La situación de los presos políticos, herencia de la exadministración estatal, deberá ser analizada por el gabinete de Tony Gali para mantener los principios de humanidad que privilegia el gobernador, puntualizó la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre.

Durante la definición del calendario de marchas que realizarán diversas organizaciones adheridas al Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla (FosyPue), además de la Asamblea Popular Puebla en Lucha y una delegación de Jolalpan, Antonio Vidal Juárez, representante del Consejo a General de Representantes de la UPVA, valoró que el gobernador privilegie el diálogo, en lugar de la política represiva que caracterizó a su antecesor.

Así, los dirigentes de la 28 de Octubre esperan que el gobernador responda a la solicitud de audiencia para analizar los casos de Rubén Sarabia “Simitrio”, Xihuel y Rubén Sarabia Reyna, Luis Fernando Alonso Rodríguez y José Muñoz Villegas.

Desde la perspectiva de la UPVA sus presos son políticos, porque encabezaron movimientos sociales antidemocráticos realizados a lo largo del sexenio del exgobernador.

Pero el caso de Simitrio es diferente porque, recordó Vidal Juárez, que el activismo social de Rubén lo llevó al Reclusorio de San Miguel a través de un engaño de las autoridades estatales en turno, además de que el líder moral de la 28 de Octubre ha demostrado en los juzgados su inocencia.

El entorno social de seguridad, dijo, el gobernador Gali Fayad deberá corroborarlo a través de su gabinete y generar un clima político idóneo para liberar a Simitrio porque “no es justo que siga pagando por algo que ya demostró no cometió”.

Durante la conferencia de prensa, el representante de  la unión de vendedores, destacó que una de las penas impuestas por las autoridades judiciales a Simitrio ya se cumplió hace más de un año, motivo que, sumado a las evidencias demostradas en los juzgados, su líder ya debe ser absuelto.

Caso gasolinazo

En su momento, el capitán en retiro del Ejército Mexicano, Jorge Octavio Martínez Ovando, destacó que más de un grupo superior a los 160  poblanos se amparó contra el gasolinazo del pasado uno de enero.

Martínez Ovando indicó que los casos caminan positivamente en los juzgados en donde se inconformaron por el incremento a las tarifas de las gasolinas y diésel.

Indicó que esperarán pacientemente la resolución de los casos y, si algunos son resueltos como improcedentes, acudirán  a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para cerrar el proceso legal.

Al referirse a la disminución del costo de los energéticos por dos centavos no fue suficiente porque la tarifa de la energía eléctrica también se incrementó.

Pobladores de Jolalpan no se retirarán

La representación de Jolalpan advirtió que no retirarán el plantón que mantienen a las afueras del Congreso hasta que el presidente municipal, Antonio Javana García, se retire temporalmente.

Al alcalde lo acusan de  enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y nepotismo, lo que ha generado ingobernabilidad en el municipio.

Pobladores de Jolalpan se reunieron con Roberto Martínez de la Secretaría General de Gobierno (SGG), el viernes pasado para comenzar a resolver el conflicto.

Las marchas

El martes 7, la movilización se centrará para  solicitar en el Congreso la abrogación de la modificación a la Constitución local aprobada en enero y que cambia a los responsables de administrar el agua en los municipios.

En el Día Internacional de la Mujer a realizarse el miércoles 8 la marcha, el tema será el de inseguridad femenil vive al interior del  estado. La marcha partirá del mercado Hidalgo hacia el zócalo.

Las marchas cierran el jueves 9 en las calles del Centro Histórico con la movilización del Comité de Presos Políticos en la que participarán actores y escritores de talla nacional con el tema de respaldo a la solicitud de liberación que se realiza en la plataforma digital de Change.org.