Un grupo de ciudadanos planteó al gobernador, Miguel Barbosa Huerta la apertura de al menos 50 verificentros, esto para resarcir el daño causado por el exgobernador, Rafael Moreno Valle, quien mandó a cerrar 85 centros en la entidad, para crear un monopolio al otorgar a sus amigos las concesiones de 17 espacios, que actualmente operan en el estado. 

En conferencia de prensa, el vocero del colectivo de verificentros, Martín Maldonado Flores, indicó que la petición al gobernador es que se otorgue la oportunidad a quienes desde 1994 iniciaron con el programa de verificación vehicular en el estado, con el objetivo del cuidado del medio ambiente.

Cristopher Damián / Intolerancia
Cristopher Damián / Intolerancia

Los empresarios abundaron en que el grupo de ciudadanos fueron perseguidos políticamente por Rafael Moreno Valle Rosas en 2014 cuando decidió cerrar los centros de verificación y otorgar las concesiones a sus amigos. 

Producto del cierre de las fuentes laborales, los empresarios señalaron que dos de los concesionarios perdieron la vida, pues detallaron que el impacto fue alarmante que repercutió en su salud para finalmente fallecer. 

"El primero es la reparación del daño que nos hizo Rafael Moreno Valle en 2014 con la clausura ilegal y artera con la fuente de nuestros ingresos, éramos 85 empresarios poblanos, los cuales fuimos arrebatados de nuestra fuente de ingreso de manera ilegal y que nosotros estábamos luchando porque se nos regresaran nuestras fuentes de trabajo, en la propuesta de la que nosotros hablamos, hablamos de que nosotros fuimos fundadores de programa de verificación vehicular desde 1994 y queremos que se aplique el término legal de primero es el tiempo, primero es el derecho para que s la Secretaría del Medio Ambiente o el gobierno del estado desea abrir una licitación para las concesiones se nos brinde la oportunidad", explicó. 

Maldonado Flores abundó en que los 17 centros de verificación que actualmente operan en el estado no son suficientes para atender la demanda de las y los automovilistas, especialmente al interior del estado, por lo que ellos están dispuestos a invertir en tecnología para que se les otorgue la oportunidad de trabajo, por medio de estos centros. 

"Nosotros tuvimos daños de manera ilegal, por eso es que le pedimos que nos apoye para que se nos regrese lo que nos corresponde y que no nos considere, que haya un programa de beneficio para nosotros como empresarios. Básicamente es presentar tecnología que nosotros traemos de otra empresa que cuenta con las credenciales necesarias para poder trabajar y dar certidumbre al proceso de verificación", dijo. 

Otra de las propuestas que plantean al gobernador, Miguel Barbosa es que todo el proceso de verificación vehicular sea vigilado y transparentado, es decir que "por medio de una página web se dé acceso ciudadano para que todo mundo pueda ingresar y ver cómo es el procedimiento de verificación vehicular, con eso se acaban al cien por ciento la corrupción, si se hacen 100 verificaciones debe haber 100 videos de los vehículos que fueron verificados y que tú puedes revisar en tiempo real, lo que está pasando por el vehículo", dijo.  

Por la persecución política de Moreno Valle dos concesionarios enfermaron y fallecieron   

De los 85 dueños de los centros de verificación que operaron hasta 2014, cuando Rafael Moreno Valle mandó a cerrar los espacios para otorgar concesiones a Jorge Kahwagi, solo 20 dueños hacen la petición al gobernador, quienes están incluidos en un colectivo.

"Hubo unos concesionarios, dos que fallecieron quienes tenían mermada su salud y con el golpe tan tremendo y con la ilegalidad que fue actuada su salud tuvieron que ser intervenidos y desafortunadamente fallecieron. Hubo otros que ahí están, pero que no se han querido integrar y los llevaron a la lona porque nos clausuraron y fue muy dura, hubo persecución, amenazas por parte del gobierno del estado para que dejáramos el tema", dijo.  

El vocero del colectivo de verificentros, Martín Maldonado Flores, abundó en que se debe realizar un estudio y para ello convocaron al gobernador al diálogo con el gobierno del estado para atender la demanda de quienes fueron afectados. 

"Cuando nos despojan en el 2014, ellos entran a la licitación, a nosotros como empresarios poblanos nos niegan el acceso a la licitación y solo las otorgan a las dos empresas que fueron vetadas en el estado de México por actos de corrupción y se quedan en Puebla", dijo. 

Finalmente, comentó que los dueños de los centros de verificación están dispuestos a trabajar con transparencia y cero corrupción, pues lo que buscan es tener su fuente de ingresos.