Los siete recursos de controversia constitucional emitidos por municipios de Puebla en contra de la reforma a la Ley del Agua, fueron aceptados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para su estudio.

En entrevista, durante una manifestación por las calles del Centro Histórico, así lo confirmó Maurilio Galiote Mixcóatl, integrante del organismo Pueblos Unidos Contra la Privatización del Agua (PUCPA) y señaló que saben que los ministros “la van a hacer larga” para poder determinar el caso.


Asimismo, indicó que llevaron al Congreso del Estado los documentos de 14 municipios que están en contra de la reforma, ya que afirman, se les quitan facultades para administrar el líquido.

“Creemos que las condiciones legales, argumentos si proceden para derogar la ley”, dijo, “porque además de los intentos a la privatización del agua, vulnera el artículo 115 constitucional, violando la autonomía de los municipios”, aseveró.

Por lo tanto, manifestó que PUCPA considera que las controversias van a tener una resolución favorable. Sin embargo, de no ser así, como movimiento social ya se encuentran discutiendo una serie de acciones para seguir la resistencia civil.

“Nos estamos conjuntando diferentes organizaciones sociales de ciudadanos, agrupando en torno a más que defensa, contra la privatización del agua”, refirió al anunciar un foro para el 19 de marzo a las nueve de la mañana en el municipio de Coronango.

“Ellos (diputados y gobierno) dicen que no hay tal privatización, entonces queremos congruencia, sino hay tal intento que deroguen la reforma”, indicó. También denunció que, detrás de esta medida, se encuentran los intereses de la iniciativa privada. 

“De no tener respuesta favorable, empezaremos un plan de acción que daremos a conocer”, advirtió.

Precisó que no importa el número de municipios que interpongan el proceso legal, siempre y cuando uno solo gane la controversia, con el fin de sentar las bases y convertirse en precedente para el resto de las localidades de la entidad.

“La protesta es un termómetro social para que el gobierno del estado decida si quiere seguir adelante con la reforma que privatiza el agua, pues existe el riesgo de rebelión por parte de varios pueblos”, advirtió. 

La semana pasada los municipios de Coronango y Juan C. Bonilla se unieron al de San pedro Cholula e interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma a la ley del agua, en la que presuntamente les quitan la facultad de dar el servicio del líquido.

Un día antes, la presidenta municipal de Coronango, Hermelinda Macoto, fue presionada por un grupo de pobladores que estuvieron a punto de tomar la presidencia municipal en exigencia de frenar la aprobación.

La exigencia

Mientras tanto, fue entregado un documento al Congreso del Estado, dirigido a Jorge Aguilar Chedraui, presidente de la junta de gobierno, en el que exigen se derogue la ley.

“Venimos a solicitar su intervención ante la inconformidad social generada en diversas comunidades y pueblos del Estado, por la pretensión de privatizar el agua”.

En el texto recuerdan que el 27 de enero pasado, fue publicado en el periódico oficial del Estado, la reforma del Artículo 12 en su fracción VI.

“Misma que además de ser violatoria al ordenamiento 115 de la Constitución Mexicana, tiene como objetivo principal, concesionar la distribución de este recurso natural”.

“Advertimos que no vamos a permitir tan pretensión de imponernos que la distribución sea manejada por el Estado, pasando por alto las costumbres, tradiciones y cultura que rigen nuestras comunidades, puesto que nuestras raíces son indígenas”, exigen.

“Asimismo acompañamos a la presente copias de actas de cabildo de diferentes municipios en donde manifiestan y hacen público su rechazo a dicha reforma y al intento de privatizar el agua”, concluye la carta.