Ex trabajadores de la Secretaría del Bienestar región 7, con cabecera en San Martín Texmelucan denunciaron irregularidades en la dependencia y acusaron que el coordinador del gobierno federal, Rodrigo Abdala Dartigues, los obligó a trabajar electoralmente a favor de Bertha Luján Uranga, aspirante a la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); no denunciaron abusos laborales, malos tratos y diversas anomalías en la entrega de apoyos a las personas de la tercera edad y discapacitados. 



En conferencia de prensa, Adrián Tolama Nieva, en voz de los 26 empleados despedidos del gobierno federal, denunció que en julio, cuando Bertha Luján Uranga, realizó una gira de trabajo en Puebla para reunirse con la militancia de Morena, los trabajadores del gobierno federal fueron obligados asistir a ese evento en la Ciudad de Puebla, a dos horas de distancia de sus lugares de residencia y sin apoyos para su traslado.

La consigna de Rodrigo Abdala Dartigues fue la de conformar comités de apoyo a favor de la ex presidenta del Consejo Nacional de Morena, quien aspira a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de este partido político, pero fue José Manuel Vera Salgado el responsable de la operación política ordenada Abdala Dartigues, quien además los amenazo con no intentar denuncias en su contra, pues lo lamentarían. 

"De su boca lo expresado fue que se tenían que formar comités ficticios en apoyo a la candidatura de la señora Bertha Luján a la dirigencia nacional del partido Morena, como parte del mismo apoyo a esta candidata obligó al personal acudir actos proselitistas en horario de trabajo, uno de ellos fue la visita a Puebla de esta candidata el 12 de julio de 2019, donde compañeros que trabajaban en las comunidades más alejadas de los municipios de Tlahupan, San Felipe Totlalcingo, Chiautzingo, San Matías Tlalalcaleca, hicieron un traslado de dos horas a la Ciudad de Puebla para llegar a las 5 de la tarde, obligándolos también a que solventarán los gastos por su propia cuenta", denunció Adrián Tolama Nieva. 

Fue el pasado viernes cuando Intolerancia Diario dio a conocer las denuncias ante la Fiscalía Especializada para la Atención en contra de Delitos Electorales (Fepade) y ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en contra de Rodrigo Abdala Dartigues y al menos 25 "servidores de la nación", debido al condicionamiento de los programas federales y la injerencia en el proceso interno de Morena, para elegir a los siguientes dirigentes. 

Foto: Cristopher Damián / Intolerancia
Foto: Cristopher Damián / Intolerancia



De hecho Juan Manuel Vera Salgado es hermano de Mariela Vera Salgado, una de las denunciadas ante las instituciones, debido a que durante las asambleas distritales de Morena, para elegir a consejeros, obligó a los morenistas acudir a votar por las personas cercanas a Abdala Dartigues. 

Denuncian trato inhumano 
 

Los 26 denunciantes fueron empleados en el gobierno federal, de hecho ellos fueron los responsables de levantar los censos para la conformación de los nuevos padrones para la otorgación de los apoyos federales el año pasado, pero fue a partir de diciembre cuando oficialmente quedaron contratados en el gobierno federal, contrato que solo incluyó su salario y sin prestaciones incluso, uno de ellos tuvo un accidente, que ameritó hospitalización e intervención quirúrgica sin que se le pagaran gastos médicos; no obstante que, fue obligado a presentarse a trabajar a los dos días de haberse sometido a una operación médica. 

"Manuel Vera Salgado nos notifica vía verbal el 28 de agosto el despido de 26 trabajadores los que se encuentran jefes de región, servidores de la nación y auxiliares con el argumento de que no le gustaba la manera en que trabajábamos y de que figuraban las mujeres más que él como delegado, siendo el caso de Carmina Carrasco Avelino quien fungía como secretaria técnica de las Mesas de Coordinación Territorial para la construcción de la paz. Además impuso horarios de 9 a 6 de la tarde de lunes a domingo sin el derecho de horario de comida, hubo compañeros que estuvieron obligados a firmar contratos que no pero el salario nunca fue pagado, además fuimos obligados a comparar uniformes que nunca se nos proporcionaron", denunció. 

A pesar de que los inconformes acudieron a una denuncia ante las autoridades federales, un ministerio público les refirió que no procedería la querella pues se actuaba en contra de servidores públicos federales quienes gozaban de protección federal e influencia. 

Foto: Cristopher Damián / Intolerancia
Foto: Cristopher Damián / Intolerancia

Las irregularidades en la entrega de apoyos 
 

Por otra parte, los denunciantes ventilaron que los adultos mayores y personas discapacitadas, así como las familias beneficiarias eran obligadas a entregar sus credenciales de elector, para constatar que apoyarían al grupo político de Morena, en este proceso de renovación partidista. 

Además, las personas discapacitadas y adultos mayores eran obligados para asistir a instituciones de salud, como al Hospital del Niño Poblano, al IMSS de San Pedro Cholula, al ISSSTE y al ISSSTEP para sacar constancias médicas para que se hagan acreedores a los programas federales, trámites que personalmente los tenían que hacer las personas con síndrome de Dawn o bien quienes utilizan sillas de ruedas. 

Foto: Cristopher Damián / Intolerancia
Foto: Cristopher Damián / Intolerancia



En tanto que, denunciaron que el gobierno federal ha incumplido con los apoyos para las familias afectadas por el sismo del 2017, a pesar de que levantaron padrones, lo que a ellos como responsables del levantamiento de las encuestas les ha costado el rechazo social, ya que las familias afectadas les exigen las ayudas. 

"Se pidió al personal que se realizarán una inspección a todas las comunidades para detectar afectaciones por los sismos de septiembre de 2017 con la finalidad de favorecer con recurso económico los llamados fideicomisos, recabando evidencia fotográfica y documentación de los ciudadanos, misma que se entregó al ciudadano José Manuel Vera donde hasta el momento seguimos siendo objeto de reclamos por parte de los ciudadanos al no recibir apoyo alguno", dijo. 

Los ex empleados exigieron la pronta intervención del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y que se realice una investigación adecuada con sanciones ejemplares a quienes han cometido irregularidades en la administración pública federal.