelo García Almaguer, señaló que por ley los servidores públicos están impedidos para utilizar los recursos asignados a sus dependencias para hacer proselitismo.
Manifestó que la entrega de semillas forma parte de un parte programa gubernamental y el delegado federal ha enviado un documento con el membrete de la dependencia a su cargo con su nombre al final de la hoja lo que es una clara violación a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.