La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Nora Merino Escamilla denunció “corrupción hormiga” en los centros de verificación que operan en el estado, que van desde pedir la cuota de 200 pesos para no hacer fila, o entregar hologramas a unidades contaminantes.

En entrevista, luego de que el gobernador Luis Miguel Barbosa anunciara que se pondrá en orden los centros de verificación cuyas concesiones fueron entregadas durante la administración morenovallista, Merino Escamilla indicó que se tiene que revisar a fondo el tema ya que algunas de las empresas que hoy operan los negocios fueron sancionados en otros estados.

La titular señaló que se han detectado irregularidades en la operación y expuso que existen unidades contaminantes que portan la calcomanía de la verificación, por lo que espera que el nuevo gobierno implemente una revisión de los vehículos con éstas características y se proceda a la sanción correspondiente.

Señaló que incluso se debe llegar a la revocación de las concesiones para poner orden y que en verdad se cumpla con la reducción de las emisiones contaminantes.

Por unanimidad la Comisión Permanente de la LX Legislatura del Congreso del Estado aprobó exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla para que presente el padrón de centros de verificación, así como los propietarios de los mismos luego de que hace cinco años les fueron retiradas las concesiones a los empresarios poblanos.

En el exhorto también se pide un informe sobre el número de unidades que integra el parque vehicular, la ubicación de los centros de verificación que están en funciones y conocer si cuentan con la capacidad para cubrir la demanda.

Merino Escamila expuso la necesidad de conocer estos datos, toda vez que –por citar un ejemplo- entre 2008 y 2018 el parque vehicular en el estado de Puebla incrementó más de 250 por ciento.

Asimismo, aclaró que el exhorto incluye que la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla notifique si los verificentros en funciones cuentan con la suficiente capacidad para atender el parque vehicular o si se requiere otorgar más concesiones.

Estaciones irregulares

En julio de 2016, los verificentros 2105 que operan en la colonia Maravillas y el 2110 en San Martín Texmelucan propiedad de las empresas Verificadora Tamaulipas y Verificentro San Joaquín, que fueron sancionadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), obtuvieron la concesión en Puebla en 2014 a pesar de que en el Ciudad de México les retiraron los permisos por serias irregularidades.

De acuerdo con las concesiones y permisos que se entregaron en 2014 para operar los verificentros, entre los sancionados estaban los centros a los que de manera irregular se les otorgó la concesión ya que entre 2012 y 2014 el gobierno del entonces Distrito Federal suspendió sus actividades,

La Profepa colocó sellos de clausura en las líneas de los Centros de Verificación ubicados en Calzada Ignacio Zaragoza (2105), Avenida 25 Oriente, Bulevar Atlixco y en el municipio de San Martin Texmelucan (2108).

La acción de Profepa en contra de los verificentros puso al descubierto un escándalo, y es que los centros con las claves 2105 que se encuentra en Maravillas y el 2110 en San Martín son propiedad de empresas que habían sido clausuradas definitivamente en la Ciudad de México antes de 2014.

El señalamiento se hizo a tiempo por parte de los empresarios poblanos que advirtieron un acto de corrupción en la entrega de las concesiones y presentaron pruebas de que Verificadora Tamaulipas, Verificentro San Joaquín que entraron en la convocatoria tenían que ser descalificadas por la sanción que tenían.

Acabar con el monopolio

El Colectivo de Verificentros Poblanos demandó acabar con el monopolio de los Centros Verificación Vehicular que se impuso durante la administración del ex gobernador Rafael Moreno Valle, beneficiando directamente a las familias Kawashi, y Cabalán que no son de Puebla, y que dejaron sin empleo a más de 1,600 familias.

Martín Maldonado Flores, representante de los empresarios, señaló que ellos están listos para abrir nuevamente cumpliendo con la norma oficial mexicana en el tema ambiental ya sin la presión y persecución por parte de las autoridades.

Recordó que el gobierno de Moreno Valle favoreció a sus socios para que abrieran 17 centros que no cumplían con las reglas, además de que algunas de ellas habían sido sancionadas en la Ciudad de México, y por lo tanto estaban impedidas legalmente para abrir por estar inhabilitadas.

Asimismo recordó que algunos de los centros se instalaron en terrenos de 800 metros cuadrados cuando la norma establece que tenía que ser una superficie mínima de mil 200.

Martín Maldonado expresó que hay que favorecer a las empresas poblanas qué si habían cumplido con los requerimientos, y la gente ya verificaba.

Martín Maldonado, quien señaló que ahora es un negocio de familias y recordó que la verificación de automóviles que rebasaba el 60 por ciento del parque vehicular se redujo a menos del 30 por ciento, ya que los Centros de Compromiso Ambiental no cuentan con la capacidad para atender la demanda de los poblanos, y por lo tanto aumentó la contaminación principalmente en las zonas urbanas.