La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), informó que no se ha cumplido completamente la recomendación 2VG/2014 girada contra el gobierno de Rafael Moreno Valle.

Así lo confirman documentos entregados a Elia Tamayo Montes la tarde de este miércoles, durante una reunión con el sexto visitador, Jorge Ulises Carmona Tinoco.

Sin embargo, en los documentos, en poder de Intolerancia Diario, señalan que el gobierno de Puebla recientemente entregó documentación que se analizará para saber si se cumplen los puntos pendientes.

Esta semana, este medio de comunicación reveló que la CNDH daría por cumplida la recomendación contra el gobierno de Rafael Moreno Valle, a pesar de que afectados dicen lo contrario.

En el informe se detalla que Elia Tamayo recibió, desde el 2 de septiembre de este año, tres cheques que en conjunto suman 2 millones y medio de pesos, con lo que se pretende cerrar el punto referente a las indemnizaciones a los afectados.

“Esta Comisión Nacional le reitera que las recomendaciones que emite son evaluadas en su integridad. Por ello la recomendación 2VG/2014 no puede darse por cumplida, hasta que los puntos recomendatorios pendientes hayan sido satisfechos”, refiere el documento firmado por el visitador.

“En fechas recientes las autoridades del gobierno de Puebla remitieron información diversa sobre tales puntos, misma que se encuentra en análisis y valoración (…), resalta al final del informe.

El 9 de julio de 2014, en la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, habitantes del lugar y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal protagonizaron un enfrentamiento durante el desalojo de la autopista Puebla-Atlixco que se mantenía cerrada.

La pérdida de la vida del niño José Luis Tlehuatlie, de 13 años de edad, hijo de Elia Tamayo, junto con varias personas lesionadas, fue el resultado del enfrentamiento.

Tras un mes de investigaciones, la CNDH emitió la recomendación 2VG/2014 en la que comprobó la violación grave de derechos humanos, por lo que emitió 11 puntos a cumplirse.

Ahora, a dos años cuatro meses de distancia, están cumplidas 10 recomendaciones y la última está a la mitad resarcida, según la CNDH, para que se dé por cerrado el caso.

El expediente

En el oficio 79768, la CNDH explicó a detalle que tres de los 11 puntos están pendientes, sin embargo, el pasado 9 de noviembre el Fiscal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, entregó documentos, los cuales aún se analizarán. 

Dichos puntos refieren al estado de las averiguaciones previas iniciadas y los procesos penales tramitados con motivo de los hechos, así como la reparación económica.

De este modo, la CNDH informó que fueron sujetos de procedimiento por la Secretaría de la Contraloría, 16 servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, implicados en la represión contra pobladores de Chalchihuapan, entre ellos el ahora extitular, Facundo Rosas.

La sanción para Facundo Rosas fue una amonestación pública y una sanción económica de 500 mil pesos; para la subsecretaria de Coordinación de Operaciones Policiales, destitución y sanción de 250 mil pesos.

La misma sanción para el coordinador de Despliegue Territorial y al director de Operaciones Especiales, una multa de 125 mil pesos.

También se ejecutó una sanción administrativa contra seis policías y, además de la destitución, se les inhabilitó por dos años para desempeñar empleos de servicio público.

A tres policías que fungieron como escopeteros, solo se les sancionó con suspensión de un mes sin goce de sueldo y a otros tres elementos con una inhabilitación de un mes para desempeñar cargos públicos.

En cuanto a procesos penales, se informó que 16 personas fueron sujetas a procesos, 10 de ellos civiles y el resto policías.

Dos elementos policiacos fueron procesados por homicidio culposo en contra del niño José Luis Tlehuatlie Tamayo, a quienes se les sentenció a 3 años nueve meses  de prisión, cabe decir que ambos están libres al parecer por haberse conmutado la pena.

Otros cinco uniformados tuvieron sentencia de entre dos años siete meses de prisión y cuatro años, con multas de 43 mil pesos. Todos están libres.

Todos los civiles detenidos fueron procesados por ataques a las vías de comunicación y recibieron sentencias de 1 mes 15 días de prisión, pero se acogieron a la conmutación por multa para obtener su libertad.

Destacó la CNDH que está analizando el estatus jurídico de las decisiones jurisdiccionales.

Un comunicado de la CNDH, emitido a Intolerancia Diario, reveló que DE 11 puntos recomendatorios, 8 estaban totalmente atendidos y los 3 restantes tienen un estatus de pendientes de cumplimiento.

Informó de este modo que la CNDH solicitó al Gobierno del Estado de Puebla información relacionada con el cumplimiento de los puntos Segundo, Tercero y Décimo.

“Acerca del punto recomendatorio Segundo, en lo relativo a órdenes de aprehensión vigentes contra particulares, pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, esta Comisión Nacional lo considera parcialmente cumplido, ya que la información remitida por el Gobierno del Estado de Puebla sólo hace referencia a servidores públicos y no informa la situación jurídica de los pobladores particulares”.

“Sobre el punto Tercero, se le considera totalmente cumplido, ya que la señora Tamayo Montes aceptó los cheques de caja por un monto total de dos millones 500 mil pesos, como ella misma lo confirmó ante personal de la CNDH”.

Aclaró que la CNDH no fija los montos de indemnización a las víctimas, ya que no es su atribución.

Finalmente, en cuanto al punto Décimo, se considera totalmente cumplido, ya que la situación jurídica (penal y administrativa) de los servidores públicos está resuelta y las resoluciones administrativas y las sanciones penales se encuentran firmes. 

Yo no fui

En entrevista, el secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, comentó que están a la espera de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emita el informe en torno al cumplimiento de la recomendación 2VG/2014.

“La única autoridad competente para determinar si se cumplió o no la recomendación, es la propia CNDH, no es el gobierno, ni los agraviados, ni los medios de comunicación, estamos en espera de que emita el dictamen”, dijo en entrevista este jueves.

Afirmó en que el gobierno del estado atendió puntualmente las recomendaciones como la  reparación del daño, que implicaba un tema económico con la mamá del menor que falleció.

Aseveró que el pago se convino en revisión con los abogados de la señora, de la Fiscalía a cargo de las investigaciones, de la sub secretaria de Prevención del Delito y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, y del sexto visitador de la Comisión de Derechos Humanos.

El monto, precisó, se estableció bajo los criterios de los protocolos internacionales para depositar el dinero, que retiró la señora.

“Niego rotundamente que hubiese presión, la señora  estaba en libertad de retirar o no el dinero, y lo hizo”, sentenció.

Y es que en la víspera Elia Tamayo acusó ante medios de comunicación de haber sido presionada para aceptar.