Despedidos del gobierno de Rafael Moreno Valle solicitarán a la actual administración estatal un decreto por parte del titular del ejecutivo, Luis Miguel Barbosa Huerta, para que sean apoyados, luego de cerca de 8 años de pelea en tribunales.
En entrevista para Intolerancia Diario, Marco Antonio Manzano Ramírez, representante de los despedidos, señaló que la lucha continúa para más de mil 200 extrabajadores del Gobierno del Estado.
Resaltó que ha habido acercamiento con el gobernador Luis Miguel Barbosa y con el actual secretario del Trabajo, Abelardo Cuéllar, quién incluso defendió en los tribunales algunos casos durante las protestas en el anterior gobierno.
La tarde de este miércoles se realizó un foro o entre los exempleados y Cuéllar, donde se hizo un análisis de la situación que existe en los tribunales laborales.
Desde el año 2011, Intolerancia Diario, ha revelado de manera constante la cifra de despedidos y situación de los afectados tras una ola de más de 14 mil bajas en el sexenio de Rafael Moreno Valle.
La misiva
En la carta que se entregó a las autoridades estatales, donde se solicita el decreto gubernamental, piden solventar el rezago y la dilación en los juicios de burócratas despedidos injustificadamente en los ejercicios 2011-2015.
En la misiva, en poder de este medio de comunicación, señalan que el actual gobernador Barbosa Huerta se comprometió en campaña a dar solución a la que calificaron como una injusticia.
Denunciaron que el morenovallismo utilizó de pretexto la falta de presupuesto, “argumento falaz que ha sido rebasado incluso por jurisprudencia”, indican en el texto.
El despido basado en la falta de presupuesto para el pago de su salario es injustificado, resaltan, al no estar prevista esa causa de rescisión de la relación laboral en la ley relativa.
“De conformidad con el artículo 43 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, el nombramiento de un trabajador de base solo podrá dejar de surtir efectos sin responsabilidad para el Estado cuando se actualice alguna de las causales previstas en dicho numeral”.
“Por tanto, la falta de presupuesto para pagar el salario del trabajador, no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en dicho numeral, ni en el diverso 47 de la ley federal del trabajo y, por ende, el despido que se apoya en esa causa es injustificado”, afirman.
Subrayan que dicha tesis se publicó el 19 de octubre de 2018 en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 22 de octubre de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
De este modo, los afectados solicitan en la carta al Secretario del Trabajo, Abelardo Cuéllar, que por su conducto haga llegar la propuesta de Decreto al gobernador de Puebla, con el fin de dar solución de fondo.
El decreto
“El presente decreto tiene como fin resolver el conflicto derivado de los despidos justificados realizados por parte del Gobierno del Estado de Puebla a través de las Secretarias que conforman la administración pública centralizada y los trabajadores de estas durante los ejercicios 2011-2015”.
El Ejecutivo del Estado constituirá una comisión Inter-Secretarial para los asuntos derivados de los despidos injustificados, lo anterior con la finalidad de elaborar las propuestas de solución del conflicto con los autores de los juicios, de conformidad a lo señalado por el artículo 12 segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Puebla.
1- Se celebrara una etapa conciliatoria sin importar la etapa procesal en que se encuentre el juicio laboral, únicamente para los Trabajadores despedidos injustificadamente de los periodos 2011-2015.
Las partes comparecerán personalmente ante el Tribunal de Arbitraje del Estado o la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado según corresponda.
2-El Tribunal de Arbitraje del Estado o la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, intervendrá para la Celebración de pláticas entre las partes y exhortará a las mismas para que procuren llegar a un arreglo conciliatorio.
3.- Para los trabajadores despedidos 2011-2015 a solicitud expresa le sean reconocidos sus derechos y años de aportaciones al ISSSTEP dentro del convenio de conciliación, quedara establecido el pago de la siguiente manera:
El 5.5% el trabajador y 13% el Gobierno del Estado como lo establecen los artículos: 38 fracción II y 41 fracción II respectivamente, para su fondo de pensiones y Jubilaciones, en virtud de que no se le brindaron los servicios y beneficios establecidos en la Ley.
4- Si las partes llegaren a un acuerdo, se dará por terminado el conflicto.
El convenio respectivo para su reinstalación así como el monto de la indemnización aprobado por el Tribunal de Arbitraje del Estado o la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, producirá todos los efectos jurídicos inherentes a un laudo;
5.- Las partes de común acuerdo, podrán solicitar se suspenda la audiencia con objeto de conciliarse; y el Tribunal de Arbitraje del Estado o la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por una sola vez, la suspenderá y fijará su reanudación dentro de los ocho días siguientes, quedando notificadas las partes de la nueva fecha con los apercibimientos de Ley;
6- Si las partes no llegan a un acuerdo, se les tendrá por inconformes, pasando a la etapa de demanda y excepciones; y continuarán con su juicio Laboral como está establecido en las Leyes de la Materia
7- De no haber concurrido las partes a la conciliación, se les tendrá por inconformes con todo arreglo y deberán presentarse personalmente a la etapa de demanda y excepciones.
Señalaron que el posible decreto entraría en vigor un día después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado y tendría una vigencia de seis meses para la solución de los conflictos laborales generados entre los años 2011-2015.
