El dirigente del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla, Carlos Montiel Solana, reconoció que el tema de la fiscalización electrónica es una de las asignaturas pendientes en las que se tendrá trabajar próximamente, a través de una política recaudatoria igualitaria porque ahora se ahorca más a los contribuyentes que aportan puntualmente al erario.

Recordó que desde los primeros días de este mes el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) confirmaron que iniciarán las primeras auditorías electrónicas.

Montiel Solana dijo que independientemente de las auditorias virtuales que se estrenan, el pago de bienes y servicios por medio de la modalidad electrónica no ha sido una tarea completamente satisfactoria.

Detalló que aún fala por definir aspectos como el secreto bancario y los alcances para saber cuándo es aplicable o no el mismo. Sin embargo, consideró que en términos generales la contabilidad electrónica es buena.

“(La Secretaría de Hacienda y Crédito Público) no ha definido temas como formas de pago, si se paga en efectivo, transferencia, cheque u otra forma de pago, pero no ha dicho cómo se maneja ese número cuando la venta es a crédito y no en firme, con lo cual se puede caer en una desviación y problemas a futuro”, destacó.

El representante de la cúpula empresarial poblana detalló que “hoy por hoy más del 50 por ciento de las ventas son a crédito”.

El presidente del CCE insistió sobre la necesidad de que existan definiciones claras en torno al secreto bancario, se conozcan aspectos puntuales de los datos registrados en los bancos y se informe cómo proceder en casos específicos donde se sospeche que se está cometiendo algún tipo de delito; todo ello sin poner en riesgo la integridad de los contribuyentes.

Aunque aplaudió parte de la reforma fiscal de 2014 sentenció que cualquier norma será incompleta si permite la inseguridad, discrecionalidad y la falta de certeza jurídica y del Estado de Derecho.

Las auditorias electrónicas 

El pasado 6 de julio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció la constitucionalidad de las revisiones electrónicas vía buzón tributario. La única salvedad que condicionó la Segunda Sala fue que “aún cuando el contribuyente no objete en línea la resolución provisional con la que inicia la revisión, el SAT tendrá que emitir una liquidación definitiva fundada y motivada”.

Así desde este mes los empresarios que realicen movimientos que para el Sistema de Administración Tributaria (SAT) sean sospechosos, bien por el monto de la transacción o por la presunción de la comisión de un delito como la evasión al fisco o el blanqueo de dinero, serán auditados electrónicamente. 

Los contribuyentes por su parte no quedaron en la indefensión ya que quien decida puede solicitar ayuda y asesoría a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

El SAT y la Prodecon destacaron –en un comunicado- que desde que el contribuyente reciba en su buzón tributario la determinación provisional de adeudos con la que inicia la revisión electrónica, podrá acudir ante la Prodecon para solicitar Acuerdo Conclusivo, mediante el cual se suspende la auditoría, o bien desvirtuase de las observaciones de la autoridad o en su caso, regularizarse, a través de la figura del Acuerdo Conclusivo.