La Asamblea Social del Agua, entregará al papa Francisco, el exhorto que de manera reiterada han mandado a las autoridades estatales, para abrogar la ley Moreno Valle del agua y que se abra el debate para la construcción de una nueva ley ciudadana del agua, aseguró Gerardo Pérez, dirigente de esa organización.
    
Ante eso, José Luis García Bello, también miembro de la Asamblea Social del Agua, dijo que exigen la aplicación de la modificación en concordancia con lo establecido el 12 de febrero, en que se añade un párrafo al artículo 4º Constitucional, “donde claramente se dice que el agua es un derecho, debe ser accesible y soluble”.
    
Reveló que en la actualidad, el gobierno del Estado de Puebla, fue el que impulsó la privatización del servicio “por eso le exigimos que tenga respuestas claras a las demandas de los ciudadanos, porque aseguran que les perdonan sus deudos, “pero lo cierto, es que se seguirá pagando un 400 por ciento e incluso más por el recibo del agua”.
    
Agregó que seguirán llegando recibos sin todo lo que norma el artículo 110 de la ley del agua de Puebla, que contiene la información básica de los usuarios en la boleta correspondiente, “por lo tanto, las autoridades incumplen la ley”.
    
Gerardo Pérez, recordó que en el Estado de Puebla, ya se cumple con lo que el FMI y el BM dijeron a finales de los años 90s, que las guerras del siglo XXI serán por el control del agua, “vemos que los grandes corporativos están comprando el agua, pero somos ciudadanos independientes y queremos que se garantice el derecho humano al agua”.
    
Recordó que desde el pasado 12 de septiembre de 2013 se privatizó el servicio de agua potable y alcantarillado y desde entonces no hay información sobre los bebederos públicos contenidos en la Ley Orgánica Municipal, “el problema es que el Congreso del Estado no nos recibe ni atiende nuestras demandas”.
    
Por eso, María Eugenia Ochoa, también integrante de la ASA, aseguró que la decisión de cancelar adeudos, es solamente una “curita”, para una herida de enormes proporciones, generada por el proceso de privatización del agua, “por lo que prevalecerá el incremento de hasta el 400 por ciento, a pesar del borrón y cuenta nueva anunciado”.
    
Dijo que desde la autoridad estatal poblana, aceptar el programa de cancelación de adeudos en el servicio del agua, se entiende como un programa netamente electorero, “además de todas las anomalías en el servicio y en la administración del agua de la empresa Agua de Puebla para Todos”.
    
Aclaró que la postura que presentan, no tienen como finalidad beneficiar a algún partido político, en pleno proceso electoral, “porque nosotros, siempre hemos sido apartidistas y no representamos a ninguna corriente ni clero y todo lo que hacemos es producto de nuestro trabajo y de nuestras cuotas”.

Privatizar el agua violenta derecho humano al vital líquido
    
José Luis García Bello, dijo que la privatización del agua, vulnera el derecho de la sociedad poblana, garantizado en los convenios internacionales y en el artículo 4 de la Constitución mexicana, “que contemplan el derecho humano al agua, para que por ningún motivo se le pueda suspender el vital líquido a un ciudadano, a pesar de sus adeudos, lo que ya ocurre en 13 Estados del país, que contemplan ese derecho”.
    
Por lo anterior, aseguró que reclaman su derecho humano de exigir la abrogación de la ley del agua de Moreno Valle, “hacemos un llamado a que todos los sectores de la sociedad poblana, para que construyamos juntos, una ley ciudadana del agua, además de la remunicipalización del servicio”.
    
Además, exigieron a los partidos políticos, que rumbo a las campañas que están por iniciar, presenten sus respectivas posturas firmes y de fondo, sobre la problemática del agua, para que, de una vez, se termine con el discurso engañoso de ofrecer supuestamente la cancelación de los adeudos.
    
Recordó que todos los órdenes de gobierno, tienen responsabilidad directa en el tema del agua, por lo que solicitaron respuestas de fondo, en las que se diseñen verdaderas políticas públicas, que incluyan la participación permanente de los ciudadanos, “queremos una gestión integral del agua, en la que se respeten los mantos acuíferos y no se pierda de vista que es un bien común para todos”.