Después que la administración municipal envió sus propuestas a la LX Legislatura para dar forma a la creación de la Ley de Participación Ciudadana, entre ellas despunta la del veto ciudadano, la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera, advirtió que así su gestión pretende frenar concesiones que superen los 10 años para no comprometer de más recursos públicos como ocurre con la privatización del agua.

La meta de la instrucción es el veto ciudadano, priorizó es parar que comprometan recursos del erario por más de una década para no asfixiar más el recurso del pueblo con concesiones que asfixien a las finanzas.

“Ahora los ciudadanos podrán revertir contratos leoninos que comprometan recursos públicos por más de 10 años  como es el caso del agua y otros más”.

Precisó que será a través de las jornadas ciudadanas organizadas por el gobierno estatal que surgieron estas iniciativas, mismas que el Ayuntamiento hace suyas, por ese motivo las envían al poder Legislativo con el trabajo realizado por el Instituto Municipal de Planeación (Implan).

Claudia Rivera Vivanco recapituló  que la administración municipal participó en esas jornadas ciudadanas democráticas para conocer las expectativas de los poblanos para dar paso a este innovador ordenamiento jurídico.

Las propuestas

Detalló que los ayuntamientos que implementen el presupuesto participativo en sus municipios con por lo menos el menos un punto porcentual del presupuesto anual.

Además se pide homologar el porcentaje requerido para la presentación de iniciativas ciudadanas, el 0.13 por ciento del requisito de firmas del padrón electoral o menos, incluso, no el 2.5 como lo marca la constitución local.

Reconocer plataformas digitales también para la presentación de iniciativas, emplear las tecnologías para que sean herramientas para la toma de decisiones positivas, “proponemos” que éstas sean un instrumento reconocido y valido.

En esa perspectiva se pide la exige la obligatoriedad de las audiencias públicas para los gobiernos municipales.

Una sesión de Cabildo al año en juntas auxiliares o comunidades, además de instruir el veto ciudadano para concesiones que comprometan recursos público por más de 10 años.