Tras los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para devolver las plantas de tratamiento a la empresa Tratamiento de Agua de Puebla SA de CV (TAPSA) y la virtual devolución del Hospital Guadalupe a los padres Juaninos, diputados locales pedirán investigar a funcionarios que por sus acciones generarán un daño patrimonial al estado una vez que no tuvieron la probidad para la toma de decisiones.
Entrevistados por separado, los legisladores de Movimiento Ciudadano (MC), Julián Peña Hidalgo, así como del Revolucionario Institucional, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, indicaron que no puede haber omisión en caso de que haya funcionarios responsables de la situación.
Julián Peña Hidalgo refirió que hay que investigar las condiciones en que el 28 de agosto de 2014 fueron sacados del Hospital Guadalupe religiosos de la Orden de San Juan de Dios, ya que se presume que por la manera como se realizó la aplicación de la Ley de Expropiación, el Juzgado Cuarto de Distrito está ordenando la devolución del inmueble.
El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano refirió que el gobierno del estado ya ha gastado varios millones de pesos en la remodelación del edificio que data de 1910, pero este dinero se perderá, ya que no se hicieron las cosas bien.
Señaló que la misma situación se presenta con las plantas de tratamiento de agua que deberán ser entregadas a la empresa que las manejaba.
Recordó que de acuerdo con versiones periodísticas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó entregar a la empresa Tratamiento de Agua de Puebla SA de CV (TAPSA) la operación de cuatro plantas tratadoras de aguas residuales, las cuales le fueron retiradas en 2012; además, el Soapap deberá indemnizarla con al menos 650 millones de pesos.
La filial de la compañía francesa Degrémont ganó en el mes de septiembre pasado un litigio, sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla no acató de manera íntegra el fallo. Ahora, se le requiere que cumpla con la sentencia a más tardar en tres días. De no hacerlo, los magistrados involucrados en el tema serán revocados.
Insistió en que se trata de recursos públicos que deberán pagar los poblanos.

El PRI, por investigar


En tanto, el legislador Sergio Salomón Céspedes Peregrina dijo que las diferentes instancias deben hacer el análisis de quiénes son los responsables de que se estén perdiendo los juicios en contra del estado una vez que cuando se tomaron las decisiones para expropiar o quitar las concesiones no se dio el sustento legal.

 

 


El priista indicó que este tipo de situaciones se están presentando a menos de un año de que concluya la administración estatal.
Indicó que definitivamente las instancias federales están resolviendo conforme al Estado de Derecho y muestran que funcionarios estatales incurrieron en yerros legales y habrá que investigar quiénes fueron.

El Hospital Guadalupe


A principios de la semana pasada se dio a conocer que tras haber sido desalojados por la fuerza la madrugada del 28 de agosto de 2014, del edificio donde operó el Hospital Guadalupe, por parte de la Policía Estatal que dieron cumplimiento a un decreto de expropiación, los padres Juaninos están a punto de recuperar el inmueble luego de que ganaron el amparo de la justicia federal y los trabajos que se realizaban al interior del inmueble construido hace 106 años tuvieron que suspenderse.
De acuerdo con testigos, los elementos de seguridad rompieron las puertas ese día y comenzaron a sacar lo que había en el interior, lo cual hizo que la orden que trabaja en diferentes países atendiendo hospitales y a los enfermos por el virus del ébola recurrieran al amparo de la justicia federal.
De acuerdo con el expediente 40/2015, el pasado 15 de enero el juez federal del Cuarto Distrito emitió el fallo favorable para la Orden Hospitalaria para que deje sin efecto la expropiación y les regrese la propiedad del inmueble.
El pasado 2 de febrero, a través del área jurídica de la Secretaría General de Gobierno, se interpuso un recurso de revisión que fue aceptado y el expediente se enviará a un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa para determinar si procede o no
Fue el Juzgado Cuarto de Distrito la instancia que en septiembre de 2014 se los otorgó en contra de la expropiación del hospital psiquiátrico donde se pretende instalar el museo de sitio.
Los religiosos obtuvieron la suspensión provisional del Juzgado Cuarto y mantenían la posesión del inmueble que permanecía cerrado y con la leyenda “Cierre operativo”, y se sigue el juicio de expropiación, pero posteriormente nuevamente fue invadido por la administración estatal.