El presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado de la República, Alejandro Armenta Mier, anunció que sólo en los casos en los que esté en riesgo la seguridad nacional, podrá haber reserva de información, y en el caso de la deuda pública si los contratos siguen vigentes los funcionarios que los hayan firmado continúan siendo responsables de los mismos.

En entrevista el legislador, reiteró que el documento  que fue aprobado en el Congreso de la Unión con lo cual ya no habrá discrecionalidad en lo referente a la reserva de información que se aplica por parte de autoridades federales, estatales y municipales para los contratos de obra pública.

Recordó que hay quienes han reservado hasta por 30 años diversos documentos referentes a la construcción de un puente, una carretera, un museo, centros se salud, o integrales de servicios.

Precisó que solo en casos como la construcción y equipamiento de un C5, instalaciones militares, adquisición de equipo de seguridad pública, procede la reserva de información.

Al preguntarle de casos como el de Puebla donde se reservó la información de PPS, y APP, donde están obras como plataformas AUDI, Estrella de Puebla, entre otras, y si los funcionarios que firmaron los documentos podrían ser susceptibles de la aplicación de la Ley, indicó que si los contratos siguen vigentes, tiene que darse la investigación correspondiente.

Recordó que en para los contratos el principal responsable de la firma de los mismos es el secretario de Finanzas  en los estados, y en la investigación deberá determinarse si se cumplieron con los requerimientos legales.

Dijo que en éstos momentos tanto gobernadores como presidentes municipales a nivel nacional quieren que se realicen las investigaciones correspondientes ya que heredaron administraciones en estado de quiebra.

Sostuvo que con la Ley de Disciplina Financiera ya se considera un delito llevar a la quiebra a una administración pública habiendo dolo.

Recordó que desde el senado solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigar a fondo los fideicomisos públicos creados “al amparo del poder” con recursos públicos extraordinarios, entre 2012 y 2018, en Tamaulipas, Guanajuato, Veracruz, Puebla, Estado de México y Jalisco.

Expuso que esos fideicomisos fueron firmados por los secretarios de Finanzas de los estados y avalados por la Secretaría Hacienda.

“Entonces, había una complicidad que la Auditoría Superior de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y la Procuraduría Fiscal de la Federación tienen que investigar, porque fue una fuente de saqueo inmensa”.

“Fueron una fuente de saqueo inmensa (del erario público). Ha habido una opacidad inmensa. Muchos de esos fideicomisos públicos sirvieron para financiar campañas electorales, principalmente del PAN y del PRI”, denunció.

Indicó que por los fideicomisos ocultos, la deuda a nivel nacional de estados y municipios que oficialmente es de 570 mil millones de pesos, podría llegar al billón 140 mil millones de pesos.

Cierran filas por el presupuesto

Por otra parte el presidente de la Comisión de Hacienda,Expresó que la grave situación financiera en la que recibió la administración estatal el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, hace necesario buscar incrementar los recursos económicos para que pueda cumplir con sus compromisos de campaña y mejorar las condiciones de vida de los poblanos.

Refirió que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para Puebla oscila por arriba de los 85 mil millones de pesos, de acuerdo con las fórmulas de la SHCP, por lo que no recibirá menos de esta cifra a pesar el escenario económico no se encuentre en su mejor momento.

Armenta Mier subrayó que los diputados federales de Puebla y los senadores de la República no bajarán la guardia y se mantendrán en las gestiones para para que el presupuesto del estado se eleve considerablemente y que la administración estatal tenga más recursos para aplicarlos con sentido social.

El legislador expuso que como presidente de la Comisión de Hacienda del Senado estará cómo será distribuido el presupuesto el próximo año, e indicó que la petición al gobernador es que se atienda cuatro prioridades que son seguridad, salud, campo y educación.