El Congreso de Puebla recibirá antes del  15 de julio el documento mediante el cual se solicita revocar la concesión a la empresa Aguas de Puebla, mismo que será analizado en comisiones y turnado al pleno, a fin de cancelar el contrato, anunció el presidente de la Junta de  Gobierno, Gabriel Biestro Medilla.

En entrevista, el legislador expresó que la concesión del servicio no puede seguir en manos de particulares, ya que ha sido un negocio que ha afectado a miles de poblanos, quienes tienen que pagar altas tarifas por un servicio que muchas veces no reciben.

Biestro Medinilla señaló que una de las demandas de la población es que se preste un servicio eficiente, de calidad, pero sobre todo que ser terminen los abusos.

Del tema de la municipalización, Biestro señaló que, en un determinando momento, el Ayuntamiento tiene la facultad de cancelar contratos y convenios, "pero hay que revisar a fondo, ver los términos, las condiciones para que el sistema se municipalizara", dijo.

Y agregó: “Se va a revisar a fondo el tema, y habrá cooperación, siempre y cuando vaya de acuerdo a la agenda legislativa, que tiene que ver con el proyecto que se propuso”.

Comentó, para que en Puebla se aprobara  la nueva Ley del Agua, tenía que darse la reforma nacional y poder también sacar el tema a la capital.

Por otra parte, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, dijo que de las ocho solicitudes de revocación de mandato en contra de presidentes municipales, solo fue presentada una en contra de Claudia Rivera, misma que no tiene sustento, por lo que es posible que quede sin efecto, declaró.

2Dijo que se está trabajando de la mano con la Secretaría General de Gobierno para solucionar los problemas en Puebla, Atlixco, Amozoc, Izúcar de Matamoros, San Martín Texmelucan, Tehuacán, Cuyoaco y Juan N. Méndez.

Insistió en que este tema de la revocación es por intereses políticos y personales, pues no cuentan con elementos que las pudieran hacer procedentes.

"Es un tiempo de efervescencia y debemos distinguir lo que es un conflicto institucional y lo que son conflictos personales (...) nosotros lo que estamos haciendo es tratar de solucionar los conflictos de la mano con al SGG, creo que de esas ocho solicitudes no hay como tal ninguna que sostenga, hay problemas por supuesto que los hay y se tiene que resolver”.

Van por el cambio de sede

En otro tema dijo que los diputados se pusieron de acuerdo en cambiar la sede del Poder Legislativo tras mes y medio analizando el dictamen de la UAP que sugería desalojar el inmueble y aseguró que el edificio actual no se cerrará y será parte del patrimonio del Congreso.

Dijo que el edificio de la 5 Poniente será rehabilitado como lo recomendó la máxima casa de estudios y se ocupará como biblioteca o salón de protocolos.

Reconoció que todavía no se decide a dónde se mudará la LX Legislatura, pero afirmó que será “a la brevedad”.

Negó que el inmueble ubicado en el número 128 de la 5 Poniente vaya a ser entregado a parientes del gobernador interino Guillermo Pacheco Pulido, luego de que el expresidente de la Mesa Directiva, José Juan Espinosa Torres, denunció que el cambio de sede se debía a que la familia del exmandatario reclamaba el área del edificio que se encuentra en litigio desde hace más de 20 años.

El estudio de 1993

Un dictamen sobre el edificio que alberga el Congreso del Estado en 1993 realizado por el Colegio de Arquitectos de Puebla señala que era obsoleto, y advertía “así como el inevitable fin de la vida útil del inmueble” la alternativa que se planteaba era la reubicación de la sede en un lugar fuera del Centro Histórico de la capital.

El documento que se encuentra disponible en el Archivo del Congreso cuenta con las firmas del presidente de la Gran Comisión del Poder Legislativo, Miguel Quirós Pérez, y del entonces presidente del Colegio, José Luis Ramírez Mantilla se reitera que es obsoleto para que se pudiera operar el poder legislativo.

Conforme a la carpeta entregada se precisa que en el estudio del Colegio de Arquitectos participaron los profesionales Abel Aguirre Terán, Edmundo Estrada Tirado, María Cristina García Torija, Francisco Javier López Romero, María Teresa Rojas Ortiz, así como Manuel Yela Osorio, y lo firma el presidente José Luis Ramírez Mantilla.

El estudio hace referencia a que el Congreso llevaba 88 años funcionando en el inmueble de la 5 Poniente 128, y se basó en uso y función; capacidad, condiciones de habitabilidad, función urbana, actividad en el cultivo de la personalidad.

“Dichas instalaciones actualmente han sido rebasadas en su función, debido al crecimiento demográfico del estado, el cual aumenta las actividades del quehacer legislativo”

“Se nota lo obsoleto y reducido del local para llevar a cabo nuevas técnicas de legislación, hace falta auxiliarse de elementos como biblioteca, hemeroteca, archivos funcionales, banco de datos, informática computacional, y enlace con los grandes aparatos que conforman la logística legislativa del país”.