Si la Fundación Mary Street Jenkins se ha quedado sin sus 720 millones de dólares y sin oficinas se debe a la injerencia del gobernador Rafael Moreno Valle en beneficio de Elodia Sofía de Landa Irízar, Guillermo Jenkins Anstead y Roberto Jenkins para crear la Fundación Bienestar de la Filantropía, acusa Guillermo Jenkins de Landa.

El otrora patrono de la Fundación Mary Street Jenkins en reportaje de Álvaro Delgado publicado en la revista Proceso bajo la cabeza de Denuncian “la mayor defraudación filantrópica en la historia” —reitera— que sus familiares se valieron de la amistad de Roberto con Moreno Valle para dejar en la orfandad financiera a la Universidad de las Américas Puebla.

Guillermo Jenkins de Landa puntualiza el reportero de Proceso que los 13 mil millones de pesos equivalentes al presupuesto de Colima para el este 2016 descansa bajo el sol del paradisiaco Barbados.

El primogénito Guillermo Jenkins de Landa pide a las autoridades investigar “la más grande defraudación cometida en perjuicio de la beneficencia privada en la historia de este país”, puntualiza la denuncia presentada el 16 de marzo.

El artículo precisa que la denuncia presentada ante la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla se documenta que la Fundación Jenkins donó hace dos años, el 30 de abril de 2014, su patrimonio valuado en 720 millones de dólares a la Fundación Bienestar de la Filantropía.

“Si la cantidad donada no fuera exorbitante en sí misma, es interesante hacer hincapié en que este saqueo se llevó a un extremo tal que, como consecuencia de esta donación, la Fundación Mary Street Jenkins literalmente se quedó en la calle, al no conservar siquiera un inmueble donde poder establecer su domicilio y su oficina”, puntualiza Jenkins al periodista Delgado.

“En realidad se materializa una liquidación de facto de la Fundación Mary Street Jenkins, consumándose con ella la más grande defraudación cometida en perjuicio de la beneficencia privada en la historia de este país, la cual, en caso de que esta Junta decida nuevamente no actuar, se habrá materializado a ciencia y paciencia de la entidad pública que siempre ha estado encargado de su cuidado”, acentúa Guillermo Jenkins.

Guillermo Jenkins en su relato al medio informativo nacional —afirma— que varias veces ha acudido a la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla a cargo del morenovallismo desde el 2013, año de su destitución como patrono, para que sancione las acciones jurídicas “ilegales” de sus familiares sin éxito con una “cadena de ocultamientos y de engaños” con el “único objeto de desviar y de expatriar ilegalmente del país dicho patrimonio”.

El afectado señala que la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla controlada por el morenovallismo debe dar marcha atrás porque la ilegalidad del “contrato marco de donación condicional”, con el que la Fundación Jenkins donó a la Fundación Bienestar para la Filantropía 720 millones de dólares, por tratarse de dos fundaciones controladas por la familia Jenkins.

“La supuesta donación que en este caso se denuncia no es más que una operación simulada en la que, detrás del velo de la personalidad moral creado por la Fundación Bienestar para la Filantropía, en realidad se oculta que dicha fundación es controlada por las mismas personas físicas que controlan la fundación Mary Street Jenkins.”

Guillermo Jenkins así imputa a sus papás Elodia Sofía de Landa Irízar y a Guillermo Jenkins Anstead de quienes afirma que por las buenas y por las malas “siempre han buscado burlar la voluntad testamentaria” del generador de la fortuna William Jenkins. El primogénito de Guillermo y Elodia precisa que sus progenitores no hubiesen logrado beneficiarse sin la ayuda de Roberto, su hermano.

Guillermo revela al periodista Álvaro que Roberto es uno de los allegados al gobernador y, siempre acude a fastuosos eventos como la inauguración del Museo Barroco Internacional y a los informes de Moreno Valle. En ese tenor Guillermo recuerda que Roberto en enero pasado negó toda irregularidad en el manejo de la Fundación: “Aquí estamos, nada cambia, y aquí vamos a seguir felices de la vida”.

En la denuncia, Jenkins de Landa exige a la Junta investigar “el saqueo” y solicita que, si los responsables se niegan a restituir de forma voluntaria los recursos indebidamente desviados, se ejerzan acciones civiles y penales contra ellos.

A continuación Intolerancia Diario reproduce parte de la tortuosa historia publicada en la revista Proceeso en su número 1695 y 2001: 

Herencia a fuerza

La denuncia es el capítulo más reciente en una trama de corrupción, tráfico de influencias, compra de justicia y otras ilegalidades que ha sacudido a la Fundación Mary Street Jenkins en los últimos tres años (Proceso 1695 y 2001).

“Éste ya no es sólo un asunto familiar, es un tema público”, advirtió Jenkins de Landa, en entrevista con este reportero, en junio de 2014, cuando detalló que el origen del conflicto fue su “ilegal” remoción como patrono propietario y secretario de la fundación, por oponerse a reformar los estatutos para que sus hermanos fueran incluidos como “herencia” en el patronato.

Actualmente la fundación la preside Guillermo Jenkins Anstead y la vicepresidenta es su esposa, Elodia Sofía de Landa de Jenkins, mientras que los miembros de su patronato son Manuel Mestre Martínez, Juan Guillermo Eustace Jenkins, Roberto Jenkins de Landa, María Elodia Jenkins de Landa, Margarita Jenkins de Landa y Juan Carlos Jenkins de Landa.

Guillermo Jenkins de Landa, el primogénito, fue parte del equipo que, en 2000, venció en tribunales al exbanquero poblano Manuel Espinosa Yglesias, quien pretendía dejar a sus hijas en el patronato de la fundación que creó su amigo. “Con mi padre resultó peor”, afirmó.

Jenkins de Landa fue destituido como patrono gracias a las maniobras de los abogados Virgilio Rincón Salas y Carlos Román Hernández, contratados a razón de 2 millones de dólares por el representante jurídico de la Fundación, Alejandro González Muñoz.

Jenkins de Landa denunció desde 2003, también ante la Junta, esta remoción de su cargo, pero ni los anteriores ni los actuales miembros del patronato de esta instancia, todos subordinados de Moreno Valle, actuaron para hacer justicia, como lo reitera en la actual demanda:

“Esta ilegal remoción del suscrito Guillermo Jenkins de Landa como patrono propietario de la Fundación Mary Street Jenkins debe ser considerada como la primera pieza del engranaje de maquinaciones para que se pusiera en marcha el saqueo que en este acto se denuncia, tal como se lo he manifestado a esta Junta en todas las denuncias que, simple y sencillamente, hasta la fecha ha decidido ignorar.”

En los Estatutos queda claro que el patrimonio de la Fundación Jenkins es intocable e irrevocable, y que se deben utilizar en el cumplimiento de su objeto social sólo los productos del capital, como también lo ordena la Ley de Instituciones de Beneficencia Privada para el Estado de Puebla.

Pero, además, William Jenkins prohibió expresamente que el patrimonio de la fundación que él creó en 1954 y que encabezó hasta su muerte, en 1963, fuera considerado una herencia para sus descendientes, como lo dictó en su testamento:

“Siempre ha tenido la firme convicción que, en bien de sus hijos, los padres no deben dejarles grandes fortunas como herencia, sino más bien enseñarlos y ayudarlos a trabajar para que ellos mismos ganen lo que necesitan, teniendo la creencia el propio señor testador que nadie, con capacidad para trabajar, debe gastar dinero que no haya ganado por su propio esfuerzo.”

Abogados de paja

En efecto, la Fundación Bienestar para la Filantropía fue creada en Aguascalientes, en septiembre de 2009, a solicitud de Antonio Obregón Barrera y Juan Manuel Martínez del Campo Herrera, ambos allegados a Jenkins Anstead, según la propia denuncia.

Y en la operación para transferir los 720 millones de dólares de la Jenkins a la Bienestar para la Filantropía –que equivalen a 12 mil 696 millones de pesos, al tipo de cambio de 18 pesos por dólar–, intervinieron otras tres personas allegadas a los Jenkins: Los abogados Virgilio Rincón Salas y Carlos Román Hernández, a quienes Alejandro González Muñoz, jurídico de la Fundación Jenkins, contrató para remover como patrono propietario al primogénito de la familia.

Y fueron justamente González Muñoz y Rincón Salas quienes firmaron como apoderados de la Fundación Jenkins, el 30 de abril de 2014, el contrato mediante el cual ésta donó los 720 millones de dólares a Bienestar para la Filantropía, representada por Román Hernández.

Más aún: siete meses después de efectuada esta operación, el 12 de noviembre de 2014, se formalizaron los nombramientos de González Muñoz como presidente del patronato de la Fundación Bienestar para la Filantropía, Rincón Salas como vicepresidente y Román Hernández como vocal.