Las comisiones unidas de Equidad de Género, Procuración y Administración de Justicia, así como la de Desarrollo de la Familia, declararon un receso para la sesión donde se iniciaría la discusión sobre las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), enviadas por el ejecutivo estatal, al indicar que no se conocían a fondo las reformas.

A pesar de que fue el 29 de julio cuando el secretario general de gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, entregó el paquete de iniciativas que fueron turnadas a comisiones unidas, además de que los textos se subieron a la página del Congreso del Estado, algunos legisladores argumentaron que necesitaban más tiempo para discutir.

Los legisladores tienen hasta el próximo martes para llevar a cabo la discusión del paquete de iniciativas que serán votadas en la sesión extraordinaria del pleno el 14 de septiembre.

La presidenta de la Comisión de Equidad de Género, Silvia Tanús Osorio, dijo que la sesión era para iniciar la discusión de leyes en materia de igualdad y prevención de la violencia, como resultado de las observaciones de la Conavim que el gobierno del estado envió al Congreso.

De las observaciones que se harán, expuso que la propuesta cumple con lo que la Conavim está solicitando, sin embargo, el grupo  legislativo del PRI hará las consideraciones necesarias a fin de lograr un marco jurídico adecuado.

Violencia obstétrica, no estoy de acuerdo en que se penalice en virtud de que las cámaras de senadores y de diputados no han llegado a ningún acuerdo en ese tenor y lo que se logró  es considerarla como un tipo de violencia, pero los médicos tienen la Norma Oficial Mexicana y la Comisión de Arbitraje Médico.

Es una sobre penalización hacia el cuerpo médico y no incluye solamente a quienes están en el sistema nacional de salud, sino a quienes ejercen la medicina privada, no es justo

Hay que esperar al criterio generalizado, pues hasta el momento solamente en Veracruz, Chiapas y Estado de México lo tienen penalizado, y así como hay malos médicos y enfermeras que son los menos, hay profesionales reconocidos que diariamente atienden a la sociedad.

La presidenta de la Comisión de Equidad de Género explicó que, a petición de una ONG de Puebla, se presentó la iniciativa para tipificar la violencia obstétrica, pero no se ha penalizado.

“El grupo de trabajo pone que hay que legislar sobre el tema, pero ya se legisló, y no se establece que debe penalizarse sino capacitar a médicos y enfermeras para desarrollar mejor su trabajo”

Un documento extraviado

A pesar de los señalamientos del documento sobre violencia obstétrica, en el paquete de iniciativas enviadas el 29 de julio, no existe ningún punto al respecto y se presume que fue eliminado.

La iniciativa fue eliminada una vez que se criminalizaba a médicos y enfermeras, ya que las penas irían de tres a seis años de prisión pero la propuesta solo quedó en un borrador que no será discutido.

Luego de que en el Segundo Período Ordinario de sesiones se presentara un paquete de iniciativas por parte del secretario general de gobierno para atender las recomendaciones de  la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), en este, no se presentó la llamada Ley contra la Violencia Obstétrica.

De acuerdo a fuentes consultadas, sí existió un borrador donde se proponían reformas al Código de Procedimientos Penales del Estado de Puebla y en él se buscaba  criminalizar a médicos y enfermeras.

El documento sería el mismo que se presentó hace 4 años y que no tuvo eco en la anterior legislatura mismo que indicaba una reforma al código penal.

Artículo 243 bis.- Se entiende por Violencia Obstétrica el acto u omisión que llevan a cabo el personal médico, cirujanos y demás profesionistas similares y auxiliares, que en el ejercicio de su profesión u oficio, causen daño al cuerpo, la salud física o psicológica, así como, a los procesos reproductivos de las mujeres.

Artículo 243 quater. A quien realice las conductas señaladas en el artículo anterior, se le impondrán de tres a seis años de prisión y multa de hasta trescientos días de salario; si el sujeto activo del delito fuere servidor público, además de las penas señaladas se le impondrá destitución e inhabilitación, hasta por tres años, para ejercer otro empleo, cargo o comisión públicos.