La presidenta de la Comisión Inspectora del Congreso del Estado, Olga Lucía Romero Garci Crespo advirtió que más que para un garrote político, la Auditoría Superior del Estado fue utilizado por el morenovallismo para el “apapacho” de los actos de corrupción en los que incurrían presidentes municipales u otros sujetos de revisión.

En entrevista, luego de que se publicara la convocatoria para elegir al próximo auditor Superior del Estado, señaló que es importante que no se vuelvan a proteger los actos de corrupción al interior del órgano fiscalizador y de la verdadera rendición de cuentas.

Expresó que no es posible que estando a la vista de los ciudadanos actos de corrupción y presuntos desvío de recursos no se hayan detectado muchos de ellos.

Insistió en que se estaba “apapachando” a quienes incurrieron en el mal uso de los recursos públicos, mientras se aplicaba el garrote político en contra de los opositores a un sistema.

Recordó que al asumir la presidencia de la comisión, su compromiso fue el pedir que se abran las cuentas públicas de los últimos cinco años de la administración estatal en la que se presuma hay un desvío de recursos.

Comentó que es algo que permite la ley y se espera que el próximo auditor que rendirá protesta en el mes de noviembre asuma su responsabilidad.

Romero Garci Crespo expresó que todos saben lo que ocurrió en Puebla; sin embargo, no hay personas que hayan sido sancionadas por los  malos manejos que se dieron durante casi ocho años de gobiernos morenovallistas.

Indicó que ahora está la convocatoria dirigida a quienes pudieran desempeñar el cargo de Auditor Superior del Estado de Puebla; para el periodo comprendido del 29 de noviembre de 2019 al 28 de noviembre de 2026, quien tomará la Protesta de Ley, el 27 de noviembre de este año. 

Por otro lado, aseguró que la titularidad de la Auditoría es un cargo de suma relevancia debido a que dentro de sus funciones primordiales se encuentran: Fiscalizar los ingresos, egresos, control, administración, manejo, custodia y aplicación de fondos, bienes y recursos de los Poderes del Estado, Ayuntamientos, organismos autónomos, entidades paraestatales y para municipales, organismos públicos desconcentrados.

Señaló que también están los fideicomisos en los que el fideicomitente sea cualquiera de los Poderes del Estado o  Ayuntamientos y en general, cualquier persona física o jurídica, pública o privada, mandato, fondo y demás que por cualquier razón recauden, manejen, ejerzan, resguarden o custodien recursos, fondos, bienes o valores de la hacienda pública estatal o municipal, tanto en el país como en el extranjero, y demás que formen parte de la cuenta pública, en términos de las disposiciones aplicables.

Expresó que fiscalizará las acciones del Estado y Municipios en materia de fondos, recursos locales, deuda pública estatal y municipal, y las garantías que, en su caso, otorguen el Gobierno del Estado y los Municipios a sus entidades paraestatales o paramunicipales, según  corresponda, así como el destino y ejercicio de los recursos obtenidos por estos financiamientos.

Sostuvo que según lo previsto por el orden jurídico mexicano, resulta de interés público que dicho cargo sea ostentado por una persona que además de contar con una amplia experiencia, tenga la suficiente capacidad en la materia.

Investigar Flor del Bosque

En otro tema la legisladora respaldó la demanda del diputado Emilio Maurer Espinosa para que se investigue lo referente a Flor del Bosque, e indicó que los documentos de propiedad deben aparecer y sería grave que estuvieran perdidos como se ha señalado.

Indicó que posiblemente la Auditoría Superior podría intervenir en éste caso una vez que se utilizaron recursos públicos para la construcción del parque.