La audiencia de juzgamiento contra el vicepresidente de Ecuador sin funciones, Jorge Glas, se instaló en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), así como contra otros ocho acusados de asociación ilícita en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
La audiencia, que durará varios días, está a cargo de un Tribunal conformado por tres magistrados designados por sorteo para juzgar el caso y dictar sentencia.
A la diligencia acudió el propio Glas, quien cumple prisión preventiva desde el pasado 2 de octubre en una cárcel de Quito, la capital del país.
La Fiscalía General del Estado, que actúa como ente acusador en este proceso, ha presentado 28 evidencias en contra del vicepresidente a lo largo de proceso.
Según el fiscal general, Carlos Baca, el vicepresidente recibió supuestamente 13,5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, entre el 2012 y el 2016, a través de su tío, Ricardo Rivera, también procesado y en prisión preventiva.
Al llegar a la Corte, Glas declaró ante la prensa ser inocente de las acusaciones que se le imputan.
Aquí estoy sometiéndome a un sistema de justicia en donde algunos actores se están rindiendo al poder político", dijo, además de solicitar que la audiencia de juzgamiento sea transmitida en vivo.
Pido públicamente que permitan la transmisión en vivo de todo el juicio para que sea el pueblo ecuatoriano el que juzgue", señaló Glas, tras tildar como empresa "corrupta y corruptora" a Odebrecht.
El vicepresidente rechaza las evidencias presentadas por la Fiscalía para imputarlo en el caso y que se haya emitido dictamen absolutorio a favor de otros cinco procesados.
Entre los favorecidos con ese dictamen está el brasileño José Conceicao Santos, exdirector superintendente de Odebrecht en Ecuador hasta 2016.
Según la Fiscalía, Santos fue "el articulador de la trama de corrupción de Odebrecht en Ecuador" para beneficiarse con contratos, pero se abstuvo de acusarlo porque ya fue condenado a ocho años de prisión por el mismo hecho en el Tribunal Supremo Federal de Brasil.
De acuerdo con la Fiscalía, entre 2007 y 2016, Odebrecht instauró un esquema de sobornos dirigidos a funcionarios públicos e intermediarios privados para beneficiarse de las adjudicaciones de obras en más de 12 países.
En Ecuador, mediante este esquema ilícito, la compañía realizó pagos superiores a los 33.5 millones de dólares, de los cuales se ha identificado hasta el momento la entrega de sobornos en cinco proyectos en sectores estratégicos.
