Puebla es un claro ejemplo de impunidad ante el abuso de la publicidad oficial y su excepción electoral. Así fue sentenciado por los organismos de transparencia Fundar y Artículo 19, mediante el estudio denominado Libertad de expresión en venta, acceso a información y censura indirecta en publicidad oficial.

Y es que detalla que a pesar de que el gobernador Rafael Moreno Valle fue declarado responsable de infringir la Constitución y el código electoral, de manera reiterada en 2012 y 2014, salió impune.

Todo debido a que las autoridades correspondientes, en este caso el Congreso del Estado y la Contraloría, no han aplicado las debidas sanciones.

“La falta de regulación en la materia es una de las principales causas para que las autoridades burlen las prohibiciones que impiden la promoción de los servidores públicos y las restricciones a los contenidos y difusión de los informes de gobierno”, señalaron los especialistas.

El análisis o estudio fue presentado en la Ciudad de México este martes, en el cual se especifica que cada año las administraciones estatales destinan carretonadas de dinero a la promoción de programas, acciones de gobierno y diversas campañas de comunicación.

Pero los montos, razón y destino, son difíciles de conocer. “Bajo el rubro de publicidad oficial, representantes políticos nos cuentan su historia: una historia cuidada, construida a base de datos y mensajes en donde lo decisivo es la imagen proyectada”, señalaron.

“El culto a la personalidad, no la utilidad pública de esta información”, indicaron los organismos al inicio del estudio.

“Los ejemplos abundan sin discriminación de partido o adscripción. Desde la mirada inexplicablemente risueña de Manuel Velasco, gobernador de Chiapas, inundando muros y espectaculares de varias ciudades lejanas a la entidad sureña, hasta el mensaje del gobernador poblano Rafael Moreno Valle, reproducido en 23 entidades del país, encontramos una y otra vez, casos similares de narcisismo oficial cimentado en el aplauso al logro y la oda a la buena gestión”, señalaron Fundar y Artículo 19.

Por encima de la ley

Dichos organismos de transparencia detallaron que desde 2007 en México está constitucionalmente prohibido que cualquier servidor público difunda su nombre, imagen, voz y símbolos a través de la publicidad oficial. 

Sin embargo, señalaron que existe una excepción a la interdicción de esta promoción personalizada: la difusión de los informes de labores anuales.

Por lo mismo, citaron en el estudio de más de 80 páginas, que el abuso se ejemplifica con claridad en el caso de Puebla, donde Moreno Valle ha recurrido a una importante promoción personal tan solo en el marco de sus informes. 

“Para Rafael Moreno Valle los límites de Puebla no están ahí donde los mapas marcan las fronteras del estado”, señalaron.

Detallaron que del espacio que gobierna bien caben más de 26 estados, pues hasta allá ha extendido la publicidad en cine, radio y televisión de sus informes de labores en 2012 y 2014.

Todo a pesar de que la autoridad electoral ha encontrado responsable al gobernador panista de promocionar su imagen, violando reiteradamente el artículo 134 constitucional y los límites de la difusión de los informes de gobierno, no se han implementado las debidas sanciones.

Informe tras informe

Se detalla que en el primer informe de Moreno Valle, el 15 de enero de 2012, fue contratada a la empresa Make Pro, compañía subsidiaria de Corporativa Interamericana de Entretenimiento (CIE). 

De este modo, se inundaron las salas de cines del país con anuncios propagandísticos.

Según la autoridad electoral, el entonces Instituto Federal Electoral, se transmitieron 3 mil 266 spots cinematográficos o “cineminutos”.

El costo de dicha campaña superó los 14 millones pesos. Tal cifra le costó al gobernador llevar su campaña fuera del territorio poblano, como lo comprobó el IFE.

Una tarea para la que se contrató a la empresa Make Pro, compañía que a su vez mantiene nexos económicos y sociedad con Televisa. El IFE, entonces, planteó en su resolución CG280/2012 la necesidad de iniciar “un juicio de reproche en contra del actual gobernador del estado de Puebla, en razón de que la promoción personalizada que se configura es inherente a su persona”.

Su resolución concluía, sin embargo, que el Congreso local era la única instancia facultada para establecer un juicio del tipo referido, sin embargo, no fue compartida por los diputados locales. 

El entonces presidente de la Comisión de Gobernación, Gerardo Mejía, desechó el caso, pues “el Poder Legislativo se encontraba imposibilitado para sancionar a Moreno Valle o al entonces director de Comunicación Social, Sergio Ramírez Robles”.

La única penalización que se ha impuesto hasta el momento es una amonestación privada contra Ramírez Robles.

Durante el tercer informe de gobierno, en una segunda ocasión, tras una denuncia del Partido Revolucionario Institucional en 2014, el INE concluyó que Rafael Moreno Valle Rosas infringió lo dispuesto la Constitución Mexicana en relación con la excepción en la Ley Electoral relacionada con los informes de gobierno.

El instituto comprobó la transmisión de 2 mil 758 spots de radio y televisión en 25 estados del país, además de los 5 mil 341 que se transmitieron en Puebla.

El PRI logró detectar 4 mil 262 spots. Pero de estos, el INE ratificó solo 3 mil 145, es decir, 73 % del total, que coincidían en entidad, emisora, fecha y material.

La investigación del INE, basada en la información que proporcionaron las empresas productoras y Cablevisión, confirmó la transmisión de un volumen mayor de spots a los detectados por GA Comunicación en dos canales: Milenio TV y Green TV.

Para la campaña publicitaria del tercer informe del gobernador Moreno Valle, se contrató también a Radiorama, compañía que incluye varias razones sociales en todo el país.

En 2014, Radiorama transmitió spots radiales del tercer informe del gobernador Rafael Moreno Valle en 26 estados y a través de más de 80 radiodifusoras (de 431 que registra el grupo como afiliadas).

Se incluyeron las emisoras de los grupos Exa, Ultra, y Milenio Radio. La transmisión de spots, según verificó, documentó y comprobó el INE.

Las entidades federativas con el mayor número de impactos, más allá de Puebla, fueron el Distrito Federal (383), Sonora (350), Nayarit (313), Guanajuato (319) y Jalisco (290). 

Prácticamente, uno de cada cinco spots que el INE contabilizó en la promoción del tercer informe de labores del mandatario poblano se difundió en una de estas entidades.

De hecho, 34 % de los 8 mil 99 spots transmitidos en señal abierta de radio y televisión se hizo fuera del estado de Puebla.

Frente a estas infracciones, el INE pidió al Congreso poblano, nuevamente, que sancionara al mandatario y a la Contraloría estatal que iniciara un procedimiento en contra de Marcelo García Almaguer, exdirector de Comunicación Social del gobierno de Puebla y actual vocero del Comité Ejecutivo del Partido Acción Nacional.

Por segunda ocasión, los diputados exoneraron al gobernador. La Contraloría solo aplicó una “amonestación privada”, según reconoció la dependencia a una solicitud de información. 

Se desconocen más detalles relacionados con el procedimiento, pues el acceso al expediente implicó superar una reserva de información, un pago de 9 mil 852 pesos para la entrega de copias 28 y una versión pública estéril que clasificó hasta el nombre del gobernador Moreno Valle. 

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