La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Geraldine González Cervantes, demandó que se reforme la Ley del Transporte del Estado de Puebla para que haya unidades que garanticen la seguridad de las mujeres, mediante la aplicación del programa “Transporte Rosa”, cuya primera instancia podría darse en el sistema Ruta.

La legisladora señaló el incremento de la violencia contra las mujeres en Puebla y, uno de los lugares en donde se presentan más este tipo de agresiones es en el transporte público, a través del robo y el acoso.

Recordó que en la anterior sesión del Congreso del Estado, presentó un exhorto para que se lleve a cabo una reforma a la ley y se vaya implementando se forma gradual el “Transporte Rosa”, como ocurre en la capital del país.

Comentó que ONU Mujeres trabaja en la implementación del programa de Transporte Público Seguro para Mujeres, Niñas y Niños, el cual comenzó en 2015 y durará hasta 2017 y tiene como objetivo modernizar la infraestructura de transporte, incorporando consideraciones de género para poner fin al acoso sexual contra las mujeres.

Algunos casos de éxito con relación a esta propuesta, son los sistemas del metro de Brasil, Japón, Taiwán, Egipto, Malasia, India, Israel e Indonesia, donde se ha optado por la definición de rutas, horarios y unidades de transporte público exclusivas para el uso de las mujeres.

Precisó que en la Ciudad de México dicho esquema opera desde el 2008 a través del programa Atenea, con el cual, mediante 67 unidades que recorren 23 rutas, se ha transportado a más de 6.5 millones de usuarias a la fecha, evitando así el acoso contra la mujer.

“Es necesario ajustar nuestro marco legal a las circunstancias que la propia dinámica social nos impone. Proponer la atención preferencial en un servicio tan necesario e irremplazable como lo es el transporte público, en beneficio de la mujer, dadas las condiciones de violencia y discriminación en que tradicionalmente han padecido”.

“Este tipo de medidas se han convertido en acciones permanentes para avanzar en el rubro de la no violencia contra la mujer. Garantizar su seguridad, en primer término, y concientizar a la sociedad sobre la importancia del respeto de los derechos e integridad de sus semejantes”, insistió.

Señaló que con las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, se establece la necesidad de priorizar el acceso al servicio de transporte para las personas y grupos catalogados como vulnerables. Es decir, a los adultos mayores, personas con discapacidad, niñas, niños y mujeres. Lo anterior, considerando y atendiendo sus requerimientos particulares y, en su caso, disponiendo la adaptación de unidades, o parte de estas, para su uso exclusivo.

Mientras con las reformas a la Ley del Transporte para el Estado, se dispone la prestación del servicio público de transporte y mercantil de personas, con unidades de uso exclusivo para mujeres y menores de trece años de edad. Aquello, sujeto a los estudios técnicos que permitan definir horarios, rutas, zonas y regiones de aplicación.

En tanto, las reformas a la Ley Para Prevenir y Eliminar la Discriminación del estado, sugieren fortalecer las medidas positivas y compensatorias que realizan los entes públicos a favor de las personas en situación de discriminación, entre las que se encuentra el servicio de transporte público, mismo que deberá ser provisto con el uso exclusivo de unidades para niños y mujeres, lo cual les garantizará bienestar y no discriminación o violencia.

Dijo que su propuesta es exhortar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado con el fin de que instruya la implementación de un Programa de Transporte Rosa, prestado a través de unidades exclusivas para el uso de menores de trece años de edad y mujeres.

Cuestionada sobre la viabilidad del sistema, indicó que podría ser en la Red Urbana del Transporte Articulado donde podría iniciar, para llegar a los autobuses o unidades de menor capacidad.

Geraldine González expresó que se busca que no ocurra lo mismo que en 2009, cuando entraron en operación los llamados “taxis rosas” pero no hubo una regulación de los mismos, los cuales acabaron prestando un servicio mixto y, posteriormente, enfrentaron problemas legales por no haberse trabajado a fondo.

Reiteró que hay la necesidad de proyectar medidas especiales para un sector tradicionalmente vulnerado pues no es preocupación exclusiva de nuestra nación o estado.

Finalmente indicó que para la salvaguardia de la integridad de las personas y el respeto de sus derechos, no hay esfuerzo que resulte exagerado.