El estado de Puebla desconocerá las uniones matrimoniales que se realicen en otros estados cuando los contrayentes sean menores de edad, solo se aceptarán cuando se cuente con más de 18 años, esto con la finalidad de terminar con los matrimonios infantiles.

Durante la sesión pública ordinaria, la diputada Nancy Jiménez Morales presentó una iniciativa para reformar el Código Civil del Estado de Puebla, al señalar que tiene que darse la armonización con la legislación federal.

La legisladora precisó que sólo se reconocerían los matrimonios celebrados fuera del territorio poblano, siempre y cuando se haya contraído entre mayores de 18 años. De lo contrario, se propone que éstos no surtan los efectos legales en la entidad poblana.

Jiménez Morales explicó que debido a que el matrimonio infantil impide a las niñas y niños su libertad física, así como su capacidad para decidir su futuro, el pasado 30 de abril el Congreso de la Unión avaló el dictamen que modificó y derogó diversos artículos del Código Civil federal, para prohibir el matrimonio infantil y establecer como requisito para contraer matrimonio, el tener forzosamente 18 años cumplidos.

En este sentido, la legisladora precisó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sostiene que el matrimonio infantil en México debe terminar, ya que en algunas entidades federativas aún es legal, lo cual provoca que más de 6 millones de mujeres, de entre 12 y 17 años hayan contraído matrimonio o vivan en concubinato.

La iniciativa fue turnada a Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de la Familia y los Derechos de la Niñez para su estudio y resolución correspondiente.

Aprueban la Ley de Mejora Regulatoria

En la sesión se aprobó por mayoría de votos y en todos sus términos la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Puebla, la cual armonizará su marco normativo con las disposiciones de la Ley General en la materia y busca la simplificación de trámites y servicios en beneficio de la ciudadanía.

Además se votó a favor una propuesta de engrose por parte del diputado, Raúl Espinosa Martínez, con 18 modificaciones al mismo número de artículos contenidos en la Reforma Regulatoria, que fueron votados y aprobados por mayoría de votos.

Al hacer uso de la palabra, el diputado Raúl Espinosa Martínez expuso que su equipo jurídico detectó algunas inconsistencias en el dictamen, por lo que fueron propuestas las modificaciones para que el Pleno del Congreso del Estado, como máxima autoridad del Poder Legislativo, las resuelva.

La diputada María del Carmen Saavedra Fernández consideró que la ley tiene la intención de generar beneficios en costos para los poblanos y se debe tener congruencia con el marco normativo, por lo que se dijo convencida que, con la aprobación de dicho código, el estado de Puebla estará a la vanguardia en materia de mejora regulatoria.

Asimismo, el diputado Uruviel González Vieyra expresó que la Ley de Mejora Regulatoria tiene la intención armonizarse con las normativas a nivel federal.

Mientras que el diputado Héctor Alonso Granados dio a conocer que su negativa a la aprobación de la Ley de Mejora Regulatoria, aunque expuso que su postura no se trata de oponerse a un gobierno u otro sino de mantener la higiene legislativa y no cometer errores.

En su momento el diputado José Juan Espinosa Torres, solicitó que el dictamen por el que se expidió la Ley de Mejora Regulatoria fuera remitida a Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal.

Entre los objetivos principales de La Ley de Mejora Regulatoria, se encuentran: procurar que las regulaciones, trámites y servicios generen beneficios superiores a los costos y produzcan el máximo bienestar para la sociedad, así como promover la eficacia y eficiencia de la regulación, trámites y servicios de los sujetos obligados.

Asimismo, se pretende generar seguridad jurídica, claridad y transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones, trámites y servicios, simplificar y modernizarlos, así como facilitar y mejorar el ambiente para establecer negocios.

De la misma forma, busca promover la eficacia gubernamental, así como fomentar el desarrollo e inversión en la entidad.