Permisionarios del transporte público de pasajeros y de carga en los municipios de Tehuacán, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, Huejotzingo, Tlahuapan, Huauchinango y Pahuatlán, denunciaron ante el Congreso del Estado que la piratería se ha desbordado y demandaron que se ponga freno a la competencia desleal.

La diputada del Partido Verde Ecologista de México e integrante de la Comisión del Transporte, señaló que de manera oficial afectados por prácticas desleales le hicieron llegar una petición para que las autoridades pongan orden en las diferentes regiones.

Recordó que entre los servicios públicos que el estado presta a la ciudadanía, está el de transporte que concentra gran relevancia debido a que permite la movilización de la sociedad, de sus ramas y sectores.

De acuerdo a la Ley del Transporte para el Estado, el servicio se presta por sí, o por terceros mediante el otorgamiento de una concesión.

Explicó que el servicio mercantil, entre los que se ubican el de taxi y taxi local, es el que prestan los particulares directamente a otros particulares, constituyendo una actividad comercial, y que para su funcionamiento necesitan del permiso o autorización de la Secretaría.

Señaló que la naturaleza pública del transporte permite al gobierno establecer ciertos criterios y requisitos a fin de garantizar su calidad en beneficio de la ciudadanía.

Comentó que lo establecido dentro de la Ley citada, misma que regula las distintas modalidades del servicio, las características de los vehículos con los que se presta, las condiciones que deben cumplir los sujetos que lo ejecutan, así como el reconocimiento de derechos y obligaciones de concesionarios y permisionarios, quienes se sujetan a este régimen al momento de obtener la autorización o título correspondiente.

Recordó que la intención de condicionar la prestación de los servicios públicos de transporte y mercantil de personas, a la autorización de la autoridad, se debe a la necesidad de conservar un orden, pero en especial de otorgar todas las garantías a la ciudadanía respecto a un servicio que debe brindarse con suficiencia, certidumbre, seguridad y calidad.

En la actualidad en nuestro estado contamos con 12 mil 600 concesiones de servicio público de transporte, 19 mil 75 permisos de taxi y 1150 permisos de taxi local, dijo la diputada local.

Sin embargo comentó que a las cifras anteriores se suman un número considerable de unidades irregulares que circulan a lo largo del territorio poblano, convirtiéndose en focos rojos para la ciudadanía debido a la incertidumbre de su funcionamiento.

Reiteró que  transportistas de los municipios de Tehuacán, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, Huejotzingo, Tlahuapan, Huauchinango y Pahuatlán, han alzado la voz a fin de solicitar la intervención de las autoridades para poner fin, de una vez por todas, al transporte irregular.

González Cervantes manifestó que la ley es clara al respecto, es imposible, al menos jurídicamente, prestar el servicio público de transporte y el mercantil de pasajeros sin contar con la autorización de la autoridad. Pese a ello, el problema del transporte pirata, como se le conoce, va al alza.

 

Precisó que  es oportuna y necesaria la intervención de las autoridades competentes en la materia, como  la Secretaría de Infraestructura y Transportes, quien supervisa el funcionamiento del transporte público, para lo cual puede convenir con otras dependencias e instancias, como los ayuntamientos, la ejecución de sus funciones.

Indicó que también se encuentra  la Secretaría de Seguridad Pública, a quien de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, le corresponde organizar, dirigir, capacitar, administrar y supervisar las fuerzas de seguridad vial del Estado y apoyar a los cuerpos de inspección y vigilancia de los servicios de transporte en sus diversas modalidades.

La Secretaría de la Contraloría, quien de acuerdo a los artículos 41, 42 y 43 de su Reglamento Interior, autoriza e instruye la práctica de inspecciones a los vehículos del Servicio Público de Transporte y al Servicio Mercantil, y, finalmente, los Ayuntamientos, quienes además de estar en condiciones de signar los convenios de colaboración respectivos, pueden intervenir en la formulación y aplicación de los programas de transporte público de pasajeros cuando afecten su ámbito territorial.

La legisladora señaló que la suma de esfuerzos de estas instancias, la aplicación imparcial de la ley, el combate a la corrupción que tolera el funcionamiento de unidades irregulares, así como la colaboración de la sociedad, hará posible mejorar la calidad de los servicios públicos, en cuyo caso el del transporte público no puede ser la excepción.

 Recordó que en la pasada sesión de la Comisión Permanente presentó un punto de acuerdo  para que se revisé la legalidad con que operan las unidades y se combata la piratería.

 

Punto de acuerdo

PRIMERO. – Se solicita a las Secretarías de Infraestructura y Transportes, de Seguridad Pública y de la Contraloría, todas del Estado, que de manera coordinada y en el ámbito de su competencia, multipliquen y fortalezcan los operativos para identificar y retirar de la circulación a las unidades que presten los servicios de transporte público y mercantil de personas, de manera irregular, sin la concesión o permiso correspondiente, involucrando para el caso a los Ayuntamientos de la entidad.

SEGUNDO. – Se solicita a los 217 Ayuntamientos del Estado que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 fracción LIII de la Ley Orgánica Municipal y 8 de la Ley de Transportes del Estado de Puebla, coadyuven con las Dependencias mencionadas en términos del punto anterior, a fin de garantizar certeza, seguridad y calidad a sus gobernados, respecto a la prestación de los servicios públicos de transporte y mercantil de personas.