En el marco del Día de la Libertad de Expresión, que se conmemora este 7 de junio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que han sido asesinados 148 periodistas desde el año 2000 a la fecha, siete de los cuales se reportaron en los primeros meses de este 2019.

El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, destacó que México se coloca como el país latinoamericano con el mayor número de homicidios en este rubro, lo que sustenta y justifica que se considere el ejercicio de la actividad periodística en este país como de alto riesgo.

Lo anterior, sin que las autoridades responsables acierten a implementar políticas públicas que permitan vislumbrar que la violencia contra el gremio pueda tener un próximo fin. Las entidades federativas con mayor número de homicidios de periodistas son Veracruz (22 casos), Tamaulipas (16), Guerrero (16), Oaxaca (16) y Chihuahua (14).

Conforme al último análisis realizado por la CNDH a las indagatorias relacionadas con homicidios de comunicadores, se determinó que en cerca del 90% de los casos existe impunidad, cifra que se eleva a 100% en los 21 casos de comunicadores desaparecidos y de los 52 atentados a instalaciones de medios de comunicación que se han presentado desde el 2005 y 2006, respectivamente. Aun cuando algunos expedientes hayan superado los plazos lógicos para una investigación, el derecho a la justicia y a la verdad de las víctimas debe hacerse efectivo, agregó.

Los estándares internacionales sobre libertad de expresión ponen énfasis en la creación de un entorno adecuado para que periodistas y medios de comunicación realicen sus actividades con plena libertad. Para ello, es preciso que las autoridades ratifiquen su compromiso con estas libertades básicas, promoviendo el debate público, respetando el disenso y tomándolo como base para la construcción de consensos, subrayó. 

En este contexto, la CNDH dio a conocer la campaña “Con violencia no hay libertad de expresión”, que incluye materiales para televisión, radio, medios impresos y redes sociales, y que busca llamar la atención sobre la importancia que este derecho tiene para la democracia, las agresiones diferenciadas que sufren las mujeres periodistas y la necesidad de que las autoridades de procuración de justicia investiguen diligentemente cualquier tipo de crímenes en su contra.

La campaña ha sido presentada en la Ciudad de México, Tijuana, Veracruz, Zacatecas, Saltillo, Reynosa y, el día de ayer, en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, fue presentada en Tuxtla Gutiérrez. La difusión de estos materiales, junto con la tramitación de quejas y emisión de recomendaciones generales y específicas sobre casos de violaciones a los derechos humanos de quienes integran este gremio, así como la capacitación permanente, constituyen parte del esfuerzo de la CNDH en pro de periodistas, medios de comunicación y, en general, de la libertad de expresión en México.

Por tal motivo, el Director General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de este Organismo Nacional, Rodrigo Santiago Juárez, sostuvo un encuentro con integrantes del Grupo Autónomo de Trabajo sobre Defensores y Periodistas del Estado de Coahuila, con el fin de intercambiar puntos de vista sobre el contexto que enfrentan comunicadores y personas defensoras al realizar sus actividades.

Con relación a quienes ejercen el periodismo, destacó la necesidad de protegerlos contra la violencia de cualquier tipo, especialmente a las mujeres periodistas, y demostrar mayor compromiso con quienes integran este gremio para asegurar que puedan desarrollar su labor libre de intimidación, hostigamiento y ataques, así como una mayor mejora del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

La prevención de las agresiones contra comunicadores, la investigación de los delitos cometidos en su contra y la sanción contra quienes cometen esos crímenes, constituyen tres eslabones clave para reducir la violencia contra periodistas y medios, tarea en la que los tres órdenes de gobierno de todo el país deben poner especial atención. Nuestra democracia depende, en gran medida, de que la libertad de expresión se ejerza de manera libre y en condiciones de seguridad.