En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) rechaza la utilización de la tortura como método de investigación criminal y condena su aceptación y tolerancia como medio para extraer “confesiones”. 

Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México sostuvo “que a causa de la tortura una persona confiese haber cometido un delito no significa haber probado su culpabilidad, significa haber vencido su capacidad para resistir el dolor. Resultan anacrónicas y reprobables las expresiones públicas que aceptan las confesiones extraídas mediante tortura y con base en ellas dan por hecho la culpabilidad de un delito a quienes la han sufrido”.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad de 2016 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el 46% del total de personas que declararon ante el Ministerio Público tras su detención dijeron haber recibido algún tipo de amenaza o agresión para dar otra versión de los hechos.

Resulta inconcebible que en las cárceles mexicanas existan tantas personas doblemente arrepentidas; primero supuestamente se arrepienten ante la autoridad que les investiga por la comisión de un delito y posteriormente se vuelven a arrepentir de la autoincriminación que realizaron inicialmente. Este doble arrepentimiento se explica fundamentalmente por la comisión de la tortura y la ausencia de salvaguardas legales efectivas”, afirmó Jan Jarab.

La ONU-DH recuerda que cuando una persona manifieste que su confesión ha sido obtenida mediante tortura, corresponde al Estado demostrar que la confesión fue realizada de manera voluntaria, de lo contrario dicha prueba debe eliminarse.

La Oficina subraya que la utilización de la tortura socava la credibilidad y la confianza en las autoridades y en el sistema de justicia. Su comisión, además, propicia una doble injusticia al permitir que por el delito que se investiga pague una persona que podría no haber cometido el crimen en cuestión, y quien además ha sido victimizada cruelmente.

Son los torturadores quienes deben enfrentar un proceso o estar recluidos purgando una pena, no las víctimas de tortura. Los primeros han violentado los derechos humanos, los segundos han sido violentados en su dignidad y merecen una justa reparación”, concluyó Jan Jarab.

La ONU-DH alienta al Estado mexicano a redoblar sus esfuerzos para profesionalizar sus capacidades de investigación criminal. De igual forma, insta a las autoridades a construir las destrezas necesarias para documentar de manera independiente los casos de tortura, investigar y sancionar a los responsables, reparar a las víctimas y excluir las pruebas obtenidas mediante la transgresión del derecho a la integridad personal.

Finalmente, la ONU-DH expresa su solidaridad con las víctimas de tortura y manifiesta su respaldo a las autoridades comprometidas con la erradicación de la tortura, especialmente con las autoridades judiciales que invalidan las pruebas obtenidas mediante su comisión.