Los expedientes que se encuentren en archivos instituciones oficiales dejarán de ser alterados con la sustracción de documentos una vez que se establecerá el registro de cada documento que se contenga en los mismos, esto de acuerdo a la nueva Ley de Archivos que se pondrá a consideración del Congreso del Estado en los siguientes períodos de sesiones.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Jorge Aguilar Chedraui, declaró que para mejorar el sistema de transparencia que entró en vigor a partir del pasado 4 de mayo, habrá elementos que se irán adicionando, esto para que la sociedad esté tranquila en que no se ocultará nada, solo se mantendrá la reserva de los datos personales que establece la ley.
Indicó que en el programa de trabajo, personal e institucional que él lleva a cabo, está el tener una nueva ley estatal de archivos que haga obligatoria el tener al menos una base de datos que refleje fielmente y claramente todo lo que obra en los expedientes.
Aguilar Chedraui expuso que en la propia ley se contemplarán las reservas que la propia Ley de Transparencia establece, los datos personales.
El líder del congreso indicó que lo que no podrá suceder es que algo que existe se diga que no está, una vez que habrá la base de datos, aunque esté reservado situaciones como domicilio y alguna otra información habrá constancia de que ahí está el documento.
Dijo que se espera que este documento salga con el consenso de todos los grupos legislativos una vez que sea cabildeada, además de que es una petición de legisladores que demandan que se blinden los archivos para evitar que estos puedan ser alterados.
Expresó que esto incluye al Congreso, secretarías de estado, organismos públicos descentralizados y todos aquellos que reciban recursos públicos.
 
El caso de Armando Guerrero
El 26 de julio de 2015 el periodista Rodolfo Ruiz dio a conocer el caso de quien entonces fungía como presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), Armando Guerrero Ramírez, por la presunta falsificación de su título profesional.
El consejero electoral había sido nombrado por la anterior legislatura, misma que recibió la documentación que presuntamente contenía los documentos que comprobaban que cumplía con los requisitos para ser designado consejero electoral.
Tras la renuncia del funcionario por el escándalo se solicitó a los órganos de transparencia del Instituto Electoral y del Congreso el expediente del funcionario, misma que nunca se mostró.
El 14 de marzo de 2016 durante la sesión del Tribunal Electoral del Estado el magistrado presidente Adrián Rodríguez Perdomo ratificó la decisión de la secretaria Ejecutiva del IEE para proteger los documentos que se encuentran en el organismo y que forman parte del expediente de Armando Guerrero.
Los documentos fueron solicitados por Movimiento Ciudadano luego de descubrirse que Armando Guerrero Ramírez no contaba con un título profesional, además de que se había extraviado el expediente.
Sin embargo la secretaria ejecutiva limitó el acceso a los documentos aduciendo la protección de datos personales.
De acuerdo a lo que trascendió el expediente de quien fuera presidente del Instituto Electoral del Estado se limita a la copia de su credencial de elector, comprobante domiciliario y un acta de nacimiento, sin que se mencione la copia del título profesional.
Rodríguez Perdomo dijo que al contener información privada como el domicilio se tiene que proteger la misma, además de que Movimiento Ciudadano no demostró que la información sería utilizada en las mesas de trabajo del instituto
 
La inconformidad
Tras la respuesta, el representante de Movimiento Ciudadano ante los órganos electorales, Jorge Luis Blancarte Morales, indicó que el tema era grave ya que ellos apuestan a la transparencia en todos los ámbitos ya que es un compromiso que se debe adquirir por todas las autoridades.
Expuso que es información que no estaba clasificada como reservada debía darse a conocer e indicó que no le consta el hecho de que no exista esa información pues sería como pensar que se trabajó tres años con una persona que no tenía las atribuciones para ser consejero presidente.
Aclaró que se supone que hubo una revisión de la documentación, e indicó que no solo es una hoja, sino que se integraba el expediente de más de un solo documento de todos los aspirantes.