La concesión a la empresa Aguas de Puebla podría terminar en el municipio de Puebla, donde se concentra el mayor número de usuarios, en un plazo de tres meses luego de que se tienen documentadas irregularidades, por lo tanto procede la municipalización del servicio a fin de garantizar los derechos de los usuarios.

Lo anterior fue señalado por Jorge Méndez Spínola, representante del Frente por la Defensa del Derecho Humano al Agua y Saneamiento, al indicar que el domingo se darán a conocer una serie de acciones para que el Ayuntamiento de Puebla capital concrete la suspensión de la concesión que otorgó Rafael Moreno Valle a la empresa que no cumplía con los requisitos.

En entrevista, el representante del movimiento popular dijo que el proceso privatizador inició desde el gobierno de Eduardo Rivera Pérez y fue su hijo, David Méndez Márquez, el único regidor que votó en contra de la decisión del Cabildo ya que se iba en contra de un derecho humano.

Dijo que de acuerdo con las condiciones que se han ido presentando en el último año, se estima que en un lapso de tres meses el Ayuntamiento podría poner fin al contrato de concesión, pero será necesario que se tomen otras acciones, ya que hay municipios donde la empresa Aguas de Puebla aún mantiene el control.

Jorge Méndez indicó que dentro de las acciones a favor de los usuarios, personal despedido de Soapap, tomará el parque que se encuentra frente las oficinas de Aguas de Puebla en San Manuel con el fin de asesorar a los usuarios que sean afectados por la empresa.

Indicó que al movimiento se han sumado representantes de diferentes organizaciones como la Asamblea del Agua, la 28 de Octubre, y la exigencia es que se respete la reforma constitucional que señala que el agua es un derecho universal.


 

Reformar la ley

Jorge Méndez indicó que el siguiente paso será que el Congreso del Estado reforme la Ley del Agua de Puebla, a fin de que pongan candados para que el servicio deje de ser un negocio de particulares.

Recordó que uno de los compromisos de la legislatura es el devolver la rectoría del manejo del agua al estado.

Ahora, expresó, se espera que los legisladores estén a la altura de las circunstancias y respalden al gobernador electo Luis Miguel Barbosa, ya que fue uno de los compromisos de campaña

Incumplió la empresa

Expuso que Concesiones Integrales (Agua de Puebla) incumplió con la inversión de mil 500 millones de pesos a la que se comprometió con la firma del contrato para el primer año, y las inversiones fueron nulas.

Ante tal situación, procede la rescisión del contrato una vez que hay un incumplimiento por parte de la empresa además de que la adjudicación se dio de manera poco clara, como lo han señalados medios de comunicación a nivel nacional.

También responsabilizó al gobierno del estado de no haber transparentado los recursos que se entregaron por mil 400 millones de pesos que presuntamente dio la empresa por el contrato.

El 9 de septiembre de 2013 tras ser aprobada la iniciativa aprobada por el Congreso del Estado para reformar la Ley del Agua, mediante la cual se permitió la privatización de los organismos operadores de agua, el Partido  Revolucionario Institucional anunció que acudiría a la Suprema Corte por considerar puntos inconstitucionales.

El entonces dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Pablo Fernández del Campo  en  conferencia de prensa, junto con los representantes de la bancada de la LVIII legislatura, expresó que  era inconstitucional la propuesta pero más allá de eso se trataba de una acción inmoral que afectaría a los poblanos.

Por su parte, el diputado Gerardo Mejía Ramírez señaló que debía ser el Congreso del Estado el que regulara las tarifas de agua potable, pues no se le podía quitar ese derecho, ya que sería una violación a la constitución.

Aprobaron reforma privatizadora

El 9 de septiembre de 2013, con 28 votos a favor y 9 en contra (todos ellos del PRI), fue aprobada la reforma privatizadora del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla en el Congreso del Estado, con lo cual el órgano legislativo perdió el control para conocer las tarifas.

La reforma aprobada establece: “Los prestadores de servicio público, tendrán las atribuciones para regular la participaciones del sector social o privado, celebrando instrumentos jurídicos, incluyendo sin limitar, concesiones o cualquier otros convenios o contratos, los cuales establecerán, derechos y obligaciones de las partes, las sanciones por incumplimiento, la posibilidad de ceder o gravar irrevocablemente, con el previo consentimiento del Concedente, los derechos derivados del título de Concesión o instrumento correspondiente”.

“Tratándose del Prestador del Servicio Público del Municipio de Puebla, podrá aplicar lo relativo a las concesiones de servicios públicos del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, en lo que no se oponga a lo establecido en la presente Ley.”

De los 11 diputados priístas que asistieron, Juan Ramón López Jiménez y Juan Manuel García no cumplieron con el compromiso y votaron a favor, lo mismo hicieron los legisladores del Partido Verde Ecologista Mexicano, apoyando la iniciativa del gobernador.

Los traidores

En la votación de los 14 integrantes de la bancada del PRI, cinco traicionaron a su partido al no acatar la línea de votar en contra de las iniciativas del gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas en las reformas a la Ley del Agua.

Durante la votación sólo 9 legisladores priistas rechazaron esta propuesta, ya que Ramón Felipe López Campos y Juan Manuel Jiménez García, votaron a favor de esta propuesta y las diputadas Zenorina González Ortega y Elvia Suárez Ramírez e Iván Conrado Camacho Moreno estuvieron ausentes.

Al percatarse del voto a favor  de su compañero de bancada, Edgar Salomón Escorza le solicitó a López Campos rectificar el sentido de su voto, este simplemente lo ignoró y se levantó de su curul para esconderse en los anexos del salón de plenos.

Piden transparentar el contrato

El pasado 30 de octubre, los integrantes de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Asuntos municipales ordenaron la publicación del contrato de concesión del servicio de agua potable a la empresa “Concesiones Integrales de Puebla” para que se conozcan los términos en que fue firmado.

La presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Nora Merino Escamilla, advirtió que el acuerdo votado en las comisiones unidas es ordenar la publicación íntegra del contrato.

Comentó que dicho contrato de concesión debe encontrarse en los archivos del propio Congreso del Estado, pues fue la Legislatura LVIII quien aprobó la entrega del manejo del servicio a la empresa y la LIX la que formalizó el resto del contrato.

Advirtió que en caso de que no se encuentre la copia del documento se va a solicitar al gobierno del estado a través del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla que lo haga público.

La legisladora señaló que no existen elementos legales para mantener bajo reserva hasta el 2023 el documento, por lo que tendrá que hacerse público.