La apasionada sesión de Cabido en donde los regidores aprobaron por 11 votos a favor, 10 en contra y una abstención el dictamen del proceso  entrega-recepción de la administración anterior, no solo reveló contratos elevados, obras mal ejecutadas, información faltante, mobiliario sin identificar, personal no localizado —aviadores— y varios inmuebles municipales en malas condiciones, sino la pugna entre el grupo barbosista y riverista por controlar el destino de la alcaldía, además de una investigación del Yunque de viejo cuño panista para “transparentar” el desarrollo de la rendición de cuentas.

Durante más de dos horas con 30 minutos los regidores discutieron sus posturas encontradas, estudiadas y establecidas, previas al comienzo del “conclave”.

Edson Cortés Contreras, llevó en esta ocasión la voz cantante de los barbosistas —Marta Ornelas Guerrero, Rosa Márquez Cabrera y Roberto Eli Esponda Islas—. El caso del regidor independiente Eduardo Covián Carrizales es particular porque en algunos temas apoya a los barbosistas y en otros no.

Enrique Guevara Montiel a nombre de Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, Luz  del Carmen Rosillo Martínez y Carolina Morales García, desde el arranque de la acalorada sesión destacó que votarían en contra.

Bajo ese panorama, negó que la postura panista derive de un revanchismo político del Yunque en contra  del anterior gobierno panista.

La alcaldesa Claudia Rivera Vivanco leyó el dictamen con los aspectos medulares encontrados como irregulares, posteriormente pidió aprobarlo porque, aunque se avale en Cabildo, no eximirá a los exfuncionarios del gobierno de Luis Banck Serrato sanciones o citarlos a comparecer en caso de ser necesario.

“No vamos a emprender cacerías en contra de nadie, ni vamos a poner pretextos, pero también aclaro que a partir de este dictamen, tal como la ley lo refiere, nos reservamos el derecho para llamar a funcionarios de la administración pasada para que aclaren estas y otras observaciones a fin de optimizar el funcionamiento del actual gobierno, y en caso contrario, aplicar las sanciones correspondientes conforme a derecho”, subrayó.

Recordó que a esta administración comenzó a trabajar sin recursos porque el recurso estaba etiquetado, pero atendieron asuntos graves y localizaron inconsistencias administrativas en varias zonas del gobierno.

Todas las observaciones detectadas en este proceso, puntualizó, se pueden calificar en administrativas, graves y faltantes; presentes en varias dependencias.

En Desarrollo Social Municipal reveló hallaron expedientes desordenados, incompletos y otros sin firma de los directores responsables; algunos de ellos cuentan con documentación original de los beneficiarios, lo que, podría vulnerar los derechos de los ciudadanos; además hay bienes muebles como equipo de cómputo y aparatos electrónicos, que están reportados, pero que no han sido localizados.

Detalló que en la Secretaría de Infraestructura,  no se han ubicado computadoras portátiles, radios de comunicación, retroexcavadoras, motosierras y cámaras fotográficas.

Al referirse a las inconsistencias administrativas, indicó, existencia de oficios sin contestar a ciudadanos en su momento, que viola el derecho de petición, genera burocratismo y “expedientes muertos”.

Además en la Secretaría de Gobernación existen cuatro inmuebles ocupados por oficinas adjuntas a  la dependencia, que se encuentran arrendados, pero que los contratos no fueron hallados en la entrega-recepción.

Acentuó que en la Secretaría de Administración, se encontraron anomalías con el personal que estaba en la plantilla laboral porque vario trabajadores no se encontraron físicamente, ni tampoco se contó con evidencia que amparara cambios de adscripción y de confirmarse esta situación, daría elementos para suponer que se trataba de gente que cobraba sin trabajar, aviadores.

La alcaldesa indicó que encontraron a una persona que tenía bajo su resguardo 30 vehículos, pero únicamente entregó uno, pero a la fecha no se haya encontrado información adjunta de los vehículos restantes o del estado de conservación de los automotores.

Tesorería Municipal, indicó, que de acuerdo a su reglamento Interior, le corresponde al Departamento de Padrón de contribuyentes expedir los permisos temporales para la ocupación de espacios en los Portales y otras áreas municipales, pero no se cuenta  con evidencia de los expedientes para la asignación de los permisos, ni los contratos de arrendamiento, ni un levantamiento físico de ellos.

“A partir de este dictamen y tal como la ley lo refiere, nos reservamos el derecho para llamar a funcionarios de la administración pasada, para que aclaren estas y otras observaciones a fin de optimizar el funcionamiento del actual gobierno, y en caso contrario, aplicar las sanciones correspondientes conforme a derecho”, advirtió.

El Centro de Salud y Servicios Ampliados (CESSA) de San Aparicio, indicó, que existía la posibilidad de generar parálisis en el manejo de los recursos de la administración municipal, situación que fue solventada gracias al trabajo del Tesorero Armando Morales Aparicio.

En Industrial de Abastos donde no se presentaron los comportamientos presupuestales de ingresos y egresos de los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016, 2017 y del periodo del uno de enero al 14 de octubre de 2018, aspectos que impide determinar el impacto real de la caída abrupta en la matanza de bovinos que se dio desde el año 2016.

Tras más de dos horas y media de debate, el cabildo poblano estuvo a un voto de no avalar el proceso entrega-recepción entre la administración anterior y la que encabeza Claudia Rivera Vivanco.

Silvia Tanús Osorio destacó que todo lo que leyó la alcaldesa no se encuentra en el dictamen, por ese motivo voto en contra.

El desencuentro

Durante la discusión previa  a la aprobación del dictamen,  Claudia Rivera Vivanco tuvo encontronazo con el expanista Roberto Eli Esponda Islas, quien destacó su militancia en Morena recientemente, pero ella es fundadora.

“Regidor Esponda, como regidora de Morena, militante y fundadora; porque usted recientemente se integró ni siquiera es militante, pero sobre todo como presidenta: entiendo la situación y quiero que quede muy claro, de no pasar esta votación estaríamos fuera del tiempo que marca la ley y lo que impediría fincar responsabilidades que lucraron con los recursos de los ciudadanos”.

Esponda Islas minutos antes había anunciado su voto en contra de la aprobación y destacó las deficiencias en el proceso del dictamen, que motivó la respuesta de la alcaldesa, quien antes de la conclusión de la sesión extraordinaria ofreció una disculpa por incluir cuestiones políticas en un tema administrativo.

En ese marco, indicó,  que es entendible la postura de los regidores panistas por ser oposición, pero no la de la coalición Juntos Haremos Historia, quienes comparten l  proyecto político de  cambio de régimen de Andrés Manuel López Obrador y cuestionó  a Esponda Islas por ir en contra y ser neomorenista.

Encolerizado Esponda Islas, aceptó que militó en el PAN, pero  desde hace tiempo se afilió a Morena y persigue los ideales que se tienen a nivel nacional más que  otros.

“Usted se enoja que no lo votemos a favor porque está mal hecho el dictamen y las personas están hartas de ediles que no son capaces de llevar a cabo su trabajo, esas aseveraciones son muy graves viniendo de una presidenta”.

Sexista

Rivera Vivanco pidió que se dirija a ella con respeto y reprochó por señalarla de manera inquisitiva y con violenta sexista, porque al aprobar el dictamen, solo están cumpliendo con la ley a la que toda administración entrante está obligada.

La discusión motivó a la panista  Díaz de Rivera Hernández y a Cortés Contreras solicitar alejarse de las diferencias que se tienen al interior del partido y se enfocaran en el dictamen.

Prendió el fuego

Guevara Montiel comenzó la discusión al anunciar que los panistas votarían en contra porque la comisión encabezada por  José Luis González Acosta no realizó el trabajo correctamente.

Con el documento en mano, indicó que existieron vicios en el dictamen que fue presentado porque no especifican las observaciones que se conferían a la administración anterior, como 300 millones de pesos que supuestamente no fueron declarados en 22 contratos de la Secretaría de Infraestructura.

“Me di a la tarea de revisar la información que se afirma que no fue entregada en el archivo, por lo que acudí periódico oficial y a un medio local donde son publicadas las convocatorias de las licitaciones de obras públicas, pero que sí hay actas de finiquito, fianzas y cédulas de verificación”, subrayó Guevara.

González Acosta reprobó  que el panista presentara esas pruebas hasta este viernes y no durante las diferentes reuniones previas para acentuar el trabajo.

Anunció que en el dictamen general  se enviará al Congreso local y a la Auditoria Superior del Estado (ASE), en un término de 15 días para la revisión y en caso dado  llamar a comparecer a los exsecretarios ante el Cabildo.