El Partido Revolucionario Institucional demandó homologar la legislación federal con la estatal para frenar el endeudamiento de los ayuntamientos, y dar transparencia, además de que se suspenda la dictaminación de las cuentas pública hasta que pase el proceso electoral.
Durante la sesión de  la Comisión Permanente el presidente de la Comisión de Hacienda José Chedraui Budib presentó una iniciativa de  las reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado en materia de deuda pública para los municipios, dicha iniciativa tiene como objetivo homologar el marco jurídico estatal a la Ley de Disciplina Financiera para entidades federativas y municipios.
El legislador expuso que como parte de las facultades que se le otorgan a los Congresos está el establecer las bases para que el Estado y los municipios, así como los organismos descentralizados y empresas públicas puedan contraer obligaciones y empréstitos destinados a inversiones públicas productivas, y fijar anualmente, en la Ley de Egresos del Estado y en los presupuestos de los municipios, los conceptos y los montos máximos de dichas obligaciones o empréstitos.
En la iniciativa se precisa que debe existir la mayoría calificada para autorizar los créditos, es decir debe darse el voto de las dos terceras partes de sus miembros, los montos máximos para la contratación de financiamientos y obligaciones. “Para el otorgamiento de dicha autorización el Congreso deberá realizar previamente un análisis de capacidad de pago del sujeto a cuyo cargo estaría la deuda pública u obligaciones correspondientes, del destino del financiamiento u obligación y, en su caso, del otorgamiento de recursos como fuente pago”.
"Esta reforma a la Constitución abona a la transparencia y refuerza la rendición de cuentas públicas", subrayó.
El diputado hizo hincapié que con estas adecuaciones se podrá tener un mayor control de la deuda pública, además de que habrá mayor transparencia, pues se exigirá por ley que las entidades o municipios que contraten un préstamo deberán inscribirlo y publicarlo en términos de la norma estatal vigente.
Chedraui Budib recordó que la iniciativa de decreto es un homologación con la Ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios aprobada en el Congreso de la Unión hace un par de semanas.

Rechazan parar la inspectora

Los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de Puebla rechazaron la propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para suspender la dictaminación de cuentas públicas durante el periodo de campañas para evitar que sean utilizadas con fines electorales.
Fue el legislador Pablo Fernández del Campo Espinosa, quien puso a consideración de la Mesa Directiva este punto de acuerdo para garantizar imparcialidad en la fiscalización realizada sobre la aplicación de recursos públicos.
Advirtió que en la coyuntura electoral se corre el riesgo que estos dictámenes pudieran ser utilizados como “garrote político” por la Comisión Inspectora para presionar a los presidentes municipales para que apoyen al “candidato oficial” a cambio de la aprobación de sus cuentas públicas.
Expuso que la suspensión de la dictaminación de cuentas públicas duraría hasta pasada la elección local del próximo 5 de junio en la que los ciudadanos decidirán quién asumirá el gobierno de Puebla por un periodo de un año y ocho meses.
Insistió “en esta jornada electoral ojalá se pueda abstener de dictaminar cualquier trámite ante dicha comisión en el tema de cuentas públicas o inicio de procedimientos, este exhorto es de manera muy respetuosa y puntual”.
Sin embargo la respuesta de la presidenta de la Comisión Inspectora, Patricia Leal Islas, presente en la sesión, fue que no se podía detener la revisión de cuentas públicas debido a que tienen un calendario definido para este trabajo y deben darle cumplimiento para evitar un rezago.
Una vez sometida esta propuesta a votación los legisladores Carlos Martínez Amador (PRD), Patricia Leal Islas (PAN), Mariano Hernández Reyes (PT) y Sara Chilaca Martínez (Compromiso por Puebla) votaron en contra, en tanto que, los diputados del PRI, Pablo Fernández del Campo y Francisco Jiménez Huerta, lo hicieron a favor, desechándose por mayoría de votos.