Tras los hechos ocurridos la semana pasada en el municipio de Atzizintla, legisladores recomendaron ampliar las investigaciones a presidentes municipales que se encuentran en el llamado Triángulo Rojo a fin de descartar vínculos con grupos delincuenciales como los huachicoleros.
Al respecto, el diputado del distrito de Tecamachalco, Ignacio Mier Bañuelos, pidió a los gobiernos federal, estatal y municipal acciones coordinadas para combatir este delito y advirtió que lo anterior implica realizar investigaciones a los presidentes municipales ubicados en el Triángulo Rojo, ya que en los casos de Palmar de Bravo, Quecholac y otros más, la situación es grave.
“Siempre ha habido omisiones en Palmar de Bravo, las he señalado con puntualidad y no se ha hecho nada, espero que ahora sí se actúe en consecuencia y si existe alguna colusión entre la autoridad municipal con los grupos criminales se le sancione, como al presidente de Atzizintla”, sostuvo.
En el caso de Quecholac, indicó que el problema tiene que ver más con el aumento de tomas clandestinas que con grupos delictivos, pues en esa demarcación es donde más elementos de la Marina y de la Gendarmería se han instalado, por lo cual el problema no es de la autoridad.
Mier Bañuelos subrayó que la ley debe aplicarse para todos, sin importar sean diputados locales, federales, senadores o gobernadores, pues los delitos no deben quedar impunes cuando se confirma el vínculo con grupos delictivos de esta índole.
Defensa de alcaldes
En tanto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, descartó que los ediles priistas de Tepeaca y Quecholac, David Huerta y Néstor Camarillo, respectivamente, estén coludidos con los huachicoleros.
En entrevista, el legislador por el tricolor confió en que en su momento los ediles justifiquen y transparenten su actuación para que se permita certeza y gobernabilidad en ambos ayuntamientos.
“Creo que la autoridad debe de tener presente cuál es la radiografía que se está presentando en toda esta zona y si tuvieran un problema que fincar ya lo hubieran hecho”, sostuvo.
Suspenderán licencias
Asimismo, durante la sesión los legisladores avalaron modificar el Código Penal para especificar las sanciones aplicables a los conductores que por manejar ebrios provoquen un accidente y lesionen a una persona o la priven de la vida, así como evitar incurrir en un acto de inconstitucionalidad.
El diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sergio Céspedes Peregrina, señaló que hace un par de meses en Congreso aprobó cancelar definitivamente la licencia de conducir a los automovilistas ebrios que atropellaran y dieran muerte a una persona.
Señaló que los ordenamientos federales les demandaron realizar una precisión sobre las sanciones aplicables a este delito, por lo cual decidieron establecer la suspensión de la licencia por un periodo de 1 a 10 años, pero si fallece la persona atropellada se cancelará definitivamente.
Comentó que la intención, más allá de establecer sanciones más duras a los automovilistas, es generar conciencia entre los conductores para evitar que manejen bajo los influjos del alcohol u otra sustancia que les impida hacerlo en sus cinco sentidos.
