El Congreso de Estado recibió la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo referente al año 2018 en el que se contemplan las cuentas públicas de dos gobernadores y un encargado de despacho que tuvo Puebla, documentos que serán turnados a la Auditoría Superior del Estado para su revisión.

A pesar de haberse suspendido la sesión de la Comisión Permanente por la inasistencia de seis legisladores que enviaron sus respectivos justificantes, el presidente de la mesa directiva José Juan Espinosa Torres indicó que se tendrá que dar trámite y entregar la caja con la documentación que llegó al poder legislativo.

En el contenido de los expedientes se encuentra la cuenta pública del ex gobernador Antonio Gali Fayad correspondiente del 1 de enero al 14 de diciembre, así como la de la gobernadora Martha Erika Alonso del 15 al 24 de diciembre, y los siete días del encargado de despacho Jesús Rodríguez Almeida.

Comentó que ante la ausencia del auditor Superior por la renuncia de David Villanueva Lomelí, el ejecutivo envió de manera directa la documentación a la Comisión Permanente y ahora se tendrá que entregar para su revisión.

De acuerdo al calendario de fiscalización se tiene hasta el próximo 31 de julio como plazo para la dictaminación de la cuenta pública del poder ejecutivo.

El pasado 27 de julio de 2018 en sesión ordinaria del Congreso del estado, se aprobó  la cuenta de José Antonio Gali Fayad del ejercicio fiscal 2017.

Durante el año pasado, el Poder Ejecutivo gastó 93 mil 459 millones de pesos, dinero que fue auditado por la Auditoría Superior del Estado (ASE), informe que fue entregado al Congreso del estado, cuyos congresistas aprobaron.

Nuevo auditor por consenso

En tanto el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, explicó que, una vez designado el encargado de despacho de la Auditoría Superior del Estado, el Poder Legislativo continuará con el procedimiento que incluye la emisión de la convocatoria, como lo marca el Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado y lo importante que se buscará el consenso.

Dijo que derivado de que David Villanueva Lomelí presentó su renuncia como titular de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, la Comisión Permanente de la LX Legislatura del Congreso del Estado nombrará a un encargado de despacho que será seleccionado de entre los tres auditores especiales.

El legislador asentó que, siguiendo la norma, se invitará a participar a universidades, colegios de abogados y de contadores con la intención de conformar una terna de aspirantes, la cual será analizada por la LX Legislatura y el perfil será electo por el voto de las dos terceras partes de los diputados que conforman esta Soberanía.

Se hace mención que en el capítulo X de la Suplencia de Servidores Públicos del Órgano Fiscalizados, artículos 33 y 35 se señala lo siguiente:

Artículo 33.- En las ausencias temporales del Auditor General, será suplido por los Auditores Especiales de Cumplimiento a la Gestión Financiera, de Evaluación del Desempeño, y de Planeación y Sistemas, en ese orden.

Artículo 34.- En caso de falta definitiva del Auditor General y hasta en tanto se nombre a quien deba sustituirlo, conforme al procedimiento establecido en la Ley de Fiscalización, se aplicará el mismo orden de suplencia que para ausencias temporales que prevé el artículo anterior.

Con base en el artículo 113 de la Constitución Política del Estado “el Titular de la Auditoría Superior del Estado, será electo por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura Estatal, de la terna que se derive de la Convocatoria que emita para tal efecto el Órgano de Gobierno del Congreso del Estado, debiendo contar los aspirantes con experiencia de al menos cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades”

También especifica que “el Titular de la Auditoría Superior del Estado, será nombrado por un periodo de siete años; pudiendo ser ratificado por una sola vez para un periodo igual, de acuerdo a las disposiciones de la Ley de la materia y podrá ser removido exclusivamente, conforme a lo previsto en los artículos 125 fracción II y 127 de esta Constitución”.