La secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, a través de un comunicado, informaron que por “razones humanitarias y de manera temporal” se recibe a los solicitantes de asilo que Estados Unidos ha devuelto a nuestro país en tanto se resuelve su proceso jurídico.

Frente a la decisión unilateral del Gobierno de Estados Unidos de implementar el artículo 235 de su Ley de Inmigración y Nacionalidad, México ha optado por apoyar a los migrantes, autorizando el ingreso de algunos solicitantes en tanto se efectúa su audiencia con las autoridades correspondientes.

“La alternativa, la deportación de nuestro país, implicaría negar el derecho de asilo que el Gobierno de México suscribe y protege”, justificaron las autoridades.

De acuerdo con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hasta el pasado miércoles 150 centroamericanos habían sido regresados a nuestro país para esperar su audiencia con autoridades migratorias norteamericanas. Esta declaración la hizo durante su visita a Washington donde se reunió con la secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen. 

En el comunicado, la SEGOB y la Cancillería resaltaron que mantienen una fluida comunicación con sus contrapartes estadounidenses a fin de garantizar que el tránsito de personas por la frontera común se realice de manera segura y ordenada.

"México respeta el derecho soberano de Estados Unidos para ejecutar sus proyectos migratorios, pero actúa y actuará de forma soberana e independiente al fijar nuestra propia política de migración”, subraya el reporte.

Las dependencias destacan que bajo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, México ha sido el primer país en adoptar el Pacto Mundial para la Migración promovido por la ONU para garantizar un flujo migratorio seguro, ordenado y regular.

Conforme a estos principios, agrega, México ha dejado de deportar cientos de miles de migrantes centroamericanos, en contraste con el paradigma migratorio de administraciones pasadas.

La estrategia, se explica, se encuentra basada en dos pilares fundamentales: la defensa de los derechos de los migrantes y la promoción del desarrollo económico desde una visión humanitaria, para atender las causas estructurales de la migración.

A la fecha, nuestro país ha otorgado un estatus legal a más de trece mil personas extranjeras que ingresaron por la frontera sur para documentar su ingreso y facilitar que algunos se inserten en el mercado laboral.

Con información de Excélsior.