Iniciaron las pláticas entre la Secretaría General de Gobierno (SGG) de Puebla, con burócratas despedidos y para tratar temas de los llamados presos políticos, abanderados por el exdiputado Gerardo Fernández Noroña.

 


En una reunión de poco más de una hora, con el titular de la dependencia estatal, Diódoro Carrasco Altamirano, se acordó una revisión a los casos de los más de 200 detenidos, así como de los expedientes del personal rescindido.
A la salida de la reunión realizada en Casa Aguayo, sede de la SGG, Fernández Noroña se mostró optimista para que avancen los acuerdos y se llegue a soluciones.
“Fue una buena reunión, se sentaron las bases para ir revisando la situación de trabajadores y de presos políticos. Fui particularmente insistente de en los presos de Cholula y Felipe Ángeles, pero hay un montón”, dijo el también aspirante a la Presidencia de México.

 


Sin querer entrar en detalles, señaló que las autoridades poblanas quedaron de revisar la situación política de cada asunto.
Indicó que cumplieron la palabra de que iba a estar el secretario Diódoro Carrasco en la reunión.
Sentenció que en el caso de Felipe Ángeles, afirma que se están prefabricando delitos, por lo que se revisará el tema, según la promesa del titular de la SGG.
Para Fernández Noroña este es un caso especial, luego de que ha abanderado una serie de protestas contra el actuar del presidente municipal a quien quieren quitar del cargo.
Dijo que los presos políticos de Cholula, como Adán y Josué Xicale, aunque están libres bajo caución, siguen de rehenes.
 “Es probable que haya siguientes reuniones. Cuando ya haya acuerdo en firme se convocara, sino lo hay también haremos pleito. Abrimos un camino de diálogo y entendimiento”, señaló el político de izquierda.
Pero a pesar de la insistencia de los reporteros, no quiso entrar en detalles, al señalar que si lo hacía podría acarrear problemas donde no los hay.
“Se demostró voluntad”, aseveró al indicar que seguramente habrá reunión con el gobernador Rafael Moreno Valle, “si se avanza, porque el tema de fondo se discute”, insistió.
“Para qué vamos a reunirnos con el gobernador ahorita, si vamos a jalonearnos”, dijo al detallar que la reunión con él sería ya al último para firmar acuerdos.
“Va a ser muy rápido que se vea si hay voluntad o no”
 –¿Cuánto tiempo?
–Debe verse en semanas, un par de meses, hay señales que demuestran si las cosas avanzan o no.
Por su parte, en entrevista por separado, el abogado de los burócratas despedidos, Abelardo Cuellar, señaló que en próximos días se va a presentar un paquete de solicitudes.
“La disposición del grupo jurídico será la reinstalación, es el primer paso después de diez meses”.
Por lo tanto se está convocando para el próximo el domingo a sesión para definir los intereses personales, como el caso de las personas que alcanzan una jubilación y conflictos que se han presentado en los tribunales.
“Si no hay solución, por lo menos que no nos sigan trabando los juicios, que haya reinstalación o que no traben los juicios”.
“Vamos a ir viendo y valorando los avances”, dijo al señalar que  no hay fecha para próxima reunión.
“Vamos a ir viendo y valorando los avances sobre la marcha. Se va a presentar pliego petitorio en forma”, sentenció.
En los primeros tres años de la administración en las 62 dependencias -incluidas las descentralizadas- fueron despedidas 12 mil 79 personas, un promedio de once burócratas diarios, incluyendo sábados y domingos.
Entre los despedidos hubo desde jardineros, docentes, electricistas, obreros, médicos especialistas, hasta directivos de alto nivel.
Intolerancia Diario pudo documentar el total de despedidos, luego más de dos años y medio de interponer 34 solicitudes de información y ganar dos juicios de amparo, ante la negativa del gobierno de entregar los datos.
La excusa en la mayoría de los casos del recorte del personal, era un adelgazamiento de la nómina, sin embargo no fue así, ya que también se documentó que los puestos se cubrieron en su mayoría sin desaparecerlos.
Pero el gobernador llegó en medio de una promesa de campaña hecha el 30 de junio de 2010 a los burócratas del anterior gobernador Mario Marín Torres: No habría despedidos si le daban su confianza y voto.
Lo dijo en el mismo lugar donde ahora Fernández Noroña organizó la protesta y manifestación.
Ahora se sabe que 8 mil 441 personas fueron dadas de baja de 40 dependencias centrales, incluyendo las Secretarías de Estado desaparecidas o unificadas, así como las Direcciones, Comisiones u organismos públicos.
Además otras 3 mil 638 personas dejaron de trabajar en 31 organismos descentralizados, que incluyen consejos, instituciones y universidades tecnológicas.
De estas, mil 558 personas fueron despedidas de las 14 dependencias descentralizadas que se negaron a entregar la información durante dos años y solo la otorgaron mediante una orden de un juez federal, tras dos amparos interpuestos.
Además, según otra respuesta de acceso a la información, de los más de 10 mil derechohabientes fueron dados de baja del ISSSTEP, en apenas los primeros dos años del sexenio, otras 7 mil personas fueron contratadas.
Según los números de altas y bajas, tan solo en el primer tercio del sexenio, se perdieron más de 3 mil 300 prestaciones de este tipo.
De los 12’079 despedidos, solo tres exfuncionarios públicos fueron compensados con finiquitos que van desde los 600, hasta cerca de 900 mil pesos, mientras centenares en litigios congelados.