Luego de la ola de violencia que se ha desatado en la zona oriente de Puebla, sobre todo por bandas de ladrones de combustible, tanto el secretario General de Gobierno (SGG), Diódoro Carrasco Altamirano, como el de Seguridad Pública (SSP), Jesús Rodríguez Almeida, minimizaron la problemática.

Así lo señalaron en sendas entrevistas al concluir para conmemorar a las víctimas del terremoto de 1985, que se llevó a  cabo en Casa Aguayo, en primera instancia Carrasco Altamirano, descartó que hayan sido rebasados por la delincuencia.

Por su parte, Rodríguez Almeida, responsabilizó a Petróleos Mexicanos (Pemex) de la incidencia de robo de combustible de sus ductos, por no atender de manera oportuna las clausuras de tomas clandestinas.

Además reveló que 70 cadáveres han sido abandonados en territorio poblano, y que tienen algún vínculo con la delincuencia que opera en otras entidades federativas, sobre todo, en Veracruz.

Subrayó que han sido identificadas 50, y trabajan para evitar que Puebla se convierta en un tiradero de cadáveres.

Mientras tanto, en los últimos días fueron linchados dos secuestradores en Chichiquila, además de que asesinaron del ex presidente municipal de Mecapala, y el ex alcalde de Venustiano Carranza sufrió un atentado.

Además el alcalde de Tochpetec, Marcos Pérez Calderón, amagó con renunciar a su cargo tras ser amenazado por la delincuencia o ladrones de ductos conocidos como huachicoleros o chupaductos.

 

Pemex y su culpa

Constantes enfrentamientos y ejecuciones se han registrado en los últimos días en el corredor denominado el Triángulo Rojo que abarca a más de 40 municipios, desde el Valle de Puebla hasta con límites con Veracruz.

Al respecto, Rodríguez Almeida, titular de la SSP, reconoció que en el estado existe una problemática en el robo de hidrocarburo, que es atendida por los tres niveles de gobierno, incluido el Ejército Mexicano.

Pero aclaró que en ocasiones cuando detectan una toma clandestina y se notifica a la paraestatal, estos no la atienden de inmediato, y genera que se siga con la sustracción del combustible.

Sobre las declaraciones del alcalde de Tochtepec, quien amagó con presentar su renuncia, el funcionario estatal señaló que la decisión es una situación personal.

Y afirmó que hasta el momento ningún presidente municipal ha denunciado alguna intimidación por parte de la delincuencia.

Asimismo se lavó las manos Rodríguez Almeida, sobre las agresiones que en menos de 24 horas sufrieron ex alcaldes de Mecapala, Jesús Antonio Hernández Jiménez y el de Venustiano Carranza, Rigoberto Barragán Amador, a quien presuntamente intentaron secuestrar en la carretera federal México-Tuxpan.

Indicó que ambos son materia de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado.

Sin embargo, afirmó que están trabajando en la seguridad en los 217 municipios con la implementación de las Bases de Operaciones Mixtas (BOM), con los cuerpos de seguridad pública tanto de la federación, estatal y municipal para combatir a la delincuencia.

Reveló que 70 cadáveres han sido abandonados en territorio poblano, y que tienen algún vínculo con la delincuencia que opera en otras entidades federativas, sobre todo, en Veracruz.

Subrayó que han sido identificadas 50, y trabajan para evitar que Puebla se convierta en un tiradero de cadáveres.

 

Las indagatorias

Sobre la ola delictiva, Diódoro Carrasco Altamirano, descartó que hayan sido rebasados por la delincuencia.

En torno a las presuntas amenazas que ha sufrido el alcalde de Tochtepec, Marcos Pérez, anunció sostendrá una reunión para emprender una serie de estrategias.

Carrasco Altamirano, refirió que hace 3 semanas sostuvo un encuentro con el alcalde, quien mostró su preocupación  por la incidencia delictiva, y acordaron en iniciar con algunas medidas en materia de seguridad.

La seguridad sería tanto personales como de coordinación con su policía, de entrada, a quienes les recomendó que tendrían que terminar con el ciclo de evaluación de las pruebas de confianza.

Aclaró, que le otorgaron un protocolo de seguridad, lo mismo que con los alcaldes de la zona por donde pasa el ducto, y donde hay una incidencia, con la intención de que todos se cuiden por la responsabilidad que ejercen.

Diódoro Carrasco, argumentó que los servidores públicos cuentan con un salario y recursos para la contratación de un seguro, ya que el gobierno del estado no tiene ninguna partida especial para ello.

Sin embargo, aclaró que no se trata de implementar este tipo de mecanismos, sino de combatir a la delincuencia, y de trabajar coordinadamente para atender las demandas en materia de seguridad.