Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), y Andrea Ambrogi Domínguez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla (CCSJP), presentaron el reporte sobre la Impunidad en México, trabajo coordinado por Juan Antonio Le Clercq Ortega y Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, académicos e investigadores de la institución.

El Índice Global de Impunidad México (IGI-Mex) es el primer modelo estadístico complejo que mide la impunidad como un proceso para los 32 estados de la República con base en 18 variables y 35 indicadores de los sistemas de seguridad, justicia y penitenciario. El IGI y el IGI-Mex miden grados de impunidad en forma comparada, no miden la violencia, inseguridad o corrupción en sí mismas, ni tampoco el desempeño de los gobiernos estatales.

El IGI-Mex agrupa a los 32 estados en cinco bloques según sus resultados estadísticos. En el primer grupo de impunidad baja solo se encuentran dos estados: Campeche y Nayarit. En el grupo de impunidad promedio se encuentran cinco estados: San Luis Potosí, Ciudad de México, Sonora, Chihuahua y Chiapas.

En el grupo de impunidad alta se encuentran 11 estados: Guanajuato, Zacatecas, Colima, Jalisco, Tlaxcala, Hidalgo, Aguascalientes, Tabasco, Puebla, Sinaloa y Morelos.

El grupo clasificado como de muy alta impunidad está conformado por 13 estados: Baja California Sur, Oaxaca, Nuevo León, Querétaro, Veracruz, Yucatán, Coahuila, Guerrero, Tamaulipas, Durango, Baja California, México y Quintana Roo.

Michoacán se considera como caso atípico porque existe evidencia de parte de la CNDH, en su reporte especial sobre Autodefensas de 2015, que este estado no reportó para 2013, año base de este estudio, las estadísticas de delitos graves.

Algo que detectó el índice es que existe corresponsabilidad de todos los poderes de gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y en los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) para atender el problema de la impunidad. Asimismo, se observó que, si bien niveles altos de impunidad no se traducen actualmente en violencia o inseguridad en todos los estados, el desempeño ineficiente de sus instituciones puede terminar por detonar estos problemas: la impunidad es una enfermedad latente de las instituciones mexicanas.

Cabe destacar que México tiene información suficiente, necesaria y de calidad para realizar modelos estadísticos confiables y nuevos instrumentos de medición cuantitativa, por ello se convirtió en el primer caso de estudio estadístico a nivel internacional para comprender las raíces de la impunidad en el ámbito local.

El IGI-Mex utiliza la misma metodología del Índice Global de Impunidad (IGI) para analizar tanto las capacidades instaladas como el funcionamiento de los sistemas de seguridad y justicia en los estados.

Cabe señalar que el IGI-Mex no pudo incorporar la dimensión de Derechos Humanos, como lo pudo hacer el IGI 2015, porque la información oficial que reportan las comisiones estatales de Derechos Humanos es inconsistente estadísticamente con la realidad que viven los estados de la República y la cual ha sido demostrada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organizaciones de la sociedad civil e instancias internacionales.

Por último, se puede mencionar que el IGI-Mex fue elaborado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y es un proyecto cofinanciado por el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla (CCSJP), con la participación de investigadores, analistas y estudiantes que desarrollan análisis y estudios estratégicos sobre impunidad, seguridad y justicia a nivel global y nacional.

Algunos resultados del IGI-Mex

• Del total de delitos consumados, solo existe un 4.46 por ciento de sentencias condenatorias, lo cual arroja una impunidad cercana al 95 por ciento de los delitos que fueron acreditados por la autoridad como consumados.

• La cifra anterior (delitos consumados) en perspectiva con la cifra negra (delitos que no fueron denunciados por los ciudadanos) arrojaría que la impunidad simple y llana, entendida como delito sin castigo, estaría en los márgenes del 99 por ciento en México. Es decir, menos del 1 por ciento de los delitos en México son castigados.

• El rezago de impartidores de justicia es enorme en el caso de México y es reflejo de la situación que viven los poderes judiciales locales. El promedio nacional de magistrados y jueces, en el ámbito local, es de apenas 3.5 por cada 100 mil habitantes. La media nacional entre los países estudiados por el IGI es de 17.

• El personal penitenciario responsable de cuidar a los reclusos en los centros de readaptación social estatales es de apenas 20 policías por cada 100 reclusos. El promedio de los países del IGI es de 47 por cada 100.

• En México la sobrepoblación penitenciaria a nivel estatal es de 30 por ciento con respecto a la capacidad instalada en los centros de reclusión. La sobrepoblación promedio de los centros penitenciarios en el mundo es de 17 por ciento. México duplica la sobrepoblación penitenciaria promedio global.

• El porcentaje de homicidios cometidos entre el número de homicidios registrados en averiguaciones previas iniciadas ante ministerios públicos o fiscalías locales en México es de 27.5 por ciento.

• El porcentaje de reclusos sin sentencia en primera instancia alcanza un promedio nacional de 35.7 por ciento.