El diputado Juan Pablo Kuri Carballo presidió la mesa directiva del Congreso del Estado en la que se aprobó la desaparición de Ciudad Modelo, con 26 votos a favor, 2 en contra y 10 abstenciones. Dicho dictamen lo presentó la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, el cual estable:
-Restablecer las facultades municipales agenciadas por el Organismo Público Descentralizado denominado “Ciudad Modelo”, al estado en que se encontraban hasta antes de la suscripción de los convenios respectivos.
-Restituir a los respectivos Ayuntamientos la prestación de servicios públicos municipales que esta entidad paraestatal venía ejecutando.
-Contar con una Administración Pública susceptible de adaptación a los cambios y transformaciones del entorno, para su constante perfeccionamiento y modernización, a fin de que los recursos públicos se ejerzan de forma transparente y eficiente.
Cabe señalar que en 2017 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que creó el Organismo Público Descentralizado denominado “Ciudad Modelo”.
La creación de este Organismo tuvo por objeto que a través del mismo se prestaran servicios y funciones públicas en la zona de desarrollo industrial, urbano y ecológico, en los municipios de San José Chiapa, Nopalucan, Soltepec, Rafael Lara Grajales y Mazapiltepec.
Sin embargo, del artículo 8 del Decreto de Creación de “Ciudad Modelo”, se desprende que no sólo se le atribuyó la prestación de servicios estatales, sino también la de aquellos concedidos constitucionalmente a los Municipios, con lo que se fracturó el mandato del Constituyente plasmado en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se formalizó la intromisión del estado en la autonomía municipal, mediante la prestación de servicios y el cobro de contribuciones que son de la exclusiva competencia de los municipios.
Esto se dio a través de una instancia paraestatal, de naturaleza concentradora e intermedia, con funciones y atribuciones sobrepuestas a las de los Ayuntamientos y otras instancias, lo cual enerva el régimen político constitucional en atención a intereses políticos y económicos injustificados.
Ahora con esta iniciativa, el Gobierno del Estado pretende velar por la restitución de los elementos democráticos del orden constitucional, de manera que ninguna autoridad, ente, órgano o persona tenga facultades o atribuciones que le permitan actuar de manera independiente, unilateral y con decisión, que no sean resultado o provengan de manera directa de los acuerdos o decisiones tomados por los diferentes niveles de gobierno dentro del ámbito de sus respectivas facultades y libertades, a efecto de impedir que la conducta de aquéllos se traduzca en actos o hechos que violenten el régimen interno o que implique sustitución o arrogación de sus facultades.
