El pasado 10 de octubre, el Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo de Juicios Federales, del Poder Judicial de la Federación (PJF) desechó el amparo número 598/2016 interpuesto por las organizaciones Fundar y el Consejo Tiyat Tlali para evitar que el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 (PHP1) se desarrolle en la Sierra Norte del estado, concretamente en los municipios de San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya.
Lo anterior, luego de que el PJF emitió un resolutivo en donde señala que el territorio -donde se desarrollará el proyecto- no tendrá afectaciones a los sistemas de agua y cultivo, también que no se viola los derechos humanos de los demandantes. El fallo menciona que las autoridades otorgaron los permisos y acreditaciones conforme a derecho, además el proyecto PHP1 no daña las prácticas culturales ni religiosas de los territorios.
Luego de la resolución, la organización Fundar recordó que la Procuraduría General de la República (PGR) emitió el Peritaje Oficial de Biología e Impacto Ambiental en cual estableció que el PHP1 disminuirá la calidad del agua, generará gases de efecto invernadero, aparición de fauna nociva, contaminación de acuíferos y remoción de vegetación forestal.
Fundar acusó que la sentencia dictada por el PJF: “constituye una muestra más de una política de Estado que ha buscado despojar de sus derechos y sus territorios a los pueblos originarios para el beneficio de las grandes empresas”.
La organización recordó que la sentencia emitida puede ser sujeta a impugnación, por lo que continuarán luchando ante las instancias correspondientes para garantizar y proteger los derechos humanos de las comunidades y colectivos.
Por su parte, la Mesa de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Mesa Desca) de la Clínica Interdisciplinaria de Derechos Humanos del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J. de la Ibero Puebla, informó que han documentado casos de hostigamiento, criminalización y violación a los derechos humanos.
Recordaron que el defensor del territorio, José Luis Leiva Machuca, fue amenazado de muerte tras darse a conocer la sentencia que suspende el avance del proyecto PHP1, a favor de la comunidad de Huiyzilatl, Coyomeapan, además de la desaparición del activista Sergio Rivera Hernández, de quien se desconoce su paradero desde el 23 de agosto de 2018.
A través de un comunicado Mesa Desca acusó que los casos que han documentado son una muestra “de cómo las empresas con el aval del gobierno han generado violaciones a los derechos humanos y afectaciones al tejido social de las comunidades indígenas”.
Exigieron a las Secretarías de Gobernación Federal y del Estado de Puebla, así como al Ayuntamiento de Coyomeapan, canelar y no autorizar más permisos para implementar el proyecto hidroeléctrico, además de garantizar la vida e integridad de las comunidades, organizaciones y defensores de los derechos humanos.
A favor de la mina, pobladores como Rosalía Salvador Flores de Altica, en San Felipe Tepatlán, mencionó que en las comunidades de Xochimilco, Xochicugtla, Altica, Emiliano Zapata, Zoquiapa , Cuatepalcatla y Tepatlán existen pobladores satisfechos por la resolución del PJF a favor del proyecto PHP1.
En este sentido, Héctor Muñoz Rivera, vecino de Xochicuagtla pidió a Fundar y al Consejo Tiyat Tlali ya no interponer nuevos recursos en contra del proyecto hidroeléctrico.
PJF a favor de proyecto hidroeléctrico PHP1 by Intolerancia Diario on Scribd
