El titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), Adolfo López Badillo, rindió su Informe de Actividades 2016, acompañado del gobernador José Antonio Gali Fayad, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Jorge Aguilar Chedraui y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Flores Toledano.

En su discurso, López Badillo hizo un llamado a la sociedad, servidores públicos, instituciones educativas, públicas y privadas, a asumir el compromiso de respetar y defender los derechos humanos, así como a cumplir con los deberes y responsabilidades que tenemos como parte de una sociedad democrática; para con ello recomponer el tejido social, fortalecer la confianza hacia las instituciones y hacer realidad los principios de paz, bienestar y desarrollo plasmados en nuestra Constitución.

Durante 2016, destacó, se atendieron 7 mil 219 solicitudes de intervención, de las cuales, 1 mil 316 fueron calificadas como quejas, 5 mil 182 como orientaciones jurídicas, 333 correspondieron a diligencias oficiosas y 388 se trató de otras intervenciones como incompetencias, colaboraciones, antecedentes y remisiones.

El titular de la CDH señaló que las autoridades estatales señaladas en las quejas como presuntamente responsables, fueron principalmente la Fiscalía General de Estado con 319, Secretaría de Seguridad Pública con 169 y Secretaría de Educación Pública con 118. Mientras tanto, los derechos humanos presuntamente vulnerados por las autoridades fueron la seguridad jurídica en 1 mil 205 ocasiones, integridad y seguridad personal 189 casos, y trato digno con 129 incidencias.

En el ámbito municipal, las quejas fueron presentadas contra las autoridades de Puebla con 75, San Pedro Cholula con 72 y Teziutlán con 72. En este ámbito, los derechos humanos presuntamente vulnerados fueron principalmente: seguridad Jurídica con 940 ocasiones, integridad y seguridad personal con 241 incidencias, y legalidad con 187 casos

En el periodo se resolvieron 1 mil 387 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, lográndose la resolución de 458 con restitución de derechos humanos, es decir el 33.02 por ciento de los casos resueltos.

En este mismo año, se emitieron 36 conciliaciones para la resolución de las quejas entre las autoridades responsables y las personas peticionarias, en el ámbito estatal fueron 8 a la Fiscalía General del Estado, 1 a la Secretaría de Salud, y 1 a la Secretaría General de Gobierno. 

En este mismo sentido, pero en el ámbito municipal fueron 4 a Huachinango, 2 a Tehuacán, y 1 a cada uno de los municipios de Teziutlán, San Nicolás Buenos Aires, Chiautla, Izúcar de Matamoros, San Miguel Ixtlán, Huehuetlán el Chico, Xicotepec de Juárez, Coronango, San Lorenzo Chiautzingo, San Gabriel Chilac, Xochitlán Todos Santos, Ixtacamaxtitlán, San Salvador el Verde, Cuautlancingo, Pahuatlán, Atlixco, Coxcatlán, Acatlán y Tepeaca.

Asimismo, en 2016 se emitieron 11 Recomendaciones, de las cuales 5 fueron dirigidas al ámbito estatal, cuyas autoridades destinatarias fueron la Fiscalía General del Estado, con 4, y Secretaría de Educación Pública, con 1. Al ámbito municipal correspondieron 6, dirigidas a los municipios de Teziutlán con 2, y con una Recomendación cada uno de los municipios de Puebla, San Andrés Cholula, Ajalpan y Tehuacán.

Entre los principales derechos humanos vulnerados en las recomendaciones destacaron la seguridad jurídica en 10 ocasiones, integridad y seguridad personal con 7 casos, y legalidad con 5 incidencias.

Es importante destacar que 21 recomendaciones fueron cumplidas, lo que significó cerrar el 2016 con 9 documentos recomendatorios en fase de tramitación. En este rubro, también se cumplieron 33 documentos conciliatorios, quedando únicamente al cierre del año, 23 en fase de tramitación, reiteró López Badillo. 

En materia de capacitación y difusión, se beneficiaron a 172 mil 328 personas en todo el territorio estatal, los resultados se debieron al trabajo realizado mediante los programas: Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Pueblos y Comunidades Indígenas, Personas Adultas Mayores y Discapacidad, Migrantes y Jornaleros Agrícolas, VIH/SIDA, Atención a Víctimas, Medio Ambiente, Penitenciario, Prevención de la Violencia y Acoso Escolar, Prevención de la Trata de Personas, Agravio a Periodistas y Defensores Civiles, Capacitación a Autoridades Municipales, Atención a Servidores Públicos Encargados de la Seguridad Pública y Atención a Quejas del Sistema Penal Acusatorio.

Para prevenir violaciones a derechos humanos en el ejercicio de sus funciones, se capacitaron a 33 mil 775 personas dedicadas al servicio público, de los cuales 18 mil 198 fueron estatales, 13 mil 388 municipales y 2 mil 198 federales.

Considerando la importante labor que realizan las Organizaciones de la Sociedad Civil en la defensa y promoción de los derechos humanos, se suscribieron 114 convenios de colaboración. En este rubro, también se suscribieron 20 convenios con instituciones públicas y privadas, principalmente universidades. 

En este ámbito, la CDH Puebla fue el primer ente público estatal, en obtener la certificación ORO en la Norma Mexicana en “Igualdad Laboral y No Discriminación, porque adoptamos eficientemente procesos y prácticas a favor del derecho a la igualdad

Para cumplir con la labor de establecer lineamientos generales de actuación de la Comisión para el eficiente cumplimiento de sus objetivos, en septiembre de 2016, el Congreso del Estado eligió a los integrantes del nuevo Consejo Consultivo de la Comisión, nombrando a: Catalina Aguilar Oropeza, Adelita de Jesús Murillo Chejín, Georgina Ruiz Toledo, Mariana Wenzel González, y Alfredo Perea Huerta.

En abril de 2016, se llevó a cabo la “Auditoría de Segunda Vigilancia” al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008, con el objetivo evaluar el mantenimiento de la conformidad con respecto a los Requisitos de la Norma Internacional. La auditoría se aprobó y se determinó la vigencia del certificado. 

Con estos resultados, la CDH Puebla refrendó su compromiso de trabajar con calidad para proporcionar con regularidad servicios que satisfagan a los peticionarios en sus demandas de protección y defensa de los derechos humanos.