Tras vencerse el contrato con la empresa que operaba las cámaras monitoreo de velocidad para aplicar las “fotomultas”, la posición es mantener el programa pero sin que sea una medida recaudatoria sino de prevención de accidentes.

Fuentes consultadas señalaron que hace seis años que inició la implementación del programa se dieron resultados inmediatos, ya que al tomar como referencia el periodo del 5 de agosto del 2013 al 5 de julio del 2014 y compararlo con los mismos 11 meses de 2012-2013, se reflejó que las muertes disminuyeron 89 por ciento, en tanto que las lesiones bajaron 85 por ciento y se registraron 78 por ciento menos accidentes en lugares como Periférico y Atlixcayotl.

Sostuvieron que, de acuerdo con los datos, es una medida que ha salvado vidas humanas, por lo que hay que buscar los argumentos legales para que siga vigente.

Recordaron que hubo oposición para que en vías como la 31 y la 25 Poniente – Oriente se aplicara el proyecto, una vez que se caería en una acción meramente recaudatoria.

Uno de los puntos que tiene que aclararse, comentaron,  es la cantidad de recursos que se recaudan, además del destino de los mismos, que podrían utilizarse para la protección de los peatones, con la instalación de puentes o sistema de semáforos.

La medida que se aplica no es mala, el problema consiste en que no se reguló antes de que entraran en operación las cámaras, detallaron.

Irresponsabilidad generó su instalación

En la legislatura pasada, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del estado, Francisco Rodríguez Álvarez, señaló que los ciudadanos tenían derecho de ampararse en contra de la llamada “fotomulta”, pero dijo que antes de hacerlo deben reflexionar que, si respetaran los índices de velocidad, no tendrían que recurrir al amparo de la justicia federal, y manifestó su respaldo al programa siempre y cuando no sea una acción recaudatoria.

Rodríguez Álvarez expresó que las cámaras no debían instalarse en vialidades como Bulevar 5 de Mayo, 31 Oriente–Poniente y 25 Oriente–Poniente, toda vez que esto sí representaría una acción recaudatoria.

Insistió que las cámaras de vigilancia no se hubieran instalado si los automovilistas respetaran la velocidad permitida, pero diariamente había percances automovilísticos y lo más grave, la pérdida de vidas humanas.

Dijo que el monto de la recaudación fue a la baja toda vez que al principio los automovilistas no tomaron en serio la medida, pero una vez que les “pegó en el bolsillo” se dieron cuenta de que cuesta caro no cumplir con la ley.

Rodríguez Álvarez reiteró que el programa estaba plenamente justificado cuando los índices de accidentes disminuyeron 90 por ciento, al igual que las muertes, por lo que insistía que los dispositivos fueran instalados en vialidades o carreteras que tienen mayor incidencia, y que esto no se aplique en lugares de baja velocidad.

Comentó que las carreteras estatales marcan entre 100 y 110 kilómetros por hora, que son velocidades adecuadas para evitar accidentes.

Amparos contra las infracciones

En agosto de 2017, la corriente de Alternativa Democrática Nacional (ADN) inició la promoción de amparos en contra de la aplicación de las fotomultas en el estado, una vez que se presumió se trataba de acciones inconstitucionales ya que no se da la garantía de audiencia.

La abogada Yadira Limón Condado dijo que las fotomultas que se convirtieron en la caja chica del gobierno estatal y no como una medida para reducir accidentes viales.

Negocio Moreno Valle–Duarte

El 10 de diciembre de 215, con un nuevo fast track, el Congreso del Estado aprobó la iniciativa del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas para homologar las fotomultas con el estado de Veracruz, al indicar que era un asunto urgente y de rápida resolución.

En la sesión ordinaria, el pleno del Congreso local por unanimidad y sin discusión parlamentaria, con la dispensa de trámite, aprobó el convenio entre los gobiernos de Puebla y Veracruz para homologar el cobro de las fotomultas.

La iniciativa del convenio enviada por el exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas y, de manera inmediata, los legisladores avalaron el acuerdo entre los dos gobernadores Javier Duarte de Veracruz y el mandatario estatal poblano para permitir el cobro de las fotomultas de manera coordinada entre los dos estados.

Con dicho marco legal, los automovilistas con placas de Puebla y Veracruz podrían ser multados por las autoridades de tránsito de ambos estados.

El pasado 5 de diciembre de 2015, los gobernadores de ambas entidades firmaron el acuerdo que avaló el Congreso local.