Tras a darse a conocer el presunto fraude realizado por el ex alcalde de Chalchicomula de Sesma, Juan Navarro Rodríguez, por las viviendas gestionadas ante el Gobierno Federal a través la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) bajo el programa “Unidades Básicas de Vivienda 2016”, las familias defraudadas piden la intervención del Gobernador del Estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta para que se investigue este acto al que calificaron como un robo y un grave daño al erario.  

Y es que tras las publicaciones de medios regionales, como de Intolerancia Diario en donde se exhiben las diversas irregularidades y el presunto desvío de recursos que debían ser usados para la construcción de 400 viviendas a igual número de familias en situación vulnerable del municipio de Chalchicomula, los beneficiarios del programa de la Sedatu —ahora, llamada Secretaría del Bienestar— acusaron que dichas unidades no cuentan con los servicios básicos y hasta la fecha, a través de un abogado contratado por la pasada administración que encabezó Navarro Rodríguez, les siguen exigiendo cobros excesivos. 

En entrevista, los beneficiarios de las primeras 200 viviendas de la Unidad Habitacional San Cayetano señalaron que el ex alcalde, Juan Navarro Rodríguez; el ex secretario General, Irving Bello y el ex tesorero, Guillermo Ruíz, les pidieron diversas cantidades que oscilaron de los 15 mil pesos hasta los 35 mil pesos por cada vivienda; cuando, de acuerdo al acta de Cabildo número 11 con fecha del mes de abril de 2014, cada beneficiario debía aportar únicamente la cantidad de 4 mil 100 pesos.  

En dicha acta señala que el pago por la compra del terreno para la edificación de la primera etapa de las viviendas fue por 2 millones 500 mil pesos, cuando dicho predio es un ejido y no cuenta con los servicios básicos que exige el programa federal para su ejecución; cita también que para la construcción de las terracerías se destinaría un recurso de 80 mil pesos; 325 mil pesos para la construcción de guarniciones; 97 mil 500 para banquetas y la construcción de pavimentación por 230 mil pesos, cuando dichas obras no existen.  

De acuerdo a los documentos enviados a Intolerancia Diario, en el acta de Cabildo número 28 con fecha del 2 de septiembre de 2014, se firmó un convenio para la regularización la tenencia de la tierra con Alberto Jiménez Arroyo, en su carácter de delegado de la CORETT en el Estado de Puebla. 

Sobre costos de ejidos 

Mientras que, en el acta número 43 con fecha de noviembre de 2014 señala que se adquiere un terreno para la construcción de la Central de Abastos por la cantidad de 3 millones de pesos y para las viviendas de Santa Inés Borbolla por la cantidad de 500 mil pesos, cuando ambos predios son ejidos y también carecen de servicios básicos.  

En el acta de Cabildo número 93 con fecha de 20 de enero de 2016, en el cuarto punto de la orden del día se aprueban 200 unidades básicas de vivienda, con un costo de 137 mil pesos, en el cual cada beneficiario aportaría únicamente la cantidad de 10 mil pesos.  

En un acta de cabildo más celebrada el pasado 12 de abril de 2016, con el número 104, en el punto 06 de la orden del día se aprueban 100 unidades básicas de vivienda, que se debía construir en el terreno del beneficiario y éste último debía aportar únicamente la cantidad de 10 mil pesos; sin embargo, hasta la fecha, les están cobrando hasta 55 mil pesos por concepto de vivienda, más 3 mil 500 pesos para guarniciones y otros 5 mil pesos para adoquinamiento. 

“No es posible que, pese a que ya salió a la luz este gran fraude, las autoridades del gobierno federal sigan solapando al ex alcalde, Juan Navarro Rodríguez. Estos pagos los estamos realizando en el inmueble donde se encuentra el canal de televisión Serdán 10 propiedad del ex alcalde, Juan Navarro y se hacen a través de los ex trabajadores del ayuntamiento, la señora, Minerva Bravo Bautista; el representante de las colonias, junto con el licenciado, Miguel Bautista, quienes nos están pidiendo 16 mil pesos más para la gestión de las escrituras”, refirió una de las afectadas quien solicitó el recurso del anonimato pues además, ya fueron amenazados de que no les entregarían sus viviendas, ni las aportaciones que han realizado.  

Cabe mencionar que, recientemente Intolerancia Diario realizó un recorrido en los terrenos donde fueron construidas las 400 viviendas y la Central de Abastos y se constató que se encuentran en el total abandono, carecen de servicios básicos para su operación; además de que ya han sido saqueadas pues no cuentan ya con tinacos, puertas, ventanas, cables de luz, entre otros.  

Finalmente, las personas defraudadas agregaron que —en su momento— se manifestaron con el ex delegado de la Sedatu en Puebla, Román Lazcano Fernández, sin embargo, nunca obtuvieron una respuesta, ni les hicieron caso a su petición para que se investigara el presunto desvío de recursos; por lo que, solicitan la intervención del mandatario estatal, Miguel Barbosa Huerta para que investigue al ex alcalde y se deslinden responsabilidades.