La Auditoría Superior del Estado (ASE) arrancará en septiembre una capacitación de las autoridades electas para llevar a cabo los procesos de entrega recepción, esto incluye miembros de los gobiernos estatal y municipal, así lo informó el titular de la institución David Villanueva Lomelí. 

El auditor refirió que, posterior a las campañas electorales, se dará a conocer a las autoridades electas sus responsabilidades en cuanto a la rendición de cuentas, pero a su vez, las autoridades salientes tienen que acudir a esta capacitación para que no haya irregularidades en la entrega que realizarán. 

El titular de la ASE informó que otorgará un paquete que incluye una guía de entrega recepción, otra de rendición de cuentas y adicionalmente las autoridades salientes tendrán que brindar las claves de los portales de transparencia a los nuevos gobernantes, para que la información fluya por esta vía de comunicación. 

Estas acciones, dijo, ya vienen definidas en la ley que regula a la ASE, la Ley Orgánica Municipal y dentro del Sistema Estatal Anticorrupción, con el objetivo de que al finalizar el año no se observen irregularidades en el manejo de los recursos públicos. 

Villanueva Lomelí informó que a estas actividades tendrán que acudir los funcionarios estatales y municipales, encabezados por la ASE, la Contraloría Estatal, la Secretaria de Finanzas, así como el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) "esto es parte del Sistema Estatal Anticorrupción, para evitar la fragmentación de los señalamientos", apuntó. 

Nueva administración no cambiará rendición de cuentas

La rendición de cuentas tiene que continuar y el corte de los estados financieros se llevará a cabo el 31 de diciembre, como lo marcan los ordenamientos legales, por lo que el auditor consideró importante que los ayuntamientos, en esta recta final, se conduzan con transparencia y buen uso del dinero público. 

"La cuenta pública tenía un corte y será analizada, del primero de enero al 31 de diciembre, la ley ahora dice que pude ser analizada al día siguiente de concluir el ejercicio fiscal y en mayo tiene que ser aprobado el dictamen anual, por el Congreso del estado", puntualizó. 

En este orden, la revisión de las cuentas tiene que ser en tiempo real, por lo que mensualmente los 300 entes públicos fiscalizables deben entregar sus estados financieros a la Auditoría Superior del Estado para que se analicen y al final se integre el expediente anual. 

Al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) serán turnados los expedientes de cuentas públicas que tengan observaciones graves, es decir, que hayan cometido daño patrimonial severo, para que a su vez sea esta instancia la que castigue a los responsables del ejercicio del dinero. 

Cuando las faltas son menores, detalló Villanueva Lomelí, existen procedimientos marcados por la ley, de ahí que se inician procedimientos para que los entes públicos solvente las observaciones, pero en el caso de incumplimiento se sigue otro proceso. 

"Se van hacer observaciones, las que se determinen tienen una área investigadora y se hace la sustanciación y se turnarán al nuevo Tribunal de Justicia Administrativa. El procedimiento es que se hace una auditoría, se hacen observaciones, se genera la oportunidad de que se subsanen esas observaciones, pero de incumplir, entonces se procede a sanciones", refirió. 

Finalmente, el auditor superior advirtió a los entes públicos fiscalizables que es necesaria una planeación financiera en esta recta final de las administraciones, pues de no hacerlo habrá sanciones, aun cuando haya dejado los cargos públicos, pues así lo marcan los ordenamientos legales.