Ante la insistencia de permisionarios para que haya un incremento a las tarifas del transporte público, la diputada Geraldine González Cervantes solicitó que la subsecretaría del Transporte dé a conocer el resultado de las revistas que se han hecho a las unidades, a fin de determinar si merecen el aumento.

La legisladora por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) señaló que independientemente de la modalidad de transporte de que se trate, no hay que perder de vista que representa un servicio de primera necesidad donde debe privilegiarse el interés y satisfacción de la ciudadanía.

Expresó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2014, del Inegi, el rubro con segundo mayor gasto en el hogar es el de transporte y comunicaciones, solo después de los alimentos, bebidas y tabaco.

Sostuvo que con lo anterior se dimensiona el deterioro que sufriría la economía familiar de concretarse el incremento a la tarifa del servicio público de transporte, situación que en el ideario social resulta injustificada, dadas las condiciones con las que actualmente se presta el mismo.

Ante los señalamientos de los concesionarios, recordó que cualquier acto comercial en el que se pacta la prestación de un objeto o servicio a cambio de una contraprestación o pago, debe ajustarse en la medida en que se otorga y satisface a las partes, de tal forma que para el caso del servicio de transporte, sus tarifas deben acordes a la calidad del servicio y de las unidades con las que se presta.

“Tenemos que ver condiciones como respeto, seguridad, sanidad, comodidad y eficiencia, son exigencias que la ciudadanía demanda de este servicio y que el estado procura garantizar a través de diferentes mecanismos, tales como la verificación de que las unidades no rebasen la antigüedad máxima establecida por ley, la revista vehicular, la contratación de un seguro para el viajero y para daños a terceros, la capacitación de concesionarios, permisionarios y choferes, así como la instalación de reguladores de velocidad”. 

González Cervantes insistió en que se ha puesto sobre la mesa la solicitud del sector transportista para incrementar la tarifa del servicio y existen pronunciamientos por parte del estado y de sus gobiernos, en funciones y electo, la prestación del servicio de transporte está regulada por la Ley de Transporte del Estado de Puebla, la cual impone ciertas obligaciones a cargo de los prestadores del servicio, mismas que deben cumplir para conservar su título de concesión y permiso, y más aún para estar en condiciones de solicitar el incremento mencionado.

Indicó que al hacer una recapitulación de las principales obligaciones de los transportistas – concesionarios, permisionarios y conductores-, y un balance del rendimiento del actual servicio, resulta evidente el incumplimiento de gran parte de sus deberes.

“Las condiciones de sus unidades son deplorables, indignas, a simple vista rebasan la antigüedad máxima con la que pueden contar. La gran mayoría de conductores carece de capacitación y sensibilidad. Prestan un servicio deficiente e inseguro. La totalidad de unidades carece de contador de pasajeros y regulador de velocidad. Además de que se habría de evaluar la contratación de los seguros correspondientes”.

Advirtió que pese a lo anterior, y aun cuando el incumplimiento de aquellas fácilmente representaría la pérdida de las concesiones, esto no ocurre y por el contrario, se exige un incremento por demás injusto.

“El señalamiento reiterado de la necesidad de incrementar la tarifa del servicio público de transporte exige, de manera previa, una evaluación de su funcionamiento. No olvidemos que, si bien aquel se presta por particulares a través de un título de concesión, no deja de ser un servicio de interés y beneficio social”.

Recordó que la Ley del Transporte Público para el Estado de Puebla contiene los requisitos, procedimientos y reglas que deben cumplir concesionarios, permisionarios, conductores, además de las características y modalidades de las unidades con las que se presta el servicio.

Comentó que ya presentó un exhorto donde se solicita al titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte del Estado que, de considerarse el incremento a la tarifa del Servicio Público de Transporte, remita a esta Soberanía de manera oportuna el estudio técnico que lo justifique, en términos de la fracción IV del artículo 6 de la Ley del Transporte del Estado de Puebla.

En el segundo punto se solicita al titular que remita a la brevedad, a la Comisión de Transportes y Movilidad del Congreso del Estado, un informe que detalle el cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte de los concesionarios del Servicio Público de Transporte en la entidad, así como las sanciones impuestas, en su caso.

Justamente de ahí debe partir cualquier planteamiento que demande un incremento, del cumplimiento de la ley y de la prestación de un servicio de calidad.

Requerimientos a la autoridad:

1. Revista vehicular y cada cuánto se realizan.

2. Inclusión e integración de las personas con discapacidad respecto al servicio público de transporte.

3. Instalación de contador de pasajeros y regulador de velocidad.

4. Antigüedad de unidades.

5. Si cuentan con, y está vigente, el seguro que cubra daños a terceros y responsabilidad civil del pasajero.

6. Capacitación de concesionarios, permisionarios y choferes.

7. Quejas ciudadanas presentadas y atendidas.

8. Número de siniestros que involucren al transporte público y sus consecuencias.

9. Total de muertes provocadas por el transporte público.

10. Concesiones canceladas por incumplimiento de obligaciones.

Estado del transporte

1. El rebase de la antigüedad máxima de las unidades con las que se presta el servicio, así como sus condiciones deplorables.

2. Un servicio deficiente, agresivo e inseguro por parte de los conductores.

3. No se cuenta con reguladores de velocidad ni con el seguro para viajero y terceros.

4. La ausencia de mecanismos eficientes de interacción, denuncia y atención de las quejas sobre el servicio de transporte.