El Congreso del Estado aprobó en comisiones unidas la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la Ley del Consejo de Armonización Contable, así como la Ley para crear el Sistema Estatal Anticorrupción que entrarán en vigor a partir de enero de 2017. Los resultados de las auditorías se conocerán hasta enero de 2018.

La presidenta de la Comisión Inspectora, Patricia Leal Islas, sostuvo que para la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción se tuvo la participación directa de la sociedad civil y señaló que en la reunión, sostenida la mañana del martes con el Consorcio Universitario, este señaló 24 puntos, de los cuales se demostró que 23 están en los documentos.

Afirmó que solo lo referente al Servicio Civil de Carrera, que no se encuentra contemplado en la armonización, no está en el documento y que era un observación del consorcio.

Recordó que habrá un Comité Ciudadano Anticorrupción y el consejo rector del mismo sistema estará presidido por un ciudadano.

Leal Islas señaló que nadie quiere poner medidas correctivas a la corrupción sino preventivas, por ello en los informes que se presenten deberá haber un apartado de observaciones.

La presidenta de la Comisión Inspectora recordó que habrá  auditorías preventivas y capacitación a los sujetos de revisión, lo que apoyará a una mejor rendición de cuentas.

Señaló que la auditoría, en el primer semestre 2017, llevará a cabo cursos de capacitación para el personal, así, se pide a los diputados que envíen a los presidentes municipales a la capacitación

En la Ley de Rendición de Cuentas, los auditores externos tienen la obligación de notificar a los órganos si encuentran irregularidades. 

La legisladora informó que será hasta el principios de 2018 cuando comenzarán a hacerse públicos los dictámenes, una vez que la ley no es retroactiva.

Los cambios

Como lo señala la ley, particulares y funcionarios que incurran en actos de corrupción a partir de 2017 serán sujetos al decomiso y privación de la propiedad de los bienes que no puedan demostrar que los obtuvieron de manera legítima.

La legisladora aseguró que el Sistema Estatal Anticorrupción era un clamor ciudadano ante la situación que se presentaba no solo en Puebla, sino en todo el país.

Leal Islas aclaró que no se crea un sistema como tal para hacer más burocracia pues tiene como objetivo la participación ciudadana, fortalecer a las instituciones y hacer leyes más severas para inhibir actos de corrupción.

Quien fuera también contralora del estado, explicó que se crean figuras novedosas como el caso de la judicatura, por lo menos en Puebla, ya que en otros estados ya existía la fiscalía anticorrupción y el Tribunal de Justicia Administrativa.

Asimismo, se nombrará a los órganos internos de control y al propio contralor, quien será ratificado por parte del Congreso del Estado.

Puntualizó que en este nuevo sistema hay un  endurecimiento de las leyes aolicadas a los particulares.

“Siempre se ha dicho que para que exista un acto de corrupción tiene que haber dos partes, el que ofrezca y el que recibe, y la ley aplica para servidores públicos y también para particulares.”

La legisladora puntualizó: “Una de las consecuencias más graves que se llegará a dar cuando llegaran a existir actos de corrupción es el decomiso y privación de la propiedad de aquellos bienes que no se puede demostrar su legal propiedad”.

La presidenta de la Comisión Inspectora señaló que es una armonización con la federación y es una de las banderas de Acción Nacional, partido que ha promovido la transparencia y el Sistema Anticorrupción