En Puebla, el debate sobre la legislación de los matrimonios igualitarios se mantiene entre sombras, a pesar de los ordenamientos federales y a costas de las demandas de colectivos LGBTTTI, que no han sido pocas ni temerosas. En medio del caos, es preciso repasar qué fundamentos han sostenido los representantes de los institutos políticos para impulsar o rechazar estas uniones y, sobre todo, cuáles son los objetivos a perseguir para su aprobación, que en primera instancia, deberían estar encaminados a propiciar lo que Judith Butler denomina una “vida habitable”. 

En el año 2015, una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales los códigos civiles que consideraban los matrimonios como exclusivamente la unión entre un hombre y una mujer con el fin de procrear, causó un pequeño eco en el Congreso estatal. Entonces, la diputada del PRD, Socorro Quezada, a nombre de la izquierda, presentó una iniciativa para permitir las uniones civiles entre personas del mismo sexo, insistiendo que el asunto “no se encontraba a discusión”, pues era obligación del Poder Legislativo aprobar el resolutivo.

Un año después, el panista Pablo Rodríguez Regordosa a título personal se pronunció en contra de la iniciativa y propuso la creación de una nueva figura jurídica a la que llamó “isomonio”, con la finalidad de identificar a estas uniones sin tener que recurrir la reforma sobre el matrimonio. Integrantes de la legislatura evitaron entonces abundar en la sugerencia, como Silvia Tanús, reiterando que el término era innecesario. Pero también evitaron el asunto, el cual fue relegado por la indiferencia y olvidado ante los conflictos electorales del último año.

En Deshacer el género, Judith Butler apunta que “lo más importante es cesar de legislar para todas estas vidas lo que es habitable solo para algunos”. Por lo tanto, a pesar de la negativa de los grupos más conservadores al interior de los recintos legislativos, que en el fondo refleja un profundo temor social ante la diversidad y la diferencia, las iniciativas concernientes a los derechos humanos, tanto de las mayorías como de las minorías, deben dejar resolverse con base en los prejuicios personales e ideologías partidistas.

Al rendir protesta la LX Legislatura, Vianey García, activista y feminista, ostentó la bandera multicolor característica del movimiento LGBTTTI en su curul, lo que vislumbraba una nueva etapa de oportunidades para la comunidad en el Congreso local. Dijo que el matrimonio gay era un tema prioritario en la agenda de Morena, sin embargo, el PRI se adelantó con la iniciativa de Rocío García Olmedo, quien aclaró que su finalidad no era debilitar lo que llamó una de las “instituciones más fuertes de la sociedad”, sino hacerla más inclusiva.

Mónica Rodríguez Della Vecchia recalcó recientemente que, aunque Acción Nacional se decantaba por la visión más conservadora de familia, podría acatar el mandato de la Corte, pues se busca privilegiar los derechos humanos de todas las personas, según documentó Intolerancia Diario.

Subraya Butler que “la tarea de todos estos movimientos consiste en distinguir entre las normas y convenciones que permiten a la gente respirar, desear, amar y vivir, y aquellas… que restringen o coartan las condiciones de vida” y, es precisamente desde el Congreso, desde donde las leyes concernientes al bienestar social de todos los grupos deben ser recogidas e impulsadas, sin importar que tan de derecha o de izquierda parezcan, por el simple y vital objetivo de “maximizar las posibilidades de una vida habitable… que minimiza la posibilidad de una vida insoportable o, incluso, de la muerte social o literal”.