La Presidencia de la República dio a conocer la Política de Comunicación Social del Gobierno Federal, que establece los principios que seguirán las dependencias y entidades de la administración pública en materia de difusión de información de prensa y publicidad. Además, se indicó que la honestidad será la premisa básica para acabar con la selección discrecional en la contratación de medios.

Según la publicación en el Diario Oficial de la Federación, esto se logrará mediante la transparencia para informar el destino de los recursos asignados para la contratación.

Resaltó que las campañas o programas que sean difundidas a través de propaganda gubernamental deberán tener carácter institucional con fines informativos, educativos, de orientación social o de rendición de cuentas.

Además, los programas deberán respetar y reflejar la pluralidad del país, considerando estados y municipios respecto a su composición étnica, diversidad cultural, religiosa, lingüística y riqueza geográfica, además de fomentar la igualdad y no discriminación, y promover los derechos humanos y la convivencia armónica.

La Presidencia de la República señaló que la propaganda gubernamental podrá informar sobre ejecución de obras de infraestructura, prestación de servicios públicos y desarrollo de programas económicos y sociales, rendición de cuentas, promoción y garantía de derechos humanos y funcionamiento de instituciones.

Asimismo, sobre medidas preventivas de protección civil, difusión de campañas de salud y nutrición, de respeto a la integridad física y familiar, de protección a los grupos de personas o de sectores de población históricamente desprotegidos, así como las leyes, reglamentos y decretos que tenga relevancia para el ejercicio de los derechos de las personas, además de promoción del turismo.

Por el contrario, detalló que las dependencias y entidades públicas federales no podrán difundir el contenido de la propaganda gubernamental que tenga por finalidad destacar, de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público ni difusión del informe anual de labores del Ejecutivo federal.

Tampoco podrán divulgar mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a los valores, principios y derechos constitucionales, fomente la comunicación engañosa, restrinja la transmisión y circulación de ideas y opiniones o que sea utilizada como un mecanismo de censura, incite a la violencia o a comportamientos contrarios al ordenamiento jurídico, entre otras.

Asimismo, se estableció la prohibición para que un medio de comunicación concentre un porcentaje mayor a 25 por ciento del total de la pauta publicitaria que esté en una campaña particular a cargo de una dependencia o entidad, salvo que se trate de la producción de los materiales a divulgar.

De igual manera, deberán publicar en sus portales de transparencia la información relativa al gasto de campañas de comunicación social (proveedor, tipo de medio o servicio, contrato, factura, entidad o dependencia) y estar disponible en formatos abiertos para su utilización, agregó el documento firmado por el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas.

Con información de Excélsior.