Luego de que su excompañero de bancada, Jonathan Collantes, propusiera un incremento a la tarifa del transporte de dos pesos, el legislador de Nueva Alianza Puebla, Gerardo Islas Maldonado, llamó a hacer un esfuerzo para apoyar a estudiantes y personas con discapacidad con una tarifa preferencial.

El legislador, en entrevista, expresó que es necesario pensar sobre el impacto que tendría el ajuste de la tarifa del transporte y ver alternativas para evitarlo.

Recordó que el pasado miércoles presentó una iniciativa de decreto para reformar el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Transporte Público para el Estado de Puebla, con el objetivo de brindar transporte público gratuito a estudiantes de nivel medio superior y superior de instituciones públicas, a personas adultas mayores y a personas con alguna discapacidad, en este último caso, un descuento de 50 por ciento a quienes les acompañen.

La iniciativa que será analizada y consensuada con los concesionarios del transporte público, expresó, contempla también una adición al artículo 46 bis de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para otorgar beneficios a los transportistas, como la exención de pagos.

Dijo que hay que dar apoyos a los transportistas para que la medida pueda aplicarse, entre ellas el exentarlos del pago del Impuesto Estatal sobre Tenencia o Uso de Vehículos; por expedición de Calcomanía y Tarjeta de Circulación (revalidación); por expedición de placas; por expedición de tarjeta de circulación por primera vez; por baja del padrón vehicular y reposición de tarjeta de circulación; reposición de placas. La propuesta que fue turnada a comisiones para su análisis y que, en caso de ser aprobada, el Artículo 117 en mención se estipulará de la siguiente manera:

“Artículo 117” .- En el transporte masivo de pasajeros, se les aplicaría el cien por ciento tarifario a las personas con discapacidad y adultos mayores, así como el cincuenta por ciento tarifario al acompañante de este último cuando resulte indispensable para su traslado así como el cincuenta por ciento tarifario al acompañante de este último cuando resulte indispensable para su traslado; Los beneficios anteriores se obtendrán mediante la exhibición de credencial expedida por instituciones gubernamentales o con reconocimiento oficial de la autoridad correspondiente. Los estudiantes de instituciones gubernamentales de educación superior y media superior, obtendrán el cien por ciento tarifario mediante la exhibición de credencial de estudiante vigente expedida por una Institución Pública”.

Morenovallistas han  rechazado la propuesta

En la anterior legislatura, la diputada Geraldine González Cervantes denunció un bloqueo  y cuestionó que la entonces presidenta de la mesa directiva, Sara Chilaca Martínez, haya violado la Ley Orgánica del poder legislativo al permitir que hicieran observaciones al punto de acuerdo para otorgar un subsidio para el transporte a estudiantes de escasos recursos.

Durante la sesión del Congreso el 3 de diciembre de 2014, los diputados  morenovallistas atacaron a González Cervantes, encabezados por Cirilo Salas Hernández y Pablo Rodríguez Regordosa, ante la complacencia de la presidenta de la mesa directiva que violó el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y el silenció de los diputado del PRI.

El punto de acuerdo solo contemplaba la creación de un Programa Estatal de Subsidio de Transporte para Estudiantes, que incluía como mínimo la implementación de transporte escolar y el otorgamiento de subsidios en dinero, vales o de manera electrónica a estudiantes destacados de bajos recursos de los niveles secundaria, media superior y superior, situación que molestó a los diputados..

La primera reacción fue por pate de la diputada María Evelia Rodríguez García quien subió de manera ilegal a la tribuna  se pronunció en contra de entregar un apoyo a los estudiantes de escasos recursos para que contaran un subsidio en el transporte público e indicó que no necesitan un peso más, además de que con ese dinero podrían comprar droga.

La iniciativa fue enviada a la congeladora legislativa y nunca se discutió en la Comisión del Transporte que encabezaba, Julián Rendón Tapia.