Ante la promoción que realizan funcionarios públicos de la administración estatal, desde el gobernador, el secretario de salud, así como funcionarios de segundo nivel, el diputado de Movimiento Ciudadano, Julián Peña Hidalgo, solicitó al Organismo Público Local Electoral y al Instituto Nacional Electoral que estas acciones sean vigiladas. 

El legislador indicó que a pesar de que la revista Central publicó una entrevista con el gobernador Rafael Moreno Valle en su número de julio, en el mes de septiembre se sigue promocionando en los canales de televisión de paga, lo cual es extraño pues se trata de un número atrasado.

Recordó que al concluir el Segundo Período Ordinario de sesiones, demandó ante el poder legislativo llevar a cabo la vigilancia.

Dijo que en el punto de acuerdo se exhorta de manera respetuosa al Instituto Electoral del Estado de Puebla (OPLE) para que, en estrecha colaboración con el Instituto Nacional Electoral, esté atento a la promoción personalizada de servidores públicos en el estado y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes.

Señaló que la actuación de las instituciones públicas representadas por los diversos poderes deben cumplir con las necesidades de sus gobernados en un estado de derecho que garantice la democracia, transparencia y participación ciudadana, en la organización de las funciones del Estado y siendo los servidores públicos los encargados de la administración en los diferentes poderes que emanan del gobierno. Indicó que estos deben de actuar dentro de la esfera de sus competencias y jurisdicciones respetando los ordenamientos jurídicos que rigen la administración pública.

Expresó que la promoción personalizada constituye una violación a los ordenamientos sobre el uso y fin de la publicidad gubernamental en relación con el manejo del presupuesto.

Recordó que a nivel federal, se ha legislado en la prohibición del uso de propaganda personalizada de los servidores públicos en funciones como lo establece la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos en el párrafo octavo del artículo 134:

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la  administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Precisó que el Tribunal Electoral Superior del Poder Judicial de la Federación, emitió una jurisprudencia respecto de la propaganda personalizada de los servidores públicos y señaló que las reglas que se han fijado en torno a la publicidad son claras:

a) Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público

b) Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje a través del medio de comunicación social de que se trate, para determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada susceptible de actualizar la infracción constitucional correspondiente.

c) Temporal. Pues resulta relevante establecer si la promoción se efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del proceso, se genera la presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando se da en el período de campañas; sin que dicho período pueda considerarse el único o determinante para la actualización de la infracción, ya que puede suscitarse fuera del proceso, en el cual será necesario realizar un análisis de la proximidad del debate, para estar en posibilidad de determinar adecuadamente si la propaganda influye en el proceso electivo.

Expresó que ante los constantes reclamos de la sociedad que exigen una explicación sobre la utilización de los recursos públicos en la promoción de imagen ante diferentes medios fuera de los ámbitos jurisdiccionales, tanto nacionales como regionales, pudiendo ser de radio, televisión, revistas, espectaculares así como gastos en la utilización de transportes y aeronaves oficiales en el traslado a eventos fuera del contexto de la labor institucional, debe mantenerse la vigilancia.